Sábado, 23.03.2019 - 10:39 h
Validaron el modelo de riesgo antes de la ampliación y en 2016

Ron aflora informes de EY y KPMG para avalar la gestión del ladrillo en Popular

Incorpora al proceso judicial estudios donde certifican que el procedimiento para realizar provisiones de crédito e inmuebles seguían la regulación

Banco Popular
El próximo día 7 se cumple el primer ejercicio desde la resolución del Popular. / L. I. 

KPMG y Ernst & Young (E&Y) analizaron la metodología del Popular para identificar, clasificar y provisionar los riesgos antes de la ampliación de capital de 2016 y concluido el ejercicio, con el diagnóstico común de que los procedimientos eran solventes y cumplían con las normas para sanear créditos y el ladrillo del Banco de España. Son dos de los siete documentos aportados por la defensa de Ángel Ron para su incorporación a la prueba pericial encargada por el juez Fernando Andreu a los inspectores del Banco de España Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo a fin de que escruten la situación real de la entidad antes del colapso y desentrañen la razón que lo precipitó.

El trabajo de KPMG evalúa la metodología utilizada para sanear la exposición en crédito e inmuebles adjudicados con los balances cerrados de 2015 y marzo de 2016. El documento, fechado el 9 de septiembre de 2016, se adjuntó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) junto a otros informes elaborados para la ampliación de capital de mayo. El encargo a EY llegó cuando el relevo en la presidencia ya estaba en marcha para que verificara de nuevo dichos procedimientos de gestión de riesgos, junto la recuperabilidad de los activos fiscales diferidos y las coberturas y valoración de la renta fija. Su análisis se efectúa sobre el balance cerrado de 2016 -últimas cuentas de Ron- y se encuentra fechado el 17 de febrero de 2017, tres días antes de que la junta de accionistas nombrase presidente a Emilio Saracho.

Ambos ejercicios ponen foco en la aún hoy gran incertidumbre que rodeó al desplome de la entidad: si el déficit de provisiones era tan inmanejable como para impedirle salir adelante. KPMG y EY no auditan los activos sino que van la manera de gestionarlos: si los modelos para sanearlos son correctos y coinciden en certificar que el procedimiento seguía las reglas del Banco de España (incluído el anejo IX aprobado a finales de 2016 y que endureció de tal forma la tenencia de inmuebles que está incentivando grandes ventas de activos en la banca), aunque aprecian “deficiencias” que califican de “menores” y afloran desvíos en algunas  dotaciones o errores de clasificación en cierta operación.

KPMG detecta un déficit de provisiones del 2,94% en la cartera de crédito existente al cierre de 2015 y que reduce al 1,70% al trimestre siguiente o últimas cuentas antes de la ampliación de capital. Para el ejercicio toma una muestra de 106 acreditados, incluidos todas las financiaciones superiores a los 50 millones de euros (la exposición crediticia rondaba los 87.000 millones de  euros).En la cartera de ladrillo enmienda que 8 inmuebles por 400 millones de valor bruto antes de provisiones cuentan con tasaciones desactualizadas, al superar los tres años exigibles por ley y contemplados en su propia metodología, aunque de media sitúa en 9,67 meses la valoración de la cartera.

Con su estudio revisa provisiones que representan un total del 83% de las dotaciones constituidas por el Popular para la cartera crediticia y la totalidad de las coberturas en inmuebles con foco puesto en verificar si son robustas las bases de datos, la definición de impago, morosidad o fallido se adecua al establecido en la regulación o si el modelo promueve la calificación de refinanciaciones de forma adecuada. Chequea igualmente si los inmuebles se encuentran bien documentados o se acopian las provisiones exigibles en función del estado del riesgo (normal, refinanciado, dudosos...), etc, y la conclusión de la firma es que está alineado con los requerimientos exigibles.

KPMG detecta que a principios de 2016 cae un 38% la exposición en “operaciones con indicios” -a seguir con atención por si dan problemas- porque ha suavizado su criterio y aconseja al banco que lo refuerce aunque admite que los cambios metodológicos introducidos son conformes a las prácticas del sector y al marco de implementación de la nueva circular del organismo supervisor. En su informe sale a la luz además que KPMG descubrió “deficiencias menores” en la base documental durante un estudio similar efectuado meses antes y que el banco asegura haber subsanado para este último ejercicio.

24 créditos de empresas por 600 millones mal clasificados

En una línea muy similar resuelve EY, que igualmente concluye que la metodología para evaluar cada uno de los riesgos de crédito y activos adjudicados es robusta y conforme a norma. En su informe sostiene que los procedimientos “cumplen de manera conceptual los requerimientos del nuevo anejo IX”. Se trata de la circular publicada por el Banco de España a finales de 2016 para preparar al sector al nuevo régimen de provisiones internacional que entraría en vigor en 2017 y que, en la práctica, ha obligado a la industria a reforzar la hucha por los inmuebles atascados en el balance o sacárselos con rapidez de encima con su venta.

En su trabajo los expertos de EY también detectan errores o desviaciones en el procedimiento que ponen en evidencia, si bien paradójicamente en este caso son positivas y negativas. Por ejemplo, la firma subraya que el banco es incluso más prudente que la norma al clasificar operaciones en vigilancia especial porque lo hace desde importes tan pequeños como 100 euros para un particular o 400 en personas jurídicas o fija un filtro más estricto del usual para sacar de dudoso un crédito refinanciado.

Al verificar la clasificación de los créditos encuentra 24 operaciones con empresas por un total de 652 millones mal clasificadas y, por tanto, con provisiones inferiores a las necesarias (246 los mueve a dudosos y 406 millones los coloca bajo ‘vigilancia especial’), y revela inexactitudes en los datos de cinco inmuebles -sobre un inventario de 80.751- por tasaciones desactualizadas o información errónea sobre su ubicación.

Su encargo, ya con el cambio de gestión lanzado, busca poner en valor otros activos con el análisis de su adecuada contabilidad. Por eso EY revisa una cartera de casi 15.000 millones en renta fija clasificada como “disponible para la venta” y constata que el 75% dispone de coberturas. El tercer cometido es poner cifra a los activos fiscales diferidos (DTAs) o el talón desgravable en Hacienda que la entidad esconde en balance, y la consultora certifica que 2.037 millones mínimos de 4.097 millones contabilizados serán recuperables. Si en aquel momento era patrimonio que aportaba valor al Popular... hoy es un activo adicional que hereda con su adjudicación el Santander. ​

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