Banco Santander, la primera entidad financiera de España y una de las más importantes de Europa, acabó ayer con meses de especulaciones en relación al ERE masivo que aplicará por la compra de Banco Popular en junio de 2017. El grupo que preside Ana Botín trasladó ayer a los distintos sindicatos que representan a sus trabajadores que tiene la necesidad de prescindir de un total de 3.713 empleados, equivalentes al 11% de su plantilla nacional, y suprimir 1.150 oficinas, una de cada cuatro de las que tiene en España. El cierre de oficinas se concentrará en Galicia, Madrid y Cataluña, regiones en las que Popular concentraba un mayor número de sucursales.
El nuevo ajuste propuesto por Santander, que ya aplicó un ERE para prescindir de 1.100 personas en sus servicios centrales, supone que el grupo cántabro eliminará casi la mitad (46%) de los puestos de trabajo en España que tenía Banco Popular antes de su caída (10.299), mientras que, en lo relativo a su red, implica clausurar el 70% de las oficinas con las que contaba esta entidad antes de ser adquirida por el grupo cántabro.
A falta de que el banco comunique a los sindicatos el jueves el detalles por provincias y comunidades autónomas del ERE, es previsible que el cierre de oficinas sea más intenso en aquellas regiones donde existía un mayor número de oficinas de Popular. Así, los representantes de los trabajadores esperan que los cierres se concentren en Galicia, Madrid y Cataluña.
Y es que, de acuerdo a documentación interna del banco, estas son las CCAA donde Popular tenía una mayor presencia física. En Galicia y Cataluña, la entidad, ya extinta jurídicamente, contaba con unas 230 oficinas en cada una de ellas, por delante de Madrid (200). También es significativo el volumen de la red en Andalucía (270) y Castilla y León (140) aunque estas comunidades cuentan con una mayor superficie.
Banco Santander también se reserva para las próximas reuniones con los sindicatos el detalle sobre las condiciones que tendrá en nuevo ERE, pero tanto los sindicatos como fuentes cercanas al banco esperan que estas sean similares a las del acordado a comienzos de 2018 para los servicios centrales, cuando las prejubilaciones para los mayores de 55 años alcanzaron el 80% del salario bruto.
Y es que, según fuentes financieras, Ana Botín es partidaria de resolver la negociación por la vía rápida y que las conversaciones con los sindicatos y el ruido mediático no se extienda durante meses, como ha ocurrido con otras entidades financieras, que en casos similares han tardado meses en alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores.
Parece seguro que el ERE se ejecutará mediante prejubilaciones y bajas incentivadas y todo apunta a que, a pesar de lo abultado de la cifra total de despidos primará la voluntariedad, ya que hasta 3.000 trabajadores de la plantilla del banco en España superan los 56 años de edad, mientras que la cifra se amplía a 4.000 si se fija el umbral en los 55 años, según los cálculos que manejan los sindicatos.
Ajuste un 25% más duro de lo previsto
Tal y como explicó el banco durante la presentación de su hoja de ruta a medio plazo, lo que sí está claro es que el ERE se ha endurecido por la desaceleración de la economía, tanto en España como a nivel global, y por unos tipos de interés que siguen en mínimos históricos. De hecho, los 4.800 puestos de trabajo que pretende eliminar Santander -los 1.100 del primer ERE y los 3.700 de este- suponen un incremento del 25% sobre la proyección que había realizado el banco en el momento en el que su consejo dio luz verde a la compra del Popular, según documentación a la que ha tenido acceso este medio.
Este alza responde a la necesidad de Ana Botín de cumplimentar con los compromisos adquiridos con sus inversores cuando les pidió hasta 7.000 millones de euros para poder ejecutar la operación. En aquel entonces les dijo que la compra del Popular iba a suponer un retorno sobre la inversión en el entorno del 13-14%. Para poder alcanzar esta cifra, Santander se ha visto obligado a elevar las sinergias por Popular hasta 750 millones de euros anuales, desde los 500 millones que se anunciaron en un primer momento.
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