Jueves, 19.07.2018 - 02:26 h
Caso ICBC por blanqueo de capitales

Gortázar no paró los envíos a China pese al aviso del Sepblac y la auditoría de Caixa

El auto del juez dice que la desatención de los requerimientos judiciales recibidos fue uno de los fallos más graves del sistema de control

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. (EFE)
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, y toda la cúpula directiva de la entidad conocieron de primera mano las transferencias -que presuntamente se realizaron para blanquear dinero- que se estaban produciendo en algunas de las sucursales de la entidad y no pusieron las medidas preceptivas y necesarias para evitarlo, pese a los requerimientos judiciales que recibieron para ello y las advertencias de su propia auditoría y del Banco de España. Así se desprende al menos del auto del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional en el que imputa a la entidad en el caso del ICBC y el dinero ‘negro’ de las mafias chinas transferido al exterior.

En las dos operaciones que centran la instrucción, denominadas Snake y Chequia, se blanquearon casi 39 millones de euros. El auto considera que la entidad financiera no aplicó las medidas de control necesarias para frenar las transferencias en las cuentas corresponsales que tenía de ICBC, pese a conocer los riesgos que existían y tener las herramientas adecuadas para evitarlo. Es más, el juez advierte que “la desatención de los requerimientos judiciales fue uno de los fallos más graves del sistema de control”.

La primera alarma se lanzó en el año 2013 por parte de la Inspección del Banco de España, pero dos años después y con Gortázar ya al frente de la entidad -accedió al cargo de consejero delegado en junio de 2014-, la propia auditoría interna del banco repartió un informe entre la alta dirección sobre la operativa con indicios de blanqueo de capitales por clientes de (al menos) tres oficinas, en el área de Cobo Calleja y el Rastro de Madrid, que implicaba a 82 sociedades y 8 personas físicas. Por si estas advertencias no fueron suficientes, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Banco de España, advirtió a Caixabank en julio de 2016 que sus herramientas de prevención no eran las correctas.

Tras analizar todos los datos, el juez considera en el auto de imputación que el incumplimiento de las obligaciones de la entidad en materia de prevención del blanqueo “fue contumaz y no episódico”. El Sepblac denuncia incluso que la entidad ha vulnerado su propia normativa interna y las advertencias de su auditoría, que reportó las irregularidades a los más altos responsables del banco a mediados del 2015. “Pese a ello los órganos de cumplimiento normativo de la Dirección General no dieron órdenes definitivas para que cesaran esas prácticas, salvo recomendar el bloqueo temporal de operaciones, pedir nuevas justificaciones documentales a los clientes sospechosos de blanqueo, a los que en algunos casos les permitieron seguir ingresando y transfiriendo fondos, desde otras cuentas abiertas a nombre de otras sociedades, en la misma sucursal”.

El informe del órgano supervisor advierte que tanto los clientes sobre los que se impusieron restricciones antes del 1 de enero de 2016 (personas físicas o jurídicas) todavía realizaron transferencias con posterioridad a esa fecha por valor de casi 9 millones de euros.

Sólo dos denuncias de 193 casos

La imputación de Caixabank como persona jurídica en este caso se fundamenta tanto en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), aportado por la Fiscalía Anticorrupción y adelantado por La Información, como por otro informe al que alude el juez en su auto realizado por el Sepblac. Según los datos recogidos por el juez del organismo de control del Banco de España, entre los años 2013 y 2015, hasta 193 clientes de Caixabank fueron objeto de un requerimiento judicial por blanqueo, tras ingresar dinero en efectivo en las citadas cuentas y transferirlo a China y Hong Kong, por un importe total de 99,1 millones de euros. De ese total, la entidad solo notificó por indicios de blanqueo (como es preceptivo) en dos casos, y no realizó exámenes especiales en otros 165, de forma que pudieron enviar fuera de España 31,7 millones de euros.

Previamente a la imputación y ante la UCO, el consejero delegado del banco admitió que en su interrogatorio que fue en 2015 cuando la entidad catalana ordenó solventar todas esas irregularidades y mejorar decididamente los procesos. Por otro lado, Carlos López Agudo, actual director de Cumplimiento Normativo, también admitió en su interrogatorio la "ausencia y debilidades en los procedimientos de control establecidos por la entidad" y puso como ejemplo"la falta de umbral para justificar el origen de los fondos"(actualmente situado en 30.000 euros) e "irregularidades en la identificación de los titulares y clientes de la entidad", entre otras cuestiones fundamentales para realizar una buena labor de prevención.

La investigación realizada se ha centrado en nueve sucursales bancarias del grupo en Madrid, que según consta en el auto, hicieron caso omiso a los requerimientos judiciales recibidos, “al contrario, auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar sobre su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España”.

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