Los cuatro gráficos que meten la hipoteca de Iglesias entre los megavips de la banca

La máxima de austeridad utilizada por Podemos con el discurso de “vivir como la gente corriente” a fin de entender y legislar acorde a sus necesidades se ha tornado en contra, en una suerte de búmeran, a raíz del privilegiado chalé en el residirán Pablo Iglesias e Irene Montero. Su aspiración, como en cualquier familia, a disfrutar de la mejor vivienda disponible para su presupuesto se traduce en una hipoteca de 540.000 euros, al alcance de poquísimos españoles y resquebraja su discurso, sobre todo después de haber hecho oposición arremetiendo contra políticos que compraban lujosas posesiones.

“Las condiciones son, más o menos, razonables para personas con sus posibilidades. Los datos divulgados sugieren una hipoteca al euríbor con un punto de diferencial añadido. Son criterios de mercado. Las cuantías obviamente no son accesibles a todo el mundo porque tampoco lo es su economía, aunque sí para aquellas personas en situaciones semejantes”, explican fuentes financieras. De hecho, el cuantioso préstamo les cuela en un club selecto de clientes del que dan cuenta distintos análisis y cifras de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el ministerio de Fomento o el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inmensa mayoría de las familias, los hogares que están detrás del 80,2% de las concesiones, ni siquiera recibieron la mitad de dinero prestado a los dirigentes de Podemos el pasado año, conforme al último balance de la patronal hipotecaria. El segmento de beneficiarios de préstamos para adquisición de vivienda desde 500.000 euros al que pertenecen firmó apenas el 3,7% de las operaciones -un 1,9% en contratos con disposiciones hasta el millón de euros y el 1,8% restante corresponde al segmento residencial de ‘los créditos millonarios’-.

La polémica eclosiona, con epicentro de la tormenta en el seno mismo de Podemos, por contradicción con su discurso troncal estratégico y el reproche que el propio Iglesias formuló al entonces ministro de Economía Luis de Guindos por gastar una cuantía similar “en un ático de lujo”. A pesar de que han tratado de reconducir las críticas dando transparencia a la transacción antes de que lo haga el reporte parlamentario de posiciones financieras de los diputados, la letra pequeña aleja su situación del préstamo medio en España.

Los políticos han explicado que pagarán “algo más de 1.600 euros” al mes para amortizar la deuda contraída por un plazo máximo de 30 años con Caja de Ingenieros, una de las escasas entidades financieras que no movió sede fuera de Cataluña. El medio millón dispuesto multiplica, de entrada, por casi cinco los 116.721 euros de importe medio concedido en hipotecas nuevas el pasado año; su cuota mensual casi triplica los 507,6 euros que devenga dicha concesión ‘tipo’ y desborda incluso la factura de 952 millones que atendían las familias en plena fiesta inmobiliaria cuando la financiación se daba a raudales hace ahora diez años.

Los excesos cometidos por la banca a lomos del 'boom' inmobiliarios son responsables precisamente de la dramática reconversión sufrida después por la industria con desaparición de muchas entidades y un coste de cientos de miles de euros para reparar los boquetes causados por el ladrillo. Las lecciones extraídas a sangre de esa purga dejan una concesión más cauta, con exigencias superiores de garantías y ‘líneas rojas’ difícilmente franqueables a fecha actual.

Una de ellas es seguir la recomendación del Banco de España de no financiar más del 80% del valor de tasación, salvo en circunstancias donde operación y solicitante ofrezcan solvencia máxima. El precio del chalet donde residirán en la lujosa urbanización madrileña de Galapagar ronda los 610.000-660.000 euros conforme a las estimaciones que han trascendido. No cabe extrapolar este dato para verificar si se cumple o no la regla del 80% ya que se estima sobre el valor otorgado por la tasadora, hoy desconocido. Un cálculo sobre el precio de compra extralimitaría el umbral, aunque el catálogo de hipotecas de Caja de Ingenieros divulgado en internet topa cualquier concesión al 80%. 

Cuanto más dinero utiliza un ciudadano para la casa de sus ahorros menos tentaciones encara de dejar sin pagar el crédito si su situación financiera se complica. La segunda razón es evitar un endeudamiento que ahogue su presupuesto. La ortodoxia bancaria dicta, precisamente por precaución, otra máxima: que la cuota devore un tercio de los ingresos como máximo. El código ético de Podemos establece que sus cargos públicos cobrarían un tope equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales (SMI) y el resto revertiría en la formación, limitando la percepción de Iglesias y Montero a 2.207,7 euros (el SMI se fijó en 735,9 euros para 2018). Se acomodaría a la guía dado que los 1.600 de cuota absorberá un 36% de las nóminas.

Otra condición, esta vez más ajustada de lo poco trascendido del contrato, es la posibilidad de devolver la deuda en 30 años. La duración del préstamo está condicionada por la edad de los solicitantes para impedir, como norma, que un ciudadano se jubile con deuda pendiente porque los ingresos suelen caer en ese momento. El secretario general de la formación naranja alcanzará para entonces los 70 años y Montero contaría con 60. Normalmente, la inmensa mayoría de hipotecados acelera el repago y recorta varios años a la vida de su deuda para ahorrarse intereses. Otra cosa es que esos 30 años, aún siendo una oferta habitual de catalogo, se contratan menos. La media actual ronda los 23,4 euros e, incluso, en pleno boom inmobiliario fue inferior, de 28 años.