Europa quiere derribar el obstáculo para la movilidad de los empleados que supone no poder llevarse su hucha privada de pensiones cuando encuentran trabajo en otro país. Con esta intención promulgó una Directiva que obliga a las empresas a dar el poder al trabajador sobre el seguro contratado para su jubilación. En la transposición a España, el Gobierno está trabajando una norma que ya ha sublevado a las empresas porque entra de lleno en los incentivos retributivos construidos para retener talento o fichar a ejecutivos.
La polémica surge porque el anteproyecto de ley con el que se trabaja quiere ir mucho más allá del planteamiento europeo y permitir que el trabajador pueda movilizar su hucha no sólo si viaja a otro país, sino también dentro de España. “Aunque cambie 100 metros, a la empresa vecina”, refieren fuentes al corriente de la propuesta, vaciando de fuerza la capacidad de retención que la póliza otorga como incentivo retributivo.
Y es que la directiva fija umbrales de acceso a este derecho relativamente bajos: para poder movilizar o recuperar los derechos de pensiones acumulados en la empresa, el empleado solo deberá contar con 21 años cumplidos y tres de antigüedad en la compañía. La norma aplica exclusivamente a los denominados seguros de jubilación, ya que en los planes de pensiones y planes de previsión social empresarial en la práctica ya se pueden movilizar con simples traspasos a otros vehículos.
La controversia viene de que esos seguros constituyen un tipo de producto ‘gancho’ habitual para fichar o retener personal, además de constituir la figura que algunas empresas utilizan para ofrecer a la integridad de sus plantillas un complemento privado a las pensiones públicas el día de su retiro.
Propuestas alternativas
El texto lo puso la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones a consulta del sector, con una recepción dispar. La patronal de las aseguradoras Unespa es partidaria de preservar el redactado europeo sin ampliar su aplicación a quienes se desplacen dentro del país, esgrimiendo que favorecer los rescates de estos productos va en detrimento de su razón de ser como fondo de reserva privado para completar las pensiones públicas en la jubilación.
Los sindicatos, en cambio, son partidarios de abrir aún más el derecho y rebajar de tres a dos años el tiempo estipulado para poder movilizar las aportaciones a semejanza del periodo de carencia fijado para los planes de pensiones. También remover la condición de contar con 21 años, al no existir este requisito en la ley de planes.
A pesar de que solo afecta a los seguros y no al resto de vehículos privados para la jubilación, la propuesta ha caído como un jarro de agua fría entre compañías afectadas que han expresado su malestar directamente al regulador, según las fuentes consultadas. Además de alterar el uso de las pólizas como incentivo, algunas empresas tienen establecido en sus contratos plazos largos para consolidar el derecho en favor del trabajador, de forma que facilitar el rescate obligaría a efectuar mayores esfuerzos financieros y en poco tiempo.
La tramitación normativa se encuentra, no obstante, aún muy abierta y no es una de las prioridades legislativas en estos momentos, refieren fuentes consultadas. La autoridad de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, ha elaborado en paralelo un proyecto de real decreto para transponer la directiva y cumplir, al menos, con la normativa europea. Prospere o no su extensión nacional, a partir del 21 de mayo de 2018 entrarán en vigor las reglas comunitarias y, al menos, los empleados podrán llevarse sus seguros de pensiones si reclutan por empresas en otro país y reúnen las condiciones de antigüedad y edad fijadas por la Unión Europea.
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