La nueva Ley Hipotecaria que está ultimando el Ministerio de Economía en intensas negociaciones con todos los grupos parlamentarios incluirá importantes novedades. Además del reparto de los costes del crédito en cuestión, en la normativa habrá una referencia expresa a la "política de remuneración" que deben adoptar los bancos a la hora de pagar extras o pluses a los empleados que se dediquen a vender hipotecas. Se aprobará un control efectivo sobre la cantidad, después de los excesos del pasado, y se premiará esencialmente la calidad.
Tanto el Gobierno como los partidos políticos han querido incluir un artículo concreto en esta nueva Ley Hipotecaria que verá la luz en el Congreso en cuestión de semanas (si se retrasa Bruselas amenaza con una multa de 105.000 euros diarios) un compromiso para acabar con esas polémicas prácticas que años atrás eran una tónica habitual. Los empleados de las entidades financieras se afanaban por vender hipotecas y, a cambio, recibían pluses y gratificaciones por comercializar estos préstamos por doquier.
El artículo 16 de la nueva Ley Hipotecaria -un texto al que ha tenido acceso La Información y que ya se encuentra en su fase definitiva de tramitación parlamentaria- regulará, en efecto, la política de remuneración de bancos y prestamistas a la hora de conceder hipotecas. La legislación, por tanto, indicará a los operadores financieros cómo tienen que pagar a sus empleados y, sobre todo, les prohibirá premiar determinadas prácticas.
"La política remunerativa, responsabilidad última del órgano de administración [del banco], será compatible con una gestión sana y eficaz del riesgo, promoverá este tipo de gestión y no ofrecerá incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel de riesgo tolerado por el prestamista", se puede leer en la futura normativa. Llama la atención que el legislador descargue en el consejo de administración la política de remuneración de sus empleados.
Asimismo la Ley Hipotecaria contempla que esta "política remunerativa estará en consonancia con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo del prestamista e incorporará medidas para evitar los conflictos de interés, en particular estableciendo que la remuneración no dependa de la cantidad o de la proporción de solicitudes aceptadas". Esta última circunstancia es la clave de la reforma para acabar con los pluses por vender 'a destajo' hipotecas.
Los legisladores también han incluido en el artículo 4.1 de la ley la obligatoriedad de que "los prestamistas, los intermediarios de crédito inmobiliario y los representantes designados" actúen "de manera honesta, imparcial, transparente y profesional, respetando los derechos y los intereses de los prestatarios, tanto en la elaboración de productos crediticios, la concesión de préstamos, prestación de servicios de intermediación o de asesoramiento sobre el préstamo o, en su caso, de servicios accesorios, como en la ejecución de los contratos de préstamo".
El objetivo de los partidos políticos, que se han unido para intentar atajar nuevos problemas hipotecarios, también pasa por exigir a los bancos que establezcan controles internos para no comercializar préstamos de manera precipitada y sin toda la información necesaria en manos del cliente. Así, el artículo 16.3 de la ley establecerá que dichos mecanismos internos de remuneración de los empleados deben ser "compatibles con el tiempo necesario para realizar una evaluación adecuada de la solvencia y para informar debidamente al prestatario (...) Las políticas y los procedimientos internos deberán recogerse por escrito y ponerse a disposición de la autoridad competente cuando ésta los solicite".
La nueva Ley Hipotecaria también obligará a los bancos a establecer "medidas detalladas" para evitar que la remuneración de los empleados que comercialicen estos productos esté ponderada por un "determinado tipo de contrato, de tipos de interés o de servicios accesorios". Las entidades, por tanto, no podrán premiar económicamente a sus trabajadores sin ningún tipo de control.
Por último, la normativa legal que está a punto de aprobarse exigirá a los bancos que establezcan y apliquen "políticas y procedimientos internos dirigidos a lograr que la estructura de las remuneraciones del personal involucrado no afecte a su capacidad de actuar en interés del prestatario y, en particular, no dependa de los objetivos de venta".
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