El Instituto de Crédito Oficial (ICO) se sube a la apuesta por la vivienda social. La entidad financiera pública ultima el diseño de una plataforma para promover dicho tipo de residencias de la mano del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que aportará la mitad de los 600 millones de euros con que ha previsto dotar la línea para financiar proyectos y donde espera la participación de bancos privados.
La ‘plataforma’ ofrecerá financiación a promotores para construcción de viviendas sociales y asequibles, acometer obras de rehabilitación, de accesibilidad o mejoras de eficiencia energética en el mismo tipo de inmuebles. El ICO, como la banca, ha cedido inmuebles para acoger a familias en situación de vulnerabilidad aunque carecía de una línea de financiación tan específica y abultada. La contribución de la banca para paliar el daño de los desahucios se articuló con la entrega de casi 10.000 pisos y casas al Fondo Social de la Vivienda, mientras que los edificios del ICO los ha entregado a algunos Ayuntamientos interesados en convertirlos en viviendas sociales.
El organismo trae a España, en la práctica, un proyecto que el BEI lanzó hace un año en Polonia con un presupuesto cercano a los 500 millones para proyectos durante cuatro años. La plataforma pilotada allí por el banco de desarrollo gemelo al ICO -el Banco Gospodarstwa Krajowego (BGK)- busca contribuir a la inclusión social financiando la construcción y modernización de inmuebles sociales, con alquileres económicos o con opción a compra.
El programa polaco, que podría servir de espejo, financia también cualquier infraestructura que beneficie a las residencias sociales como la construcción de servicios públicos e incluye entre sus beneficiarios a promotores municipales, junto a empresas privadas volcadas en la promoción social. En Polonia se articuló para dotarlo de un parque social del que carece pese a la necesidad de ciertas capas de población y ayudar a los municipios con la revitalización de las áreas urbanas.
En España también hay una demanda latente que difícilmente encuentra residencias a coste económico, cuya construcción va además en descenso. La calificación de vivienda de protección oficial (VPO) se limitó el pasado año a 5.375 residencias, menos de la décima parte de los alrededor de 68.000 registrados en 2008, en los albores del estallido de la crisis y con la construcción en pleno apogeo. Se ha perdido interés por sus procelosos trámites y por la desaparición de las ventajas fiscales, con los ajustes presupuestarios de las administraciones públicas, concentrándolos en el alquiler y la rehabilitación.
Una situación que ha colocado a España entre los peores marcadores de Europa y ha convertido el problema en tema de debate político y electoral. El Gobierno encara la situación en el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021, con un enfoque defendido como social por el Ejecutivo aunque también ha lanzado la pelota sobre el tejado de las comunidades autónomas y ayuntamientos reclamándoles su promoción.
¿Hay demanda y necesidad? Según la Fundación Alternativas, el ‘think tank’ más progresista del PSOE, en el país se precisarán 1,5 millones de viviendas sociales de alquiler para dar respuesta a la “creciente” falta de solvencia de los hogares. En un informe reciente sobre el parque público y protegido de viviendas concluye que hacia el ejercicio 2030 se habrán constituido hasta 6 millones de hogares nuevos y, al menos, el 40% precisará algún tipo de ayuda para acceder a una residencia. También según sus cálculos hoy apenas censa 276.000.
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