Inspectores del Banco de España dicen que fusionar cajas débiles fue un error

“No es cierto que no podía haberse hecho más. Pudo hacerse mucho más. No más cosas, pero sí más importantes y eficaces”. Es el diagnóstico que hoy han llevado los inspectores del Banco de España a la Comisión parlamentaria que investiga la crisis de las cajas de ahorros en relación a la actuación del organismo supervisor y en contra de la tesis defendida previamente por el exgobernador, Jaime Caruana, que culpó al corsé normativo de la dificultad para actuar y pinchar la burbuja inmobiliaria, cuya explosión llevó al abismo a numerosas entidades.

Junto a esta enmienda a la mayor, los inspectores denunciaron que se cometió errores agravando el problema con la fusión de cajas en dificultades y dejaron bajo sospecha la fiabilidad contable de algunos estados en la integración después de que el Tribunal Supremo cuestionase las iniciales de BFA-Bankia.  

“Existían los medios humanos, técnicos y jurídicos. Lo que ocurrió no tendría que haber ocurrido, al menos no con tal virulencia. La institución más capacitada con recursos y medios era el Banco de España”, refirió el presidente de la Asociación de Inspectores, Pedro Luis Sánchez Ruiz, denunciando como error la “desaparición” en 2004 de un tipo de provisión que obligaba a las entidades acopiar saneamientos solo por conceder crédito, aún sin sufrir impagos, para disponer de hucha cuando la situación pudiese venir mal dada.

Carta de denuncia a Solbes en 2006

Los inspectores habían ya cargado, en una insólita carta enviada en 2006 al entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, contra la gestión de Caruana, acusándole de “pasividad” y falta de exigencia a bancos y cajas. El hoy director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) justificó la suavización de la citada hucha para alinearla con una regulación internacional que carecía de una exigencia asimilable.

Su sola existencia habría contribuido, defendió Sánchez-Ruiz, a “frenar” el crecimiento “desaforado” del crédito que, cuando estalló la crisis, puso en aprietos a las entidades con riesgos excesivos. Su crítica, inusual en un colectivo normalmente alejado de los focos, se extendió desde la escasa actuación para atajar la burbuja, al reconocimiento del problema y a cómo se gestionó.

Los inspectores, en el texto consensuado en la Asociación leído por su presidente, cuestionaron los dos decretos Guindos aprobados en 2012 para sanear los balances de la banca, con ingentes provisiones, por el momento de su aprobación. “Se adoptaron en el peor momento posible, en el momento álgido de la crisis”, refirió Sánchez-Ruiz, aunque reconoció que “es mejor actuar que no actuar”. “En ocasiones los beneficios ocasionan también perjuicios”, reflexión sobre la realidad de que introdujeron más tensión a entidades con grandes dificultades.

Uno de los grandes equívocos en la gestión de la crisis a su juicio fue unir cajas débiles bajo el esquema los Sistemas Institucionales de Protección (Sip), un esquema que permitió unir cajas de distintas autonomías sorteando los vetos o resistencias de sus gobiernos regionales. “Fue muy desafortunado, viendo los desastrosos resultados. En la misma concepción de los Sip había errores de bulto”, refirió, con el argumento de que “fusionar o casi fusionar entidades con problemas no da un problema menor, sino que con la concentración de problemas, se crean uno mayor”.

Cuentas falseadas en BFA-Bankia

A título de ejemplo, y según dijo reeditando palabras de otros inspector, apuntó directamente al grupo BFA-Bankia: “Si se encuentra una entidad en quiebra patrimonial y se decide fusionar con otra que está 17 veces quebrada da igual, el resultado es previsible sin análisis económico: un auténtico desastre”. El presidente de los Inspectores descartó que el quebranto aflorado en su día en este grupo de siete cajas fuese sobrevenido y producto de la doble recesión: ”Un defase patrimonial de 22.000 millones no se genera por la doble recesión o habría provocado un porcentaje equivalente en otras entidades, algo que no ocurrió”.

Durante su intervención sembró serias dudas sobre la gestación del grupo financiero y la fiabilidad de su contabilidad, con la que se presentaría como grupo consolidado a la salida a bolsa. Por un lado dejó caer que se reconocieron determinados saneamientos en su fundación o fusión que permitieron faciliarse una financiación privilegiada, sin castigar las cuentas para soslayar una recapitalización que hubiese obligado a buscar el permiso de Europa por ayudas públicas -los primeros CoCo’s-. Y los ajustes se efectuaron contra patrimonio y no contra la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que evitó que entrasen en ‘números rojos’, permitiéndose a sus gestores repartirse más de 100 millones de euros y bonus.

Más de 100 millones en bonus

Según desveló la fusión de BFA-Bankia se ejecutó aún contando con una opinión desfavorable de la dirección general de supervisión, mientra que el equipo de inspección “desaconsejó encarecidamente” que se llevase a cabo “porque no había garantías de que tal y como estaba diseñado no llevase a la quiebra del grupo”. En su diseño subrayó cierta ingeniería, con el uso de la ficha de Altae, el banco privado de Caja Madrid, en lugar de hacerlo por una absorción de las seis cajas por parte de la entidad madrileña lo que permitió aflorar también plusvalías por parte de Caja Madrid.

Durante su intervención puso de relieve la importancia de analizar los riesgos en las fusiones que se proyecten, al margen de que su decisión sea una decisión corporativa privada, y el desconocimiento desde la inspección de que tales estudios se hubiesen efectuado. “No tenemos constancia de que se llevaran a cabo los conocidos como informes de fusión”, indicó.