Casi en coincidencia con el primer aniversario de la resolución del Banco Popular comenzarán a ordenarse los distintos nudos judiciales que desencadenó. Uno de ellos es que a partir del día 22 de julio los inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle llevarán a España a arbitraje para que les restituya su inversión. Será entonces cuando expiran los seis meses de ‘cooling off’ o ventana para negociar de buena fe con el Gobierno, y el árbitro con mayores opciones para recibir la denunciar es el organismo preferido por los fondos internacionales para denunciar a España por el recorte de las renovables.
En el Ciadi del Banco Mundial, España perdió hace quince días un laudo de 64,5 millones de euros frente al fondo del Estado de Abu Dabi por el ajuste a las primas decretado con los cambios regulatorios del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Se trata del tercer revés del mismo organismo de los cinco laudos ya resueltos sobre este conflicto y los dos favorables llegaron del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Ante el Ciadi se agolpan una treintena de fondos por idéntico litigio, lo que convierte a España en el país con el censo más abultado de casos abiertos en la institución después de Venezuela.
Los inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle, que vieron desaparecer 470 millones de euros con el ‘rescate’ del banco, explorarán con interés dicha vía porque sus laudos son de ejecución inmediata y no cabe recurso en su contra, indican fuentes solventes. Sin menoscabo de que observan alternativas como el mediador equivalente de Nacionales Unidas (Uncitral) donde sí cabe una revisión -aunque muy excepcional- en tribunales.
Hace menos de un mes, el Senado azteca aprobó la norma que permitirá a México acceder al convenio del Ciadi y solo queda que el presidente traslade al organismo el instrumento para su adhesión. A partir de ahí la vía estará abierta a los inversores en el transcurso de 30 días, casi al tiempo que concluyen los seis meses para una eventual negociación de buena fe con España. Una situación que, sin embargo, no es obstáculo ya que nada obliga a presentar la denuncia al instante y podrían acomodar la iniciativa a la situación si desechan otras instancias arbitrales.
Los inversores cursaron su solicitud en carta dirigida a Mariano Rajoy el 22 de enero, en la que apelaban al tratado de protección de inversiones firmado entre México y España para recuperar el patrimonio evaporado con el colapso del banco, sin recibir respuesta -algo, en cualquier caso, usual en estas demandas-. Sus tesis en arbitraje es que el Ejecutivo contribuyó a la resolución por no actuar -el Banco de España negó mayor liquidez y el Tesoro no expidió avales para proporcionarla- ni defender su viabilidad, en contraste por ejemplo con la crisis que atenazó a las entidades en Cataluña con la hemorragia de depósitos.
Por una suerte de coincidencias la iniciativa se perfilará en un periodo ‘caliente’ en todos los focos de litigios originados por una resolución que el día 7 cumplirá el primer año. Aunque en tribunales no hay plazos inamovibles y los tiempos se ajustan al procedimiento y su complejidad, se espera que el Tribunal de Luxemburgo decida en junio si mantiene su decisión de solo tramitar seis demandas y extender la resolución a las 91 restantes o abre el proceso como exigen distintos demandantes.
La Corte de Apelación de la Junta Europea de Resolución (JUR) emitirá su último dictamen para obligar o no al organismo a entregar nuevos informes. Y todavía antes del verano, cabe conocer la estrategia arbitral de los mexicanos y si el Tribunal de Estados Unidos acepta el caso y fuerza un destape de datos al Santander. A fecha actual, siguen sin contestación los principales interrogantes de la intervención: ¿por qué y cómo cayó? ¿se pudo o no hacer más? ¿qué falló?
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