La macrodemanda por las cláusulas suelo contra todos los bancos y cajas iniciada por Adicae en 2010 entra en recta final. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de echar por tierra el gran abanico de pruebas y testificales que solicitaban las entidades, cuya admisión amenazaba con eternizar una causa que lleva ocho años dirimiéndose. Superado el penúltimo trámite, ahora toca su votación y la esperada resolución a la vuelta del verano, confían fuentes jurídicas. Un fallo favorable abriría la puerta a reclamar el dinero pagado de más a todas las familias con el euríbor topado en las hipotecas si las entidades renuncian al Supremo en favor de cerrar un frente tremendamente polémico y con desgaste directo en su imagen a golpe de sentencias desfavorables.
Hasta 26 de las 101 entidades demandadas en el macrolitigio habían solicitado que fueran a declarar sus trabajadores -Caja de Arquitectos propone, incluso, que lo hagan todos los directivos-, los clientes querellados, empresas constructoras cuyos compradores de pisos de subrogaron en los préstamos o departamentos públicos de viviendas. Muchas deseaban aportar una testifical del Departamento de Conducta de Mercado del Banco de España para “ilustrar” cuál era el desempeño del euríbor desde 2000 y su evolución esperada hasta 2008, cuando cae de manera abrupta por la crisis y el consumidor comienza a ser consciente de la existencia de las cláusulas que le impiden beneficiarse de la caída del indicador en sus préstamos.
Algunas entidades como Credifimo buscaban incorporar pruebas periciales propias sobre sus contratos -su encargo lo ejecuta BDO-, y otras muchas como CaixaBank, BMN, Unicaja, la antigua Caja España Duero o las cajas rurales de Arquitectos, la Central, la rural de Granada, de Zamora y de Asturias solicitan oir al perito de KPMG para que rinda cuentas “de la función económica” y razonabilidad de las cláusulas suelo en los préstamos para adquisición de viviendas.
Su demanda ha caído en saco roto. A juicio del Tribunal, el derecho a la tutela judicial efectiva no implica “una ilimitada facultad para aportar al proceso cualquier tipo de prueba de forma irrestrictiva” y las solicitadas carecen de las condiciones exigibles de “pertinencia” para su correcta defensa y utilidad. “Interrogar a todos los directores o a todos los contratantes consumidores es inadmisible como prueba, de la misma manera que, por ejemplo, no resultaría útil interrogar a un altísimo número de padres o madres de familia para que el tribunal, a través de tal medio probatorio, fijase el caso de comportamiento del buen 'pater familiae”, argumenta el auto.
Lo que está en juego es verificar si la comercialización de las hipotecas se efectuó de forma transparente o resultó abusiva, y la Audiencia Provincial considera que tomar declaraciones a empleados ofrecería una visión “fragmentada”, imposible de extrapolar con garantías a todos los clientes, al igual que ocurría de aceptar como prueba estudios de mercado propuestos “sobre una realidad social”.
“El auto ya no es recurrible y pone fin a todos los trámites de la banca que en este proceso ha intentado poner todos los palos sobre las ruedas posibles para entorpecerlo”, refieren fuentes de la asociación de usuarios Adicae que subrayan, más allá de superar este escollo, la importancia de fondo de la resolución: “La Audiencia Provincial clarifica de una forma muy fundamentada cómo se ha de enfocar la defensa de los consumidores frente a las condiciones abusivas: no va a ver si la contratación con cada usuario fue o no la correcta, sino que se tiene que evaluar si esas cláusulas eran una práctica sistematizada" como queda establecido en los preceptos de la Ley del Consumidor.
La mayor demanda colectiva interpuesta en España arrancó en 2010 en representación de 15.000 personas -9.000 hipotecas-. Tras un fallo favorable en el juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, el recurso de la banca lo deriva a la Audiencia Nacional. Su votación se espera tras el paréntesis vacacional y, dada la envergadura de la causa, la redacción del fallo es susceptible de comprometer varios meses hasta finales de año. Se espera que anule los contratos, en línea con la primera resolución condenatoria del Supremo en 2013 y posteriores, así como del Tribunal Europeo y de casi el resto de juzgados nacionales.
El Supremo las anuló en 2013
Su principal valor es que podría poner fin al proceloso conflicto si las entidades renuncian a recurrir al Supremo. “Es más que improbable que el Supremo pudiera cambiar el sentido del fallo porque la Audiencia Provincial ha aplicado su doctrina”, infieren las fuentes consultadas en Adicae. Al resto de familias con topes que les impidieron ahorrarse dinero en la hipoteca cuando el euríbor se desplomó se les abriría la opción de solicitar la devolución del dinero cobrado de más con solo aportar sus escrituras para verificar que los contratos coinciden con los ya condenados por abusivos por la Audiencia Provincial.
Las cláusulas suelo en sí son condiciones contractuales legales si su comercialización fue transparente y el cliente conocía los riesgos que asumía. Algunos bancos se aferran a su correcta prescripción para batallar en los tribunales, aunque la mayoría ha buscado soluciones bilaterales con el cliente tras encajar varios reveses judiciales y para evitar el daño reputacional. Y es que el alud de resoluciones en contra después de las condenas del Supremo y del Tribunal Europeo alentó la búsqueda de opciones para remediar el problema y pasar página.
El Gobierno creó por ley en 2017 un mecanismo extrajudicial 'ad hoc' y seleccionó tribunales para resolver con celeridad conflictos hipotecarios y no lo están consiguiendo. El proceso extrajudicial ha permitido un acuerdo en el 40% de las más de 1,13 millones de reclamaciones presentadas, pero el 60% restante acaba anegando de nuevo los juzgados o sin compensar al hipotecado. Los tribunales apenas han resuelto 9.000 de las 240.000 demandas interpuestas. Se ha avanzado mucho… queda mucho más. ¿Pondría fin al capítulo una solución colectiva?
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