Martes, 18.06.2019 - 07:53 h
Obligada a entregar nuevos documentos

La JUR detallará la fuga de depósitos del Popular y más datos del informe Deloitte

Su Panel de Apelaciones pide retirar algunos tachones al informe de valoración, desvelar sus ofertas de compra y el resultado en caso de liquidación

Fotografía La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König. Kiko Huesca
La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, junto al presidente del Frob, Jaime Ponce, tras su intervención en el Congreso. / EFE

Se avecina otro destape de datos sobre la resolución del Popular. El Panel de Apelaciones de la Junta Europea de Resolución (JUR) ha obligado al organismo a arrojar luz sobre episodios como la sangría de depósitos que precipitó el colapso de la entidad y su solicitud de intervención, o qué ofertas de compra recibió cuando el equipo liderado por Emilio Saracho buscaba una fusión,  a fin de permitir la comprensión sobre la resolución y las razones de por qué fracasaron las medida alternativas privadas.

Se trata de la segunda vez que este ‘panel de sabios’ dobla el pulso a la institución dirigida por la alemana Elke König en su férrea negativa a publicar pasajes y documentos sobre lo que rodeó la caída y el ‘salvamento' de la entidad, a instancias de inversores perjudicados a los que ha anticipado la decisión. En el escrito remitido a un afectado representado por Cremades y Asociados, exige detallar la brutal salida de fondos desde el 12 de mayo al 1 de junio. Fue de tal envergadura que un día después, el sábado día 2, la JUR tomaba cartas sobre el asunto y articulaba el mecanismo para vender el que era el sexto banco español en subasta pública al fin de semana siguiente. Pero la asfixia de liquidez se agudizó y le impidió llegar, de forma que el día 6 se entregaba al Banco de España ante la imposibilidad de operar con normalidad.

A pesar de que se han filtrado las actas de algunos consejos de administración del banco, incluído el borrador del celebrado aquel fatídico día 6 -el 7 amaneció ya resuelto y adjudicado al Santander, el único que formuló oferta-, no hay una foto completa y pormenorizada del problema causado por tal reembolso de fondos. Y hay grandes  expectativas en el que el detalle de movimientos ahora exigido ayude, sobre todo, a poner cara a los clientes e instituciones que vaciaron sus cuentas para clarificar si de ahí se derivan responsabilidades. 

Y es que el problema se precipitó con la retirada de cifras millonarias por parte de grandes organismos e instituciones públicas sobre los que planea la sospecha de que recibieran algún tipo de aviso ante el riesgo de haber tenido que encajar quitas si el banco se abocaba, como finalmente se ha conocido, a una liquidación en ausencia de comprador. Sareb dejó a cero una cuenta que en marzo contaba con 633 millones, como también la pública REE -tuvo 307 millones-, y el organismo de Competencia CNMC redujo su posición en 674 millones, hasta 1.342 millones. En ese listado, donde figuran gobiernos locales y autonómicos, y empresas públicas, figura igualmente la Comunidad Autónoma de Canarias, Adif-Alta Velocidad o el Ayuntamiento de Barcelona. 

Mayor claridad sobre el informe de valoración

El Panel exige de nuevo a la JUR entregar el polémico documento de valoración de Deloitte retirando los tachones en varios de los pasajes  ocultos aunque conservará el velo sobre otros. Dentro de esta  ‘desclasificación’ incluye su estimación sobre el coste e impacto para acreedores de haber llevado la entidad a una liquidación concursal. Se trata de un resultado preliminar, frente al que acaba de entregar la misma Deloitte a la JUR hace pocos días y donde  mide si accionistas y bonistas habrían recibido mejor trato de ir a dicho proceso de insolvencia, pero aún con su cálculo apresurado resulta de importancia vita porque influyó en la decisión de resolver la entidad.

Otros documentos que deberá entregar son los informes “de Pasivos” y “Funciones esenciales” del banco correspondiente a 2017 que el Santander y Popular rehusaban publicar para proteger intereses comerciales, de estabilidad y estrategia.  El ‘comité de sabios’ considera que, transcurrido un año desde la operación, ya no reviste un riesgo de ocasionarles perjuicio y son relevantes para la investigación. El organismo deberá además dar acceso a cualquier papel en su poder sobre el proceso de venta privada dirigido por el equipo de Saracho. A juicio del Panel se trata de una una información de interés público porque ayudaría a comprender la decisión adoptada y "las razones por las cuales no hubo perspectiva razonable de cualquier medida alternativa del sector privado" como exige explorar la ley antes de proceder a una resolución.

El dictamen de esta suerte de comisión, conformada por cinco profesionales independientes de reputada trayectoria y donde los inversores pueden recurrir decisiones de la institución, se produce tras escuchar a los letrados de inversores perjudicados representados por Cremades y Asociados, Kirkland & Ellis y Ontier -los accionistas mexicanos-, Quinn Emanuel -en nombre de los bonistas- e Ius-Aequitas, en defensa de perjudicados reunidos en OCU. La audiencia se celebró el 16 de abril en Bruselas y la resolución llega después de que el propio Panel haya podido acceder de forma restringida y confidencial a algunos de los documentos protegidos por la JUR.

La divulgación es susceptible de retrasarse varias semanas si ocurre como en la otra ocasión. Los inversores ya lograron que el Panel escuchase sus demandas y decretase hacer públicos distintos informes el 28 de noviembre de 2017, pero la difusión se demoró hasta el 2 de febrero y muchos de los archivos ocultaron gran parte del contenido bajo tachones. Tantos que el comité de expertos amonesta ahora al organismo por haberlos convertido en inteligibles e incomprensibles bajo tanta acumulación de ‘típex’.

El triunfo de los inversores es, sin embargo, parcial porque el Panel ha dado la razón al equipo de König sobre la sensibilidad y el riesgo de divulgar otros datos o el hecho de que prevalezca el secreto profesional. No se conocerán -al menos por el momento- el codiciado relato sobre la gestión de la crisis de liquidez por parte del Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE) y alienta demandarlo de forma directa a esta institución; ni se entregarán las actas de los consejos, la correspondencia entre la JUR, el Frob, el BCE y el Popular o los borradores de la oferta presentada por el Santander. A los inversores les quedan varias balas en la recámara: volver a recurrir al Panel en caso de disconformidad con la información que se entregue, o pelear por su divulgación en el Defensor del Pueblo y en el Tribunal de Luxemburgo. 

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