Miércoles, 17.10.2018 - 08:12 h
Comisión sobre la crisis de las cajas

König enfría expectativas: cree que no se compensará a los inversores del Popular

La presidenta de la JUR confía en que el informe de Deloitte no concluya que bonistas y accionistas habrían recibido mejor trato de liquidarlo. 

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König.
La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König.

Jarro de agua fría a los más de 300.000 inversores que vieron reducirse a cero los 3.000 millones de euros que tenían en acciones y bonos del Popular. La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, reconoció hoy que el organismo que dirige deberá compensarles en caso de que el informe final encargado a Deloitte determine que habrían recibido mejor trato de llevar el banco a un concurso de acreedores en lugar de venderlo por un euro al Santander. Sin embargo, se mostró confiada en que la vía elegida no haya sido más perjudicial -"espero que no", reflexionó-. 

La normativa exige que, cuando se produce una resolución de una entidad, un experto independiente valore si los acreedores habrían recibido mejor trato en caso de llevar la entidad a concurso de acreedores. Un encargo que la JUR ha delegado en Deloitte y, según auguró, confía tener “disponible a principios de 2008” aunque estimó que el diagnóstico bajo escenario de liquidación del banco no dará mejor resultado para los afectados.

König ha acudido a la Comisión que analiza la crisis financiera en el Congreso levantando una alta expectación. Pero en su discurso inicial ha seguido el guión previsto, con una férrea defensa de las medidas adoptadas reivindicando que el rescate del banco evitó un mal mayor, preservando los depósitos de los clientes, la estabilidad del sistema financiero y evitando el uso de ayudas públicas.

Según explicó, el propio banco se entregó en la tarde del 6 de junio admitiendo que era inviable o estaba a punto de serlo, algo que decretó el BCE, obligando a decidir entre su resolución o “dejar que entrase en concurso de acreedores bajo la ley española”. “Si la JUR no hubiese emprendido acciones se le hubiese retirado la licencia y no hubiese podido continuar al día siguiente con las actividades bancarias” como conceder créditos u ofrecer otros servicios financieros, ha defendido, subrayando que se habrían generado otros afectados: “un gran números de pymes que desempeñan un papel importante en la economía”, junto a clientes particulares y empresas.

La dirigente alemana ha relatado que la JUR, en coordinación con el BCE y la Comisión, optaron por la venta como “mejor herramienta” para proteger la continuidad de sus operaciones, y “evitar riesgos para la estabilidad financiera”, al tiempo que ha defendido dos de los puntos más polémicos de la resolución: el informe y contratación de Deloitte y el valor finalmente asignado.

Según su relato, el JUR cursó la invitación a pujar por el Popular a las cinco grandes entidades con los que el grupo había previamente entablado contactos en vistas a una fusión, pero solo presentó oferta el Santande determinando con su propuesta el precio de la transacción. En favor de esta adjudicación indicó la inyección millonaria de liquidez y capital efectuada por el grupo cántabro para estabilizar la enseña y que con su talón -un euro- compra todos los activos, pero “también los riesgos”. “Lo heredó todo”, subrayó.

La JUR enfrenta más de un centenar de demandas en nombre de miles de inversores en el Tribunal de Luxemburgo, y que, en su mayoría, cuestionan la valoración de Deloitte que sirvió de base a la resolución y que haya sido elegida de nuevo para efectuar el informe definitivo que determinará si cabe o no compensación a los afectados. La firma tasó el banco entre -8.000 millones y +1.300 millones, con un escenario central negativo de 2.000 millones.

La presidenta del organismo común justificó las distintas valoraciones, en función de los diversos escenarios o herramientas de resolución que podían haberse adoptado, y explicó que la elección de Deloitte se efectuó entre las seis firmas que ganaron un concurso marco de 2015 de la JUR y forman su 'pool' de valoradores. En la selección, según refirió, se tuvo en cuenta la no existencia de conflictos de interés.

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