La Audiencia Nacional se plantea paralizar el ‘Caso Popular’ hasta que se resuelvan las demandas interpuestas en Europa. Su sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo propone la suspensión a las partes en una providencia donde les da diez días para que remitan sus opiniones. Lo que subyace es la intención de no complicar un proceso que ha traspasado fronteras, ya que miles de afectados por la resolución de la entidad han acudido también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Los magistrados buscan esperar el diagnóstico de la Corte de Luxemburgo, tribunal de mayor rango de la Audiencia Nacional, a fin de “dotar de la mayor efectividad a la tutela judicial y de evitar en la medida de lo posible incidentes que solo retrasarían y complicarían la tramitación de los asuntos”, argumenta en la providencia.
El desenlace del Banco Popular se ha convertido en un inédito desafío para los tribunales ante la ausencia de precedentes y los complejos acontecimientos que rodearon a la caída del sexto banco español. La entidad se entregó al Banco Central Europeo (BCE) un 6 de junio ante la imposibilidad de abrir sus sucursales al día siguiente por una gravísima fuga de depósitos, y el día 7 amaneció propiedad del Santander, que ofreció un euro simbólico por la entidad además de llenar sus cañería de liquidez garantizar su solvencia.
La Junta de Resolución Europea (Jur) decidió la venta después de buscar reparar quebrantos del banco reduciendo a cero más de 3.000 millones de euros de su capital y deuda, en manos de miles de inversores. Muchos de los más de 300.000 accionistas y tenedores de esos bonos litigan ahora contra la resolución para recuperar su dinero en dos frentes: en Europa, contra la decisión del organismo dirigido por Elke König y la autorización expedida por la Comisión Europea, y en España contra Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejeros, el Frob -brazo que ejecutó el plan decidido por la JUR-, y el Santander.
Ante la Audiencia Nacional y el TJUE han llegado igualmente demandas de antiguos miembros del equipo gestor, exconsejeros y empresas con altos volúmenes de inversión. El chileno Luksic, que perdió 113 millones de euros, o los fondos Algebris Investment, Ronit Capital y Anchorage Capital, buscan junto a otros que se anule la decisión de la JUR y recuperar sus inversiones.
Otros añaden razones a este argumento como es el caso del mexicano Antonio del Valle. Exconsejero del banco y cabeza visible de un grupo de empresarios aztecas, acusa a la JUR de desatender sus “legítimas expectativas, apartándose sin justificación del plan de resolución”. El empresario, que se había ofrecido a aportar unos 1.000 millones de euros en la macroampliación de capital con la que el equipo gestor buscaba salvar al Popular, desliza así que la intervención frustó el plan de salvamento.
Las demandas ponen en el foco en la inédita solución -fue resuelto un banco por un problema de asfixia que, ofrecía imagen de solvencia en sus últimos ratios de capital aunque estaba a punto de declarar problemas de capital- y en cómo se ejecutó. Casi todos los recursos cuestionan el informe de Deloitte que la JUR utilizó de base para conocer el precio del banco porque lo valoraba en una horquilla de entre -8.200 millones y +1.300 millones. Según los recursos ni se siguieron las pautas fijadas por normativa ni se protegió el derecho de los inversores.
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