Santander, Caixabank y Bankia se preparan para una larga batalla legal por el almacén de gas Castor. Reclaman al Estado 1.350 millones que adelantaron para cubrir el agujero del proyecto fracasado. Las tres entidades han coordinado su estrategia y han contratado asesores externos. El despacho legal elegido para preparar el caso ha sido el británico Linklaters, con una amplia experiencia en pleitos y arbitrajes internacionales. Linklaters ha intervenido, entre otros asuntos, en la suspensión de pagos y reestructuración de deuda de Abengoa. BP, Air France o EDF también han contado con sus servicios de asesoramiento.
Los abogados de Linklaters, junto a los de cada una de las entidades preparan el terreno para dar la pelea en los tribunales. De momento, los bancos han dado el primer paso. Han presentado ante el Ministerio de Energía una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que reclaman el dinero adelantado -700 millones el Santander; 400 millones Caixabank y 250 millones Bankia- y la compensación por los posibles daños causados.
Los tres bancos asumieron los 1.350 millones de deuda de manos del gestor del sistema gasista Enagás (20% de la SEPI) y después de que las firmas constructoras -ACS y su socio canadiense Dundee Energy- fueran compensadas por la clausura del proyecto en 2014. El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó la vía urgente del Real Decreto-Ley para dar luz verde a la compensación a las empresas, avalada por el Tribunal Supremo. En diciembre pasado, el Constitucional tumbó el decreto y, de paso, toda la operación de financiación de la deuda construida con la banca.
Deuda para 30 años
Es algo que escuece a las entidades que en su momento alcanzaron un buen acuerdo con Enagás: compra de deuda a cambio de un 4,3% de interés durante 30 años; un préstamo de 1.350 millones con un buen rendimiento -80 millones anuales- que pagarían los consumidores de gas en sus recibos.
La reclamación de los bancos explica que la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley, decretada el pasado 22 de diciembre por el Constitucional, no debe ocasionar "ninguna pérdida" a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. La reclamación ante el Ministerio de Energía, el primer paso, ya está dado. La maquinaria se pone en marcha.
Pero el asunto va para largo, según confirman fuentes al tanto del proceso. El Gobierno dispone de seis meses de plazo para resolver la reclamación. Antes debe solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado. Y durante el tiempo que el Consejo tarde en elaborar el dictamen -un máximo de tres meses- el reloj se para. Existe también la posibilidad de que el Gobierno decida consultar a algún otro organismo intermedio como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Al final, la última palabra será la del Consejo de Ministros.
El pleito, según fuentes bancarias, puede durar. Las entidades han ofrecido al Gobierno negociar para que el consumidor, sobre el que recaerá con toda probabilidad el pago de la deuda, note lo menos posible una subida de las tarifas. Pero será complicado.
Sobre el recibo del gas han caído, uno tras otro, los costes derivados de decisiones discutibles en el sector gasista. Esos costes están detallados en la orden ministerial de peajes para 2018 que Energía publicó el 27 de diciembre pasado. La orden detalla cómo una gestión discutible desde hace más de una década ha descargado sobre el bolsillo de los ciudadanos 338 millones de agujero -a cubrir este año- en el negocio del gas. Esa cifra supone en torno al 10% de los costes previstos del sistema.
Decisiones erróneas
El BOE recoge, artículo por artículo y disposición adicional tras disposición adicional, cómo la mezcla de decisiones empresariales erróneas y políticas poco acertadas acaban por afectar al usuario de a pie. En el boletín está todo: el fracasado almacén de gas Castor; la ampliación de regasificadoras (Cartagena y Huelva); el laudo arbitral de 2010 que encareció las importaciones de gas de Argelia, o la paralización de la regasificadora de El Musel (Gijón).
La reclamación de los bancos por la deuda de Castor coincide con la querella presentada en la Audiencia Nacional -pendiente de admisión a trámite- por varias plataformas ciudadanas como el Observatorio de la Deuda en la Globalización, el proyecto activista Xnet y la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos de Cataluña.
La querella afecta a los exministros socialistas Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa y al exministro de Industria con el PP, José Manuel Soria. También están querellados altos cargos, el presidente de ACS, Florentino Pérez, y Recaredo del Potro, presidente de la sociedad Escal, que llevó a cabo el proyecto Castor. Todos están acusados de malversación, prevaricación en el caso de los altos cargos y fraude a la Administración.
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