La banca disparó la emisión de las denostadas participaciones preferentes y deuda subordinada cuando ya habían saltado las alarmas, llegando a colocar el 87,2% de los complejos títulos entre particulares en algún ejercicio. La reprobable práctica la pone en evidencia la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un informe de 134 páginas enviado a la Comisión de Investigación del rescate financiero del Congreso donde repasa los principales focos de preocupación del organismo entre 2007 y 2015, y cómo fue actuando en cada momento.
En un discurso más de relato frente al analítico utilizado por el Banco de España en su Libro Blanco sobre la crisis, la institución hoy presidida por Sebastián Albella glosa, principalmente, el devenir de los acontecimientos entorno a las emisiones de deuda ‘híbrida’, las polémicas salidas a bolsa de Bankia y Banca Cívica, y la avalancha normativa impulsada para surtir una protección al inversor que la crisis demostró ineficiente.
“En 2009 se produjo un significativo repunte de la emisión y de la comercialización entre minoristas de estos instrumentos, motivado por la necesidad de obtener recursos propios computables y la dificultad de captarlos entre los inversores cualificados”, denuncia. La banca vendió nada menos que 21.644 millones de euros durante aquel ejercicio y levantaría más de 43.200 millones hasta 2012, pese a que a finales de 2008 -emitió 4.052 millones por aquel entonces- las preferentes habían empezado a acusar serios problemas. Sus valoraciones caían ante el temor de que algunas entidades rindiesen pérdidas que les impidiese pagar el cupón, y se había cerrado la ventana de salida por amortización porque ya no convenía a la industria, reconoce el organismo.
Son instrumentos que el sector venía utilizando desde el año 1998, alentado una ley que permitía computarlos como solvencia y tradicionalmente los ofrecían a clientes a través de la red de sucursales. A pesar de cotizar en el mercado AIAF, era práctica extendida que la propia entidad encontrase inversores entre su clientela dispuestos a pagar el valor del título cuando otro deseaba vender. El problema estalla cuando su precio se desploma, la banca dispara la emisión y no amortiza porque necesita reforzar capital y acentúa la búsqueda de ahorradores dispuestos a invertir para que otros salgan al precio original, lo que “perjudicaba al comprador”, reconoce la CNMV.
Si en 2008 el 41% de los títulos acababa suscrito por particulares, el porcentaje llega a escalar al 87,2% apenas tres años después. “La normativa europea en materia de emisiones y ofertas públicas descansa en el principio de libertad de emisión, y ni la CNMV ni el resto de los supervisores europeos de valores disponían en ese momento de instrumentos de intervención que permitieran prohibir o limitar la colocación”, justifica la institución en el informe.
El organismo defiende que puso toda la artillería a su alcance desde 1998 para evitar abusos obligando a los emisores a advertir de la complejidad y riesgo del producto, fijando criterios para su correcta valoración y exigiendo condiciones equiparables a las requeridas en operaciones similares en el mercado mayorista para los particulares.
La crisis de esta deuda se declara con virulencia cuando llegan los rescates de antiguas cajas que ofrecen canjear los títulos por acciones tras aplicarles severas quitas. Los tribunales darán después la razón a los perjudicados y el Frob articulará un sistema arbitral para compensarles que acaba devolviendo 3.125 millones a 298.223 preferentistas de Bankia, Novagalicia (hoy Abanca) y CatalunyaBanc, detalla.
El regulador creó un mercado ‘ad hoc’ dentro del AIAF para garantizar la liquidez, ya que consideraba “mala práctica” los cases de operaciones entre clientes, sin lograr erradicarla. La CNMV excusa que la persiguió con apertura de investigaciones que acabaron con sanciones de 20 millones a casi toda la banca -enmienda las prácticas a diez grupos bancarios de los existentes hoy- por irregularidades sobre emisiones por valor de 6.235 millones y en un tercio de los casos era por ‘apañar’ el cambio de manos de los títulos entre clientes.
En la crisis, que se ha saldado con 62.754 millones de ayudas a entidades conforme a cifras del Banco de España que solo espera recuperar 10.402 millones, la CNMV subraya que alertó de las fragilidades en sus informes anuales -en 2006 del alto endeudamiento o de la falta de competitividad de la economía, y en 2008 de la insostenibilidad de las finanzas públicas-.
Pero, sobre todo, defiende su rol en el fiasco de la salida a bolsa de Bankia con un pormenorizado detalle de actuaciones, extrapolable a Banca Cívica. Recuerda, por ejemplo, que exigió colocar más del 25% del capital y que el 40% lo suscribiesen inversores institucionales a fin de garantizar la fijación correcta del precio. El organismo exigió divulgar las cuentas auditadas de las siete cajas en los tres ejercicios previos al debut bursátil y un informe proforma de 2010, pese a que la regulación europea solo demandaba el del primer trimestre de 2011 bajo contabilidad internacional.
Impuso desglosar los sueldos de la cúpula (Rato, Olivas y Verdú) y rechazó la catalogación como consejeros independientes de Juan Llopart y José Manuel Serra porque eran antiguos consejeros de BFA. La CNMV saca a la luz que requirió en hasta tres ocasiones, desde el 3 de mayo de 2012, a Bankia que presentase las cuentas de 2011. El plazo regulatorio expiraba a final de mes y la entidad no cumplía por la falta del informe de auditoría en medio del enfrentamiento sostenido con Deloitte, que acabó estableciendo salvedades.
El banco las publica el día 4, sin dicho informe, Rodrigo Rato dimitirá el 7, y el 25, ya nacionalizado, las reformula el equipo de José Ignacio Goirigolzarri. Según desvela, la CNMV revisó los ajustes como ahora está haciendo con las pérdidas del Popular: pidió información a Goirigolzarri para verificar si se habían imputado pérdidas a ejercicios previos y justificar si el agujero declarado por BFA en Bankia era correcto. “No se detectaron incumplimientos de la normativa”, confiesa.
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