La banca se prepara para recurrir la millonaria multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo dirigido por José María Marín Quemada exige a Santander, Caixabank, Sabadell y BBVA con 91 millones de euros por ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas a las pactada con los clientes, en las que se especificaba que se contratarían en "condiciones de mercado". Supone una de sus mayores multas tras los 171 millones acusados a veintiún fabricantes de automóviles y distribuidores por irregularidades en los servicios de postventa de vehículos.
“Nosotros obviamente respetamos la decisión, pero creemos que la resolución no ha valorado adecuadamente el contexto del mercado de financiación sindicada y, por tanto, vamos a recurrir", indicaba en BBVA, algo que sobre lo que también se inclinan los servicios jurídicos del resto de entidades. "Creemos firmemente que no se ha producido ninguna infracción de la normativa de Competencia", defiende el banco. No cabe recurso en la vía administrativa, si bien podrán interponerlo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde su notificación ayer.
El organismo sostiene que las entidades se ponían de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para fijar unas condiciones alejadas de las que se habían comprometido a proporcionar, dando la imagen de que cada una estaba consultando las condiciones de mercado. Y en base a la aparente constatación del cártel impone multas de 31,8 millones a Caixabank, de 23,9 millones a Santander, 19,8 millones a BBVA y de 15,5 millones a Sabadell, proporcionales a su participación en tal actividad y buscando que resulten “suficientemente disuasorias”.
En el informe de resolución revela que el 34,94% del negocio generado por las cuatro entidades expedientadas pertenece a Caixabank, un volumen de entre 90 y 100 millones de euros; otro 26,26% el Santander -entre 60 y 70 millones-, el 21,76% BBVA, con hasta 60 millones, y Sabadell el 17,04% restante con hasta 50 millones.
La investigación arranca en 2015 por instancias de Inversiones Empresariales Vapat sobre coberturas o derivados en tipos de interés asociadas en el momento de la comercialización con créditos sindicados y ‘project finance’. Acudió a Competencia a denunciar lo que entendía que era un cártel de precios en el mercado de swaps, para que pudieran los clientes protegerse frente a potenciales alzas de los tipos de interés.
La empresa reportó a la CNMC que no logró mejoras de precios aún acudiendo a las distintas entidades, de forma que ponía bajo sospecha al organismo de concertación de precios.
Durante la investigación el regulador tuvo acceso a documentación aportada por otras 22 empresas en relación con 43 operaciones de derivados asociados a dicha financiación sindicada contratada entre 2006 y 2016 para 'project finance'.
Esta conducta supone una infracción muy grave a la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según ha señalado la CNMC. El organismo ha eludido, en principio, iniciar actuaciones frente al personal de las entidades financieras que comercializaba las coberturas sobre intereses; y no ha aceptado como atenuantes que Caixabank y Sabadell hayan alegado que ahora siguen las indicaciones del organismo.
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