La decisión del Gobierno de trasladar a la banca el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de las hipotecas recaerá con toda probabilidad sobre el cliente y esto, pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que creará un organismo para supervisar que los bancos no acaben repercutiendo el coste del gravamen en los créditos mediante cláusulas abusivas.
De hecho, sobre el terreno y desde alguna sucursal bancaria ya han reconocido a La Información que acabarán trasladando a sus clientes el importe de los AJD elevando el diferencial que se añade al euribor entre 0,1 y 0,25 puntos. Durante los últimos días, fuentes internas de otras entidades llegaron a admitir que se estudiaba incrementar la comisión de apertura de los créditos, entre otras opciones.
Al parecer éstas y el resto de alternativas que la banca tiene sobre la mesa podrían aplicarse ya a aquellos créditos hipotecarios que estén tramitándose hoy día, aunque las condiciones se hubieran pactado previamente con los clientes. De hecho, en alguna de las oficinas a las que ha acudido este diario reconocen que la orden es paralizar todas las operaciones en el mismo momento en que la nueva ley aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El siguiente paso, siempre según las mismas fuentes, sería incrementar el diferencial sobre el euribor que se hubiera fijado para cada hipoteca entre 0,1 y 0,2 puntos según unas sucursales y, entre 0,15 y 0,25 según otras. "Es la orden que viene de arriba. Nos obligan a parar todo desde ese mismo momento", explican.
La comisión de apertura es otra de las vías que se maneja en el sector a pie de oficina para recuperar el coste de los AJD. Sin embargo y, dado que esta fórmula ha estado bastante denostada en los últimos tiempos, las entidades han encontrado otro recurso que les permitiría recuperar lo perdido por esta vía.
En la mayoría de los préstamos que se anuncian bajo el epígrafe 'sin comisiones', la banca aplica el conocido como interés fijo nominal en el primer o primeros años de vida de la hipoteca -principalmente en los créditos concedidos a interés variable-. Elevar este porcentaje o aplicarlo durante más de un ejercicio permitiría a la entidad obtener una cantidad mayor de la que habría perdido haciendo frente a los AJD.
Algunos expertos consultados temen que el Ejecutivo o el nuevo organismo supervisor puedan hacer poco para evitar situaciones de este tipo, sobre todo cuando estamos hablando de medidas que pueden diluirse dentro de la política comercial de las entidades. Precisamente el sector ha venido quejándose en los últimos años de cómo el exceso de regulación que, junto con las exigencias de aprovisionar capital y los tipos de interés históricamente bajos, estarían 'afectando' a su negocio.
La última en pronunciarse al respecto ha sido la agencia de calificación Standard and Poor's que ha descartado que la decisión del Gobierno de convertir a la banca en sujeto pasivo del impuesto vaya a afectar a la solvencia de las entidades. La firma calcula que el impacto del gravamen será de unos 700 millones anuales, el equivalente al 5,5% de los beneficios antes de impuestos del sector previstos para este ejercicio.
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