Crecen las sospechas sobre la ocultación de quebrantos por parte del Popular. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha encontrado “datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes” en las cuentas anuales publicadas por la entidad corresponde a 2016, conforme a un escrito dirigido al juez Fernando Andreu que instruye la investigación en la Audiencia Nacional.
En la carta demanda al juez que le envíe los autos donde admite las querellas interpuestas por los afectados para comprobar si se investiga la veracidad de dicho informe financiero anual, según adelanta Expansión, que justifica esta solicitud en el ejercicio normal de comprobación cuando el supervisor analiza asuntos en procesos judiciales.
El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, ya desveló que estaba analizando si los 13.595 millones de euros en pérdidas reportados por el Popular tras su resolución correspondían al ejercicio 2017, incluyendo los cargos por saneamientos del ladrillo, o incluían pérdidas atribuibles a años precedentes.
La cuestión es clave en la investigación judicial porque está en tela de juicio si la entidad lanzó la ampliación de capital por valor de 2.500 millones en el verano de 2016 con balances reales o escondían quebrantos. Una costatación de manipulación podría hacer, como ocurrió con la OPV de Bankia, que el tribunal diese la razón a los damnificados por la resolución que adquirieron títulos en dicha operación, forzando su compensación.
Numerosos abogados de accionistas y bonistas que perdieron su inversión en la resolución y han acudido a los tribunales quieren retrotraer aún más la investigación, y han solicitado analizar las cuentas anteriores a 2012 cuando el Popular efectuó otra megaampliación por valor de 2.500 millones de euros.
La sospecha arrojada por la CNMV añaden elementos de duda sobre la fiabilidad de las cuentas comunicadas bajo la gestión de Ángel Ron, y no es la única. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha sancionado a PriceWaterHouseCoopers (PwC) su firma auditora durante tres décadas, con 267.763 euros por dos infracciones graves en el incumplimiento de las normas de auditoría en los trabajos sobre las cuentas de la entidad en el ejercicio 2012. Y la Agencia Tributaria ha descubierto además que el banco se surtió de firmas offshore para enmascarar préstamos a empresas que estaban al borde de la quiebra y evitar así tener que hacer la correspondiente provisión.
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