Una sanción que tarda años en ser firme y ejecutarse puede no surtir el efecto disuasorio deseado. Consciente de este riesgo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido dar pasos en dos sentidos: ofrecer descuentos de hasta el 40% a firmas o personas investigadas que acepten su propuesta de multa y meter tijera a los interminables plazos de los procedimientos que tramita la institución, para reforzar el poder coercitivo de las penalizaciones.
El pesado engranaje del que adolece un organismo con la misión de evitar abusos en la inversión de millones de ahorradores ha sido objeto de reparos desde casi siempre por sus máximos responsables. La queja y demanda más reiterada era que se revisase el régimen sancionador porque imponer multas de hasta 1 ó 2 millones de euros resulta escasamente desincentivador para la inmensa mayoría de firmas bajo supervisión.
Si a las topadas cuantías se suma que los expedientes tardan meses o años en tramitarse, la función ejemplarizante se difumina cuando no desaparece. El ejemplo más claro se produjo en 2017. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó y, por tanto otorgó la condición de firmes, a casi 40 sanciones por algo más de 12 millones de euros -a razón de 300.000 euros por multa-.
Más de la mitad de las multas recayeron sobre la banca y varios de sus ejecutivos, cuyos balances y cuentas se cifran en miles de millones cuando no en cientos de miles. Las penalizaciones superiores recayeron sobre los bancos suizos Credit Suisse y Julius Baer, especializados en la gestión del altos patrimonios, y encararon apenas 1,2 y un millón de euros de sanción, respectivamente.
El Anteproyecto de Ley que adaptará a España la directiva europea sobre mercados financieros Mifid II busca endurecer el régimen de penalizaciones en caso de infracciones para las gestoras de instituciones de inversión colectiva y personas con cargos directivos por petición expresa de la CNMV, ya que no lo impone la regulación europea. El castigo pasará de un máximo de 300.000 euros a un mínimo de cinco millones de euros o el 10% del volumen de negocio total en los supuestos de infracción más graves.
Y en paralelo el organismo presidido por Sebastián Albella ha puesto foco en acortar los plazos de resolución. Hasta ahora el trámite era abrir pliegos de cargo cuando, por su labor supervisora o por denuncias encontraban operativas irregulares, y tras una primera propuesta de resolución tenían lugar dos audiencias antes de cerrar el informe.
El nuevo esquema se simplifica y va casi desde la apertura a la resolución, prescidiendo a priori de la fase de alegaciones y contraalegaciones, aunque sin cerrar la opción de que los interesados puedan solicitarlas.
La CNMV sube además al ‘pronto pago’ y emula el sistema de multas de la Dirección General de Tráfico ofreciendo al infractor ahorrarse entre el 20 y 40% de la penalización si acepta abonar la factura cuando se la comunican y archivar al instante el expediente. La horquilla de la rebaja depende del tipo de expediente al que concierna y la gravedad de la infracción, siendo la rebaja mayor cuando más leve sea el incumplimiento.
El organismo se acoge a la Ley de Procedimiento Administrativo Común aprobada en 2015 y que abrió la espita a la Administración Pública para copiar el exitoso modelo de las multas de tráfico, vigente también en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social, y que el Gobierno ha querido extender a sanciones administrativas al comercio, sanidad, en materia de medioambiente, agricultura, caza, etc.
La esfera a controlar para la CNMV es tan amplia como velar porque las cotizadas y empresas con emisiones emitan documentación fehaciente, suficiente y sin asimetrías para evitar uso privilegiado de información, y proteger a los inversores. Las infracciones abarcan, por tanto, un amplio abanico desde la detección de prácticas de comercialización inadecuadas o fraudulentas, falseamiento de balances, manipulación de precios...
Albella ha puesto la lucha contra el abuso de mercado en el centro de su mandato y ha logrado que el Gobierno dé al organismo casi estatus de policía para sus indagaciones en la medida en que desde hace unos días puede solicitar, con autorización judicial, los registros de llamadas telefónicas a cualquier operadora para investigar ilegalidades como el uso de información privilegiada. Quiere sacar máximo provecho a los tan de moda buzones para ‘chivatazos’, instalados en muchas de las grandes empresas y en Ministerios como el de Hacienda, en un intento de que no se escape abuso alguno sin juzgar y sancionar.
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