La incertidumbre de Cataluña encarece en 3.000 millones el coste anual de la deuda

  • Ibercaja Gestión teme que la tensión política ahuyente al inversor extranjero si se prolonga, aunque da un 15% de potencial de subida al Ibex. 
Ibercaja 'convierte' en digital a un tercio de sus clientes con Microsoft
Ibercaja 'convierte' en digital a un tercio de sus clientes con Microsoft

La tensión política de Cataluña pasará factura a la economía por distintas vertientes. Numerosos departamentos de análisis llevan semanas pronosticando un enfriamiento de la actividad que hasta el mismo Gobierno ve susceptible que reste hasta tres décimas al PIB de 2018. Pero ayer Ibercaja Gestión añadió otro ingrediente: una distorsión en la deuda capaz de encarecer en 3.000 millones de euros el coste de la financiación del Tesoro en una estimación anualizada, según estimó su jefe de inversiones, Óscar del Diego, quien avisó además del riesgo de ahuyentar a inversores extranjeros si la incertidumbre se prolonga en exceso.

Se trata de un sobrecoste nada desdeñable si se tiene en cuenta que en los Presupuestos Generales correspondientes a 2017 se preveía destinar 32.006 millones de euros al pago de intereses, aún cuando la reactivación económica ha aliviado la factura de forma drástica de forma reciente. El coste medio de la financiación obtenida por el Tesoro se deslizó, de hecho, durante el pasado año desde el 0,80% al 0,56% (un 1,2% promedio para los recursos captados a través de bonos y obligaciones y una rentabilidad negativa del 0,2% para las letras).

La mayor factura para el Tesoro estimada por Ibercaja Gestión se derivaría de un encarecimiento en 30 puntos básicos del bono soberano por la doble penalización del riesgo en su cotización y el hecho de que Moody’s haya alejado la mejora de calificación de España tras la declaración unilateral de independencia, y la posterior suspensión de la autonomía por parte del Gobierno. Desde que en mayo el pulso secesionista comenzó a pesar en los mercados, la deuda ha repuntado de hecho 10 puntos frente a la referencia del bono alemán y la gestora estima en otros 20 puntos adicionales el sobrecoste inducido por no disfrutar del aumento del rating.

La decisión de Moody’s supone un impacto directo en sí mismo cuando la mejora de nota se daba casi por descontada. Pero la agencia primero rebajó las proyecciones de crecimiento para el país hasta el 2,9% para este ejercicio y 2,3% en 2018, y después congeló el cambio del rating bajo el argumento de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución perjudicará el perfil de crédito de España y de Cataluña porque eleva el riesgo de una parálisis y confrontación si deriva en protestas o paros.

Riesgo de ahuyentar a inversores en la bolsa y fondos

Desde la óptica de los mercados la lectura difiere. La aplicación del artículo 155 contribuye a mejorar las expectativas y arrojar mayor visibilidad sobre la situación, reconoció del Diego, aunque todavía ve riesgos latentes de que “pueda retraer al inversor extranjero” si la situación se enquista demasiado tiempo.

La bolsa española se ha convertido, de hecho, en la más barata de Europa bajo el lastre político. Ha visto, por ejemplo, volatilizarse 75.000 millones de euros de capitalización en el conjunto de las compañías sólo con perder el ritmo de evolución que seguía en paralelo a la bolsa italiana y frente a la que se ha desplomado un 12%, indicó. De ese importe unos 37.000 millones son factura para el inversor nacional y otro tanto para el foráneo.

El envés a la situación es que el Ibex puede escalar un 15% el próximo año cuando se encauce el conflicto político, apoyado en un incremento del 12-18% en los beneficios y una rentabilidad por dividendos del 4-5%, estima la gestora que en los diez primeros meses ha aumentado un 16,97% el patrimonio administrado, hasta 12.168 millones.

La inversión en fondos de inversión sería el penúltimo rincón perjudicado por la escala independentista. El pulso secesionista ha provocado internamente una diáspora de empresas hacia otras regiones que asciende a casi 2.800 entre el 2 de octubre y el 27 de noviembre, en búsqueda de seguridad jurídica. Numerosos inversores, sobre todo especialistas inmobiliarios, ojean con cierta cautela la situación y han, incluso, dejado en stand by o pausado inversiones y la OCDE fue ayer el penúltimo organismo en reconocer que condiciona sus proyecciones rebajando del 2,4 al 2,3% el PIB español para 2018, en línea con la previsión ajustada del Gobierno.

Mostrar comentarios