Sábado, 18.08.2018 - 08:11 h
Se cura en salud ante demandas de los afectados

La JUR no dará más papeles: ciertos datos pueden generar tensiones en el Popular

El organismo y el BCE alertan del riesgo de "reactivar tensiones" y "reavivar especulaciones" en la banca si divulgan los datos sobre la resolución. 

Fotografía La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König. Kiko Huesca
La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König. Kiko Huesca / EFE

La Junta Única de Resolución (JUR) se cura en salud frente a un potencial nuevo alud de peticiones por parte de afectados del Popular solicitándole que aparque el secretismo y saque a la luz todos los pormenores sobre la crisis y resolución de la entidad. En una reciente misiva a los perjudicados, el organismo dirigido por Elke König casi insta su comprensión alegando que, en la desclasificación de datos, ha ido hasta donde puede y reitera sus advertencias sobre perniciosos efectos susceptibles de desencadenarse de levantar por completo el velo.

Uno llama poderosamente la atención: alerta, en nombre propio y en base a la respuesta recibida del Banco Central Europeo (BCE), del riesgo de exacerbar la desconfianza de forma “errónea” sobre el Popular o truncar actuaciones supervisoras e eventuales rescates futuros si el mercado tiene conocimiento de su metodología y protocolos.

La mayor incógnita todavía hoy y después de que en febrero se aviniese a publicar varios informes con pasajes censurados es la asfixia de liquidez porque firmó la defunción del banco: cómo la gestionó su ejecutiva y la actuación del supervisor, cuya línea de liquidez de emergencia (ELA) resultó totalmente insuficiente. Según la JUR, el BCE se niega a publicar el importe que facilitó al Popular, el "techo" del ELA o el tipo de activos admitidos en ‘prenda’ porque su conocimiento podría “socavar la eficacia de la política monetaria y la estabilidad financiera” y “reactivar tensiones sobre entidades financieras o reavivar especulaciones injustificadas en el mercado referidas, por ejemplo, al banco Santander”.

El supervisor se aferra a la constatación de que las tensiones sufridas por el Popular se propagaron a otras entidades (en lo que parece una alusión al traspaso de los bajistas a Liberbank, aunque no ofrece mayores pistas) y niega además los datos para evitar dañar su propia reputación, dado que el BCE está obligado a preservar el secreto profesional sobre la información que gestiona y rompería una brecha de confianza entre las entidades si sienta dicho precedente.

Con una argumentación similar, la JUR sostiene que desvelar ciertos datos financieros del Popular en su poder, incluso después de la resolución, podría “perjudicar a los intereses comerciales” de la entidad, y “supondría un riesgo importante de percepciones erróneas por parte del público en general, y en los mercados financieros en particular, respecto a la situación actual del Banco Popular".

Ambos organismos coinciden en proteger el relato sobre la evolución de los acontecimientos bajo la tesis de que destapar su metodología, protocolos de actuación y decisión “podría perjudicar a la capacidad” para "cumplir su función” como autoridad de resolución y supervisión en futuro. “Podrían influir indebidamente en la conducta de otros participantes del mercado y, por lo tanto, podría afectar negativamente la estabilidad financiera de los estados miembros participantes”, alega incluyendo en la misiva una decena de ejemplos judiciales donde los tribunales han dado la razón al BCE permitiéndole mantener las reservas sobre información sensible.

Los afectados aspiran a conocer todos los datos

La institución dirigida por König parece querer adelantarse con el escrito justificativo a nuevos pasos de los afectados, cuyas demandas inundan el Tribunal de Luxemburgo y la Audiencia Nacional, infieren en una asociación de afectados. La justificación la cursa después de que su Panel de Apelaciones forzase, a instancias de antiguos bonistas y accionistas, la publicación en febrero de varios documentos, aunque en una versión parcheada (entre ellos la valoración de Deloitte, la carta de venta del banco, el informe de la JUR sobre su decisión para actuar o el ‘testamento vital’ del Popular).

¿Busca anticiparse a un posible segundo requerimiento del Panel? Este organismo, formado por profesionales independientes de reputada trayectoria donde los inversores pueden recurrir las decisiones de la JUR, se encuentra precisamente ahora a expensas de dar o no nuevos pasos en función de la respuesta de los afectados a los informes conocidos. Algunos, como los bonistas liderados por Pimco, ya han desvelado que juzgan claramente insuficiente el ejercicio y actuará para que salgan a la luz todos los datos. Los accionistas y bonistas alegan indefensión por la ausencia de datos claves. 

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