Victoria limitada en la batalla por sacar a la luz los entresijos de la resolución del Popular. Continuarán secretos los documentos del Banco Central Europeo (BCE) -el más codiciado es la relación de hechos vinculados con la sangría de liquidez que llevó al banco al abismo- y los que dan cuenta de cómo fue el proceso de adjudicación. Y, en cuanto a la valoración de Deloitte que sirvió de base para la operación, compete ahora a la propia Junta Única de Resolución (JUR) evaluar a qué parte de la narración levanta el velo y qué hitos mantiene bajo confidencialidad.
Son, en síntesis, las pautas dictadas por el Panel de apelación de la JUR, un organismo integrado por cinco miembros independientes que decide sobre recursos contra la autoridad dirigida por Elke König. Sus primeros dictámenes rechazaron revertir la decisión como pidieron numerosos demandantes, pero ahora ha estimado parcialmente la solicitud de Aeris Invest, el vehículo donde la familia chilena Luksic alojaba un 3,45% del banco, y de la Mutualidad de la Abogacía que en sus recursos reclamaron entregar el documento de Deloitte.
Esta corte de expertos financieros procedentes de los estados miembros exige que se divulgue los elementos “no confidenciales” de la valoración de Deloitte, dejando en el tejado de la JUR decidir cuáles protege por “representar una amenaza” para los “intereses protegidos” o porque impacten en otros agentes del mercado o futuras resoluciones. El organismo empleará “unos días” en evaluar qué puede difundir para extractar y hacerlo público, indican fuentes próximas a la institución.
Si bien es el documento clave del proceso, contra el que van la inmensa mayoría del centenar de recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por servir de base a la resolución, no es menor la información que el Panel de apelación ha decidido proteger, una vez oída a las partes.
Sin detalles sobre la crisis de liquidez
La puntilla a la difícil situación del banco fue una sangría de más de 20.000 millones de euros desde finales de 2016, azuzada en los días previos a entregarse al BCE con la estampida de inversores institucionales -entre los que figuran ayuntamientos y comunidades autónomas, junto a ciertos organismos autónomos-. Si bien estos inversores tienen por política retirar la tesorería de entidades que pierden determinado rating crediticio, existe la sospecha de que pudieron recibir alguna advertencia de que el banco ya había entrado en la UVI y no había claridad sobre la aplicación o no de quitas a los depósitos superiores a los 100.000 euros.
Otro punto oscuro es si los gestores pudieron hacer más para evitar el ahogo de liquidez o si pudo hacerlo alguna autoridad. Para sacudir las dudas sobre la actuación del supervisor el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, desveló en julio en el Congreso que estaba en conversaciones con el BCE para explicar cómo aportó liquidez de emergencia. La incógnita es por qué recibió solo 3.800 millones de euros cuando fuentes del antiguo equipo gestor elevaron a 40.000 millones los activos potencialmente descontables, aunque posteriormente se ha deslizado que no contaban con la preparación o ‘certificado’ necesario para solicitar un crédito superior.
Al BCE le correspondió detonar el botón de resolución de alguna medida al aprobar que el banco estaba en riesgo de colapsar, dejando la solución sobre la mesa de la JUR. Y quedan igualmente pasajes sin desvelar en la relación de los hechos sobre aquella determinante decisión en el relato que divulgó el mismo BCE de los hechos.
Del Valle acusó a la JUR de frustar el plan de salvamento
Uno de los puntos oscuros es cómo transcurrió el propio proceso competitivo de venta de la entidad, al parecer limitado únicamente a la oferta del Santander, pese a que se invitó de forma directa a varios de los grandes bancos, y que el Panel de Apelaciones considera que se debe proteger porque la negativa de la JUR “fue debidamente justificada”. El inversor y consejero del banco Antonio del Valle desveló en su recurso al Tribunal de Luxemburgo que las autoridades europeas torpedearon y frustraron el plan de salvamento del equipo gestor.
Unos y otros documentos o la integridad del soporte documental de los frenéticos días y horas en los que se decidió vender el Popular podría, en todo caso, ver la luz a petición de los tribunales aunque ya con un decalaje prolongado en el tiempo.
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