“Esta valoración debe considerarse como altamente incierta y provisional”. Con la lapidaria aseveración Deloitte justifica su tasación del Popular que sirvió de base a la Junta Europea de Resolución (Jur) para firmar la extinción como banco independiente en el codiciado informe sacado por fin ayer a la luz pública. El interés, abonado por ocho meses de secretismo documental, estaba en los cálculos y la metodología para la legión de abogados que litigan en España y Europa en contra de la resolución, pero el documento ventila otros aspectos sobre los fallos en la ejecución del trabajo de los que Deloitte se autoexculpa y son susceptibles de servir de nueva artillería jurídica.
Su análisis fue precipitado -denuncia que dispuso de solo 12 días para un trabajo que suele consumir seis semanas-, muy parcial -reconoce que tuvo que estimar un colchón de provisiones imposible de precisar y que valoró algunos activos dañados tomando ‘catas’ excesivamente limitadas- y con datos desactualizados porque, en su mayoría, reflejaban la imagen del Popular al cierre de marzo.
Para entonces la entidad reportaba un ratio de calidad de máxima exigencia o CET1 fully loaded del 7,33%, ligeramente por encima del umbral impuesto por el BCE; y negociaba una fusión a varias bandas gracias a que la crisis de liquidez, esa que firmará su intervención el 6 de junio, no se había manifestado aunque sí llevaba algunos meses viendo salir ahorros de clientes.
Nada revelaba el dramático desenlace -el propio BCE y la JUR esperarán hasta mayo para analizar la situación de la entidad y tomarle el pulso a su evolución de forma pormenorizada-, pero Deloitte ya calcula que para entonces arrastraba un boquete en el ladrillo y financiación morosa de entre 5.300 millones y 10.400 millones. La horquilla se explica en el uso de hasta tres escenarios diferentes para fijar un precio al banco y cuyo resultado oscila entre -8.200 millones de euros y+1.300 millones, con una tasación intermedia de -2.000 millones que fue la seleccionada finalmente para resolver la entidad.
En el trabajo de analizar su ladrillo destapa que la cobertura de su exposición era muy inferior a la media del mercado y además había efectuado una “inadecuada” aplicación de la normativa (la “mayor parte de las inconsistencias identificadas son por la inadecuada consideración de las reglas ECO -aprobadas en la orden ministerial ECO/805/2003, del 27 de marzo", revela).
Aplicó mal una normativa de provisiones
Tomando de referencia la cobertura del sector, concluye que existía un desfase en provisiones de entre 2.494 y 3.192 millones, originados en su mayor parte por la mala aplicación de la ley. El Popular finalmente tuvo que provisionar 7.300 millones antes de pasar a propiedad del Santander durante la resolución aplicada por la JUR y que aniquiló sus recursos propios -casi 11.000 millones, entre ellos los 3.400 millones de accionistas y bonistas-, supuestamente basado en las valoraciones de la firma auditora.
El ladrillo es uno solo de los factores donde ve que precisa acumular hucha. Pero hay varios y todos, en su conjunto, elevan a entre 11.800 y 20.600 millones los ajustes a aplicar en el Popular bajo un escenario de venta, según Deloitte. La valoración intermedia son 14.700 millones, coincidente con el ejercicio de provisiones efectuado en la entidad antes de firmar la adjudicación al Santander, y que llevaron su capital a negativo obligando al grupo a ampliarlo en 7.000 millones.
En la hucha, y junto al citado saneamiento del ladrillo, incluye la extinción de 3.000 millones en activos fiscales imposibles de deducir al rendir cuentas a Hacienda y todos los activos intangibles por 2.200 millones (por ejemplo, el sistema informático o la marca, que desaparecerá cuando el grupo cántabro complete la integración de las redes de sucursales).
4.900 millones para litigios y romper alianzas
La valoración que sirvió de guía para la resolución incluye además nada menos que 4.900 millones en provisiones para contingencias legales como las cláusulas suelo y puede que la compensación a bonistas y accionistas, y las indemnizaciones por ruptura de alianzas del Popular (es socio de Allianz de Crédit Mutuel en cajeros o de Värder Partner en la monoline de tarjetas WiZink). Pero no desvela ni detalla a cuándo asciende cada una de las partidas, supuestamente para proteger los intereses estratégicos y comerciales del Santander.
El dato positivo es que pronostica que la operación rendirá una ventaja de 1.900 millones en sinergias al comprador por la normal reestructuración en casos de integración y porque recogerá los frutos del fuerte ajuste de personal ejecutado por el Popular en 2016 cuando buscó drásticos ahorros para salvar, sin éxito, su futuro.
El informe 'Hippocrates', nombre otorgado por la JUR al Popular para moverse con sigilo con el caso, adelanta cálculos sobre su valoración bajo escenario de liquidación, si bien figuran entre los episodios que el organismo dirigido por Elke König prefiere aún mantener bajo llave.
En las subastas efectuadas por el Frob en España siempre se ha encargado también a un independiente dicho cálculo para valorar las alternativas de la entidad, y lo ha divulgado en el momento de la adjudicación. Aquí permanece secreto con la curiosidad de que el siguiente gran informe a conocer es la valoración de Deloitte bajo la tesis de liquidación y qué trato habrían recibido sus acreedores. De ser mejor a la venta del Santander, Europa deberá compensarles por el perjuicio sufrido.
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