Las cajas culpan al Gobierno y supervisor de actuar tarde para resolver la crisis

Las cajas responsabilizaron hoy al Gobierno y al Banco de España de ser “cooperantes necesarios” en el colapso del sector de ahorros por no actuar cuando aparecieron las fragilidades. El presidente de la patronal del sector CECA entre 2002 y 2010, Juan Ramón Quintás, reveló que en 2009 pidieron, sin éxito, que se aprovechase la ventana abierta en Europa para recapitalizar bancos con ayudas para socorrer a las entidades que empezaban a presentar dificultades y atajar la excesiva politización de sus órganos de gobierno.

Se solicitó, aseguró en la comisión del Congreso que investiga la crisis, aprovechar las “extraordinarias facilidades de la Unión Europea” para hacer toda clase de ajustes y ante la sospecha de que las reglas se endurecerían después de que países como Reino Unido, Alemania o Francia “tuviesen esa necesidad”. “Luego se iban a cerrar esas ventajas” y las exigencia a cambio de recibir ayudas serían “draconianas”, relató.

El hecho de anteponer la intención de no afectar al déficit público buscando que las entidades resolviesen con sus propios medios los quebrantos, causó a su juicio un agravamiento de los problemas con el paso del tiempo y que, al final, el coste para el Erario haya sido muy superior al que hubiese cubierto de actuarse cuando el supervisor comenzó a detectar las fragilidades en las entidades.

Zanjar la influencia política

La CECA se dirigió ese mismo año, según su relato, al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que acometiesen “reformas legales” que cortasen “la influencia de los organismos públicos sobre las cajas” dado que la injerencia permanente de los Ejecutivos regionales para “obtener sus fines de Obra Social, crédito, etc” fueron “los verdaderos impulsores” de la expansión desaforada y con una gestión dudosa que socavó la solvencia de las entidades.

Hubo que esperar a 2012 a que ese “escandaloso” 75% de puestos que los poderes políticos ocupaban en los órganos de gobierno de las entidades de ahorros, se redujese al 50% y en 2013, con varias decenas de entidades nacionalizadas y adjudicadas en subasta pública, se topó en el 25%, refirió.

Quintás, quien fuera la voz del sector cuando las cajas precipitaron la explosión en la concesión de crédito hipotecarios que cercenó su futuro cuando la crisis apareció con total virulencia, explicó que el problema surge cuando en 1985 las Comunidades Autónomas asumieron el control regulatorio y en ciertos aspectos de supervisión de las entidades -los ligados a su gobierno- y quisieron operar como bancos. Negó que la presencia como tal fuese nociva, pero sí cuando influían en las decisiones de la entidad para su propio provecho aunque ampliase el riesgo indebido de la entidad.

El mal cambio de la política retributiva

Con su expansión a otras regiones y la entrada en nichos de negocios que antes no operaban, mutaron sus sistemas retributivos ligandolos a objetivos de beneficios y tamaño de balance cortoplacista, y desplazando el objetivo de la solvencia como prioridad, lo que alentó el crecimiento rápido del crédito sin los criterios conservadores exigibles. Los órganos de gobierno, plagados de puestos políticos, tenían además “baja sensibilidad al riesgo” y las exposiciones a las que dicha política de crecimiento les exponían, reconoció, matizando que hubo cajas que han surfeado con fortaleza la crisis porque supieron soslayar dichas presiones de mercado e injerencias nocivas.

Cuando estalla el crash inmobilario da directo al sector por su fuerte exposición -superior a los bancos- a la financiación de vivienda y pymes. Aquí apuntó Quintas, le pasó factura también la prohibición del Banco de España a haber desplegado redes fuera de España que contribuyesen a aumentar la diversificación, su fuerte sesgo al negocio hipotecario y que no cotizaban en bolsa.

La división de las cajas impidió salir a bolsa

El expresidente de CECA reconoció como un error del sector que las entidades no supieron ponerse de acuerdo para pedir al regulador de un instrumento de deuda que les ayudase a recapitalizarse, promoviendo la creación de unas cuotas preferentes que nacieron fracasada porque al carecer de derechos de voto no gustaban al inversor.

En este punto reconoció un mal recurso a deuda híbrida como las preferentes colocadas a clientes minoristas, y que ha sido considerada una mala práctica por los tribunales. “Podríamos hablar de un retraso negligente en la adopción de medidas que permitiese embridar la enorme expansión de la década 2000 a 2007 -del crédito- y remediar a tiempo los gravísimos problemas de solvencia cuando la crisis explotó”, estimó.