El ‘destape’ de los documentos confidenciales del Popular se aguarda con una mezcla de expectación y escepticismo. La Junta Única de Resolución (JUR) se ha comprometido a levantar el secreto sobre ciertos documentos -o pasajes- este mismo mes de enero en misivas dirigidas a los afectados, lo que implica conocer el contenido antes del jueves, salvo nueva e inesperada prórroga. Pero nadie espera que revele los puntos más críticos de los acontecimientos que rodearon el colapso y venta del banco.
La atención la copa el informe de Deloitte sobre valoración del Popular, por servir de base a una resolución que se llevó por delante 3.400 millones de euros en acciones y títulos de deuda propiedad de más de 300.000 inversores que ahora reclaman revertir la medida y recuperar su dinero. No es el único. Sobre la mesa del organismo dirigido por Elke König se acumula la petición de una veintena de documentos sobre el seguimiento de la entidad hasta su colapso y la letra pequeña de cómo se desencadenó la situación, y se decidió y ejecutó la resolución.
Afectados y ciertos bufetes consultados albergan dudas de que salgan a la luz a tenor del celo con el que la JUR los ha protegido hasta ahora con independencia de que acaben siendo exigidos por los tribunales que han abierto procesos sobre la resolución.
La misma decisión de divulgar ‘una versión no confidencial’ del informe que otorgó tres valoraciones al Popular -dos negativas de -8.200 y -2000 millones, y una positiva de 1.300 millones-, es obligada. La resistencia de la JUR fue férrea hasta que lo demanda su propio Panel de Apelación a instancias de varios afectados -es un cuerpo independiente de la JUR formado por cinco vocales, que dirimen sobre quejas procedimentales el organismo y que es el que fuerza a la autoridad a mejorar su transparencia-. Pero en ese requerimiento deja a criterio de la JUR decidir qué pasajes seguirán ocultos y aquellos que ya puede revelar por no ser tan sensibles o porque el simple paso del tiempo permite hacerlos públicos sin riesgos.
Las fuentes consultadas temen que se mantengan bajo llave, por ejemplo, el análisis del Banco Central Europeo (BCE) en el que concluyó que la entidad estaba fallando o iba a hacerlo muy pronto (el conocido como estudio ‘Failing or Likely to Fail’), los anexos de la carta dirigida por el Fondo de Resolución (Frob) a la gran banca para que pudiera efectuar una oferta sobre la entidad y donde detalla las condiciones del banco o el documento donde el Santander formula su propuesta de adquisición, y por qué se decidió actuar así en aquella madrugada del 6 al 7 de junio.
En documentación recabada por inversores que acudieron al Panel, la JUR ya excusó la imposibilidad de mostrar, salvo autorización de sus autores, dichos informes con un argumentario que las fuentes consultadas infieren que repetirá: sobre la oferta del Santander y el contrato de compra arguye que “contiene intereses comerciales” puesto que “la oferta responde a una decisión estratégica”, justificación que repite con el ‘Informe de Pasivos’ e ‘Informe sobre Funciones Críticas de 2017’ remitido por el Popular a la JUR.
Sobre la decisión del BCE refirió que se incardina en su tarea supervisora, donde preside “la obligación de secreto profesional” que protege, “no solo a la institución de crédito directamente afectada, sino también el funcionamiento del sistema bancario en su conjunto”.
La protección de la estabilidad financiera es, de hecho, la justificación nuclear de la JUR en la mayoría de la documentación que protege, en base al estudio elaborado por el bufete Linklaters que le asiste con el caso Popular, y sobre la que las fuentes consultadas son especialmente escépticas de que levante ahora el velo. Lo invocó para no publicar el plan de resolución aplicado en la entidad, el informe ‘Decisión de Venta’, distintos informes de la Comisión Ejecutiva de la JUR que versan sobre la situación de la entidad o la correspondencia entre la JUR, el Frob, el Banco de España y la entidad.
Los perjudicados alegan indefensión
Según arguyó, sacar a la luz cómo se elige la fórmula de resolución, se planifica y aplica, junto a consideraciones relativas a la evaluación de las condiciones de resolución “podrían dar lugar a reacciones adversas del mercado” e, incluso, poner obstáculos al organismo para actuar con rapidez en potenciales intervenciones futuras de otras entidades. O, lo que es lo mismo: no dar pistas sobre cómo se decide o, simplemente, su metodología para evitar especulaciones que perjudiquen la estabilidad del sector financiero.
Los afectados alegan, a su vez, indefensión al no poder conocer qué y por qué ocurrió ni qué influyó en la fijación del precio que llevó a cero su inversión. Ahí la clave, al menos, en sus demandas judiciales en la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es la tasación de Deloitte, cuyo estudio en una versión 'no confidencial' sí se comprometió Elke König a distribuir y que es probablemente casi el único documento sobre el que hay expectativas de que se conozca. En deferencia a la Comisión de Investigación de la crisis, prevé facilitarlo también a sus miembros en el Congreso.
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