Jueves, 24.05.2018 - 00:11 h
La auditora, salpicada por la salida a bolsa

Los bonistas reniegan de Deloitte para el informe del Popular tras el 'caso Bankia'

El bufete Quinn Emanuel, que representa a grandes fondos americanos 'pillados' en el banco', pide por carta a la JUR sustituir a la firma.

Una oficina del Banco Popular. / EFE
Una oficina del Banco Popular. / EFE

El encargo a Deloitte del polémico segundo informe sobre el Popular ha levantado ampollas entre los grandes fondos ‘pillados’ en la liquidación del banco. Y ya se han movilizado. El bufete estadounidense Quinn Emanuel, que representa a firmas que perdieron hasta 850 millones en títulos de deuda de la entidad, ha denunciado ante la Junta de Resolución Única (JUR) la “alarmante” asignación del contrato a la auditora, en una misiva a la que ha tenido acceso La Información. 

Es más, la carta, dirigida al jefe de la secretaría corporativa de la JUR, Jan Reinder de Carpentier, reclama directamente la sustitución de la firma. El informe final es, de hecho, un documento clave porque evaluará si los inversores hubiesen recibido mejor trato o no de haber llevado al banco a un proceso de insolvencia ordinario en lugar de adjudicarlo, por un simbólico euro, al Santander.

El despacho de abogados en cuestión ya reclamó anular la resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en representación del grupo de bonistas que perdió su dinero. Entre los afectados figuraban los fondos Algebris Investment, Ronit Capital y Anchorage Capital. En un inicio se esperaba que Pimco, la mayor gestora del mundo en renta fija, se adhiriese a dicha demanda, aunque finalmente se quedó al margen.

En la misiva, el bufete cataloga de “alarmante” la designación de Deloitte cuando se encuentra bajo el foco de un proceso que ha recibido un aluvión de demandas judiciales, al tiempo que recuerda que la firma se ha visto salpicada por el ‘caso Bankia’, en el que ha sido imputada como entidad. La carta, de tres folios, subraya que “es la misma empresa” que elaboró el “muy controvertido” informe de valoración utilizado por la Junta de Resolución para tomar una decisión que ha suscitado “más de 95 acciones de anulación ante el Tribunal General”.

Entre las críticas al documento subraya las expresadas por el presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, que en una comparecencia en el Congreso lo tachó de “grosería técnica” por las amplias diferencias de valoración, ya que tasaba al Popular desde un valor negativo de 8.000 millones a uno positivo de 1.300 millones. La carta cuestiona directamente a la firma recordando la multa de 10,4 millones que le impuso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac) por su actuación como auditor en Bankia, actualmente recurrida por Deloitte.

“Lo que debería hacer el SRB (siglas en inglés de Junta de Resolución Única) es nombrar a una empresa que sea completamente independiente de Deloitte” para elaborar el último informe, exige en garantía de la mejora valoración de los activos y pasivos el bufete, que se reserva iniciar actuaciones legales.

La ley permite un solo evaluador

El Reglamento nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre resolución de entidades admite en su artículo 20.11 que la valoración primera y última la efectúe la misma “persona independiente”, algo que fuentes expertas en regulación bancaria defienden que es lo razonable por el mayor conocimiento del proceso y de la entidad involucrada. Pero la polémica está servida.

El despacho estadounidense, que vuelve a reclamar el acceso al informe provisional de Deloitte que guarda con celo la JUR, ha sido particularmente crítico con la actuación del organismo. En su día acusó a la autoridad de errores en la decisión de resolución y la culpó de “violar” el secreto profesional por los comentarios que su presidenta Elke König efectuó a finales de mayo. Su reconocimiento de que a Junta de Resolución monitorizaba “de cerca” la crisis del Popular contribuyó a azuzar el ya latente pánico de ahorradores y bolsa.

Durante la resolución de la entidad se llevó a cero inversiones de accionistas y bonistas por casi 3.400 millones. El último informe de evaluación determinará si hubiesen recibido mejor trato de haber liquidado el banco en un concurso de acreedores obligando a Europa a compensarles por el quebranto causado en exceso. Su dictamen influirá también en la posible activación de los seguros CDS emitidos sobre los bonos del Popular -los credit default swaps, que protegen al inversor en caso de quiebra del emisor-.


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