Poco más de un año después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu encargase un peritaje sobre el origen y las causas de la resolución de Banco Popular en junio de 2017, los dos inspectores del Banco de España designados para tal efecto, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, han llegado a la conclusión de que la caída de la que entonces era la sexta entidad por activos de España se produjo por una salida masiva de depósitos desde el mes de mayo de aquel año que podría haberse contenido con una nueva ampliación de capital.
"En nuestra opinión, la ampliación de capital podía conseguir normalizar la situación de pérdida de depósitos en la entidad", reza el informe de los peritos, que atribuyen la salida de fondos a una serie de circunstancias como contínuas de bajadas de rating, noticias negativas en los medios, incumplimientos del plan de negocio, cambios en órganos directivos y a cambios de estrategia, sin encontrar un motivo concreto.
Para los inspectores, la simple financiación de la fuga de depósitos -que ascendió a más de 16.000 millones de euros entre mayo y junio- a través del programa de Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA, según sus siglas en inglés) del Banco de España no era suficiente para frenar la sangría. De hecho, según el informe, recuperar la confianza de los depositantes hubiera requerido una nueva ampliación de capital, una operación que consideraban "viable".
"Cabe decir que, aunque el Banco Popular era solvente, la simple financiación de la liquidez necesaria no sería suficiente para restaurar la confianza puesto que había que resolver el cumplimiento con los requerimientos de recursos propios, cumplimiento, que salvo que el BCE otorgara plazo, exigía, como hemos visto, una ampliación de capital que aparentemente era posible", dicen los peritos, quienes avisan, en todo caso, de que existía el riesgo de tener que recurrir a un rescate público si la operación no salía adelante.
"En caso de no suscribirse obligaría a conceder ayudas públicas en forma de capital que tendrían un riesgo de recuperación al deber constituirse en forma de acciones cuya devolución es más difícil que los bonos subordinados", advierten Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, autores del informe.
Aún así, como publicó 'El País', el equipo que lideraba Emilio Saracho, una vez que la opción de vender la entidad no había fructificado, tenía previsto realizar en el mes de septiembre de 2017 una nueva ampliación de capital de entre 3.100 y 4.050 millones de euros para aplicar provisiones extraordinarias con las que sanear su ladrillo -a raíz de una inspección sobre los activos adjudicados realizada por el BCE- y recuperar así la credibilidad de los inversores.
Para suscribir la ampliación de capital, el expresidente de Popular habría contado con el apoyo del empresario mexicano Antonio del Valle, quien se habría ofrecido a aportar 1.000 millones, de la familia Luksic y de Allianz, aunque existían dudas entre la Sindicatura . Por su parte, Barclays y Deutsche Bank se comprometían a asegurar la operación, que estaba previsto que se anunciara el 12 de junio de 2017 y que se terminó frustrando por la fuga de depósitos.
Sea como fuere, los peritos del Banco de España subrayan en su informe que el riesgo de ejecución de la ampliación de capital era "elevado", ya que perjudicaría a los accionistas de Popular, que asumirían las pérdidas de las mayores dotaciones acudiendo a la ampliación o las sufrirían por el efecto de la dilución, que, teniendo en cuenta el importe de la ampliación que se estaba planteando y la capitalización de la entidad, hubiera sido muy significativo.
Popular tenía valor
Sin tener en cuenta el episodio de la liquidez, los peritos del Banco de España sostienen que Popular era una entidad viable, ya que su "situación financiera" en los días previos a su quiebra era "mejor" que antes de la ampliación de capital de mayo de 2016 -esta operación se efectuó con un folleto cuyas cuentas que no respetaban la normativa contable-, aunque creen que, para cumplir con las exigencias de capital del BCE, posiblemente se hubiera tenido que suspender el dividendo, vender activos no estratégicos y carteras de activos tóxicos.
En este sentido, sugieren que, al ser capaz de generar de forma recurrente beneficios anuales antes de provisiones de más de 1.000 millones de euros, el valor del Popular -que finalmente se vendió a Banco Santander al precio simbólico de un euro después de amortizar 2.000 millones en bonos- era superior al que se le otorgó en el momento de la resolución tras un informe de la filial en Bélgica de Deloitte.
Así, aseguran que otorgar una valoración negativa de 2.000 millones de euros al banco cuando su patrimonio neto contable era de 11.088 millones de euros "solo sería justificable por ajustes muy significativos no contabilizados y nula capacidad de generar resultados positivos a futuro". "Las pérdidas de los inversores no se derivan de la insuficiencia del patrimonio del banco para absorber las pérdidas de sus activos, sino de la imposibilidad de atender las elevadas e inesperadas solicitudes de retirada de depósitos", defienden los peritos.
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