Las tres operaciones inmobiliarias que provocaron un agujero patrimonial en Banco de Valencia superior a los 160 millones de euros se aprobaron respetando las normas internas, de acuerdo con la versión prestada este lunes por el exconsejero delegado de la entidad, Domingo Parra, donde ha apuntado que se trató de “un éxito”.
Parra, que se enfrenta a cuatro años de prisión por el delito de administración desleal, ha explicado en esta primera sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional, que ha vuelto a revisar las operaciones –bautizadas como Nou Litoral, Valenciana de Viviendas y Faverche Desarrollos- y no ha encontrado error alguno en la participación de la entidad extinta.
En lo que respecta a la primera de las operativas investigadas, relacionada con la compra en 2013 de unos terrenos en las localidades de Pinedo, Campanar y Vergel, el principal acusado ha asegurado que estuvieron “encantados” de que les dejaran participar en un 20 por ciento de la inversión porque los socios que la pusieron en marcha eran empresarios con una “trayectoria inmejorable”.
Se refiere así a Juan Bautista Soler, expresidente del Valencia CF, y Salvador Vila, quienes se enfrentan a tres años y medio de cárcel también por su implicación en esta operativa que causó un perjuicio de más de 109 millones de euros al banco. En concreto, ha explicado que la sociedad compraba suelo no urbanizado, hacía un proceso de calificación urbanística, como poner alcantarillas o alumbrado, y posteriormente lo vendía.
El plan estratégico del BdV permitía su participación en sociedades (no necesariamente de índole inmobiliaria), por lo que este no fue un caso aislado ya que hizo lo propio en una docena de inversiones; eso sí, siempre previo estudio de mercado y de solvencia del cliente para analizar los posibles riesgos de la operación, ha añadido.
Respecto al ‘modus operandi’ Parra ha insistido al comienzo del interrogatorio que es totalmente habitual que desde la comisión de riesgos se diera el visto bueno a estas operaciones y posteriormente se llevara al comité ejecutivo para que éste se pronunciara sobre "su conocimiento o autorización”.
"No tengo nada que ver con esto"
“Yo no soy el responsable de presentar las operaciones ni de llevarlas a la comisión ejecutiva. No tengo nada que ver con esto; lo verdaderamente relevante es que la comisión ejecutiva lo aprueba pudiendo hacer lo contrario”, ha precisado Parra a preguntas del fiscal Anticorrupción Conrado Sáiz.
El comienzo del juicio ha estado marcado por discrepancias entre los abogados en torno a si Banco de Valencia es el principal damnificado por estos tres desarrollos urbanísticos o por el contra, lo es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que acabó inyectando 4.500 millones de euros para reflotarlo.
Tras deliberar sobre el asunto, la presidenta de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, ha descartado la expulsión del procedimiento del banco, puesto que ha estado personado desde el inicio de las actuaciones, sin perjuicio de que más adelante se resuelva sobre quién debe percibir las responsabilidades civiles acordadas.
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