Los bonistas liderados por Pimco están decididos a tocar todas las teclas al alcance para recuperar los 850 millones de euros volatilizados en el Popular. En el empeño de buscar documentos que puedan apoyar su demanda contra la resolución, plantearon batalla en Europa para acceder a la valoración íntegra de Deloitte, han ido a Estados Unidos buscando sacar a la luz informaciones confidenciales y en España persiguen la tasación encomendada por el Popular a JLL, que apuntaba un valor a la carga inmobiliaria superior al finalmente establecido en el rescate de la Junta Europea de Resolución, confirman varias fuentes.
La consultora recibió el mandato cuando la entidad presidida por Emilio Saracho trabajaba con una macroampliación de capital como principal opción para resolver los problemas. En fuentes cercanas a la firma descartan la existencia de un informe cerrado, con conclusiones definitivas, porque el trabajo se encontraba aún en elaboración cuando la asfixia de liquidez precipitó la entrega del Popular al Banco Central Europeo (BCE), poniendo en marcha la subasta exprés y el severo saneamiento decretado por la JUR previo a adjudicarlo al Santander.
Otras fuentes señalan que los trabajos ya indicaban una valoración 6.000 millones de euros superior a la asumida en el desenlace. El banco arrastraba un problema evidente de digestión del ladrillo porque el insuficiente nivel de provisiones dificultaba que vendiese de forma acelerada los activos sin incurrir en pérdidas. La hucha de dotaciones cubría teóricamente en un 45,2% la carga inmobiliaria y al 51,4% los créditos morosos, frente al 52% de red promedio que exhibía el sector.
Pero, para tener un diagnóstico más preciso de los problemas, averiguar si los activos se encontraban bien clasificados y conocer la necesidad real de dotaciones el equipo de Saracho había encargado la retasación de los 40.000 inmuebles en balance por su adjudicación a raiz de impago de deudas de clientes.
La estrategia conocida era cubrir el déficit vendiendo activos y ampliar el capital en 3.500 millones en paralelo para evitar que el esfuerzo de 'limpieza' hundiese la solvencia a umbrales peligrosos. Cuando el banco colapsa por la sangría incontenible de depósitos provocada por la creciente incertidumbre que rodeó su situación aún no se había puesto una cifra oficial al déficit e, incluso, se apuntó que el desconocimiento del problema real contribuyó a enfriar el interés de otras entidades financieras por el Popular.
La única cifra la establece, de manera indirecta, el organismo dirigido por Elke König: destinó 7.200 millones para tal contingencia dentro del ajuste por valor de 12.400 millones que cargó contra el patrimonio del banco. Para ese saneamiento echó mano de la inversión de bonistas y accionistas, amortizando sus títulos y valores en la entidad. El esfuerzo permitió elevar la red de provisiones al 69% del valor bruto de la exposición dañada, muy por encima del umbral sectorial. Un margen que, una vez adjudicado el Popular, ha facilitado al Santander sacarse el lastre en una transacción cerrada con Blackstone con agresivos descuentos.
Permitió la compra a bajo precio
La ofensiva de los bonistas en Luxemburgo contra la JUR pivota sobre el argumento de que incentivó la compra a un precio pactado, podía haber hecho más por la entidad y no había base legal para reducir a cero su inversión y la de accionistas. La denuncia la presentaron Pimco junto a otros grandes bonistas -Algebris, Ronit Capital, Anchorage y Cairn Capital-, que perdieron 850 millones en la resolución (489 millones solo Pimco), y en ella desacreditan que la JUR se apoyase en la “defectuosa” valoración de Deloitte, en cuyo informe se demuestra a su juicio que había otras alternativas.
Los bonistas coinciden con los mexicanos capitaneados por Antonio del Valle precisamente en culpar al organismo de resolución de ignorar los planes para ampliar capital. Según desveló el mismo exconsejero azteca del Popular contaba con el favor de Pimco y Luksic para inyectar 1.900 millones en el banco, ampliables si lograba el sí definitivo que negociaba con Allianz y Crédit Mutuel. Ambos grupos de inversores han acudido a Estados Unidos para intentar forzar al Santander a entregar informes hoy aún confidenciales sobre la resolución.
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