Tras meses y meses de especulaciones y a poco de que se cumplan dos años desde la adquisición del Popular por parte de Banco Santander ya se conoce el detalle sobre cómo es el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que quiere aplicar el grupo que preside Ana Botín para integrar la red comercial de ambos bancos en España. En total, la entidad quiere que se cierren 1.150 oficinas -una de cada cuatro- y que salgan un total de 3.713 empleados -uno de cada diez- cifras que podrían reducirse durante el próximo mes mientras transcurre la negociación con los sindicatos, cuyo plazo formal empezó este miércoles.
Se trata del segundo ajuste que realiza el primer banco de España, y uno de los más grandes de Europa, tras la compra del Popular a comienzos de junio de 2017. El primero, en el que salieron un total de 1.100 empleados, afectó a las oficinas centrales, mientras que en este el mayor 'golpe' se lo lleva la plantilla de la red de oficinas, que está previsto que se reduzca en un total de 2.847 trabajadores, el 13% del total, a los que hay que añadir 278 empleados más de los servicios centrales y otros 588 de estructuras centrales.
Aunque también salgan trabajadores y se cierren oficinas del Santander, estas cifras implican reducir a la mitad la plantilla que tenía el Popular en el momento de su caída, cuando el grupo cántabro se lo quedó al precio simbólico de un euro, aunque para poder asumir la operación y 'sanear' el banco tuvo que ampliar capital en algo más de 7.000 millones de euros.
Por territorios, Madrid es donde se producen un mayor número de bajas, con un total de 446, lo que supone el 16% del ajuste total de la red y una reducción del 11% de la plantilla en la región. Le siguen Andalucía, con 370 salidas, Cataluña (310), Valencia/Murcia (301) y Galicia (271). En términos relativos, no obstante, el mayor ajuste de plantilla se producirá en el País Vasco, con 164 salidas sobre una plantilla de 927 trabajadores, lo que una reducción del 18%, por delante la territorial de Aragón, Navarra y La Rioja (-17%) y Castilla-La Mancha (-16%), de acuerdo a los datos facilitados por fuentes de la negociación.
Andalucía y Galicia lideran el cierre de oficinas
Para justificar este ajuste masivo, Santander, que pretende que las salidas se completen antes de finales de año, alega un estancamiento del crédito y un escenario de bajos tipos de interés, lo que contribuye a rebajar los márgenes y a empeorar la eficiencia. Además, en un entorno cada vez más digital, considera que el número de oficinas que tiene es excesivo y también menciona criterios como la creciente litigiosidad que está experimentando el sector, con asuntos como las cláusulas suelo y el IRPH, entre otros.
En relación al cierre de oficinas, Andalucía (179), Cataluña (160), Galicia (135) y Madrid (131), son las comunidades donde se clausurarán más sucursales, puesto que son territorios donde Popular tenía una gran presencia tras la absorción de Banco Andalucía y Banco Pastor. Santander no obstante, no ha detallado qué cuáles son las oficinas que echaran el cierre. Por contra, La Rioja (11), Murcia (19), Cantabria (19) y Aragón (24) son las regiones menos afectadas.
Los representantes de los trabajadores tienen confianza en que durante el transcurso de la negociación, que se va a prolongar durante el próximo mes, se pueda reducir el número total de despidos, como ocurrió durante el último ERE, cuando las conversaciones comenzaron por las 1.500 bajas y finalmente se logró rebajar la cifra total hasta las 1.100. No obstante, son poco optimistas respecto al cierre de sucursales y esperan que el número se quede tal y como está, como ha sucedido con el reciente ajuste que ha aplicado CaixaBank.
Asimismo, los sindicatos inmersos en las negociaciones esperan que el ERE se pueda completar mediante prejubilaciones y bajas incentivadas en unas condiciones similares a las del ERE de 2018, cuando los mayores de 55 años recibieron el 80% de su salario bruto. Actualmente, unos 4.000 trabajadores de la plantilla del banco en España supera esta edad, según cálculos de los sindicatos, lo que podría favorecer la voluntariedad.
Sinergias de 750 millones por Popular
Esto permitiría a Ana Botín, que se ha comprometido a encontrar un nuevo empleo fuera del banco a todo aquel trabajador que se acoja al ERE y así lo desee, resolver la negociación sin un ruido mediático excesivo, al contrario de lo que ha ocurrido en otras entidades donde se han tardado meses en alcanzar acuerdos con la plantilla.
Para la entidad, el ajuste contribuirá a reducir en 750 millones de euros los gastos anuales de Popular antes de su adquisición. Estas sinergias son un 25% superiores a lo previsto inicialmente como consecuencia de un escenario económico más gris al que tenía proyectado el grupo cántabro en junio de 2017, cuando se ejecutó la compra. Así, a falta de conocer el coste del proceso, Botín espera conseguir una rentabilidad sobre la inversión del 13-14%.
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