Las negociaciones entre Unicaja y Liberbank para determinar el peso que ostentaría cada una de las partes en la entidad resultante de su fusión afrontan su recta final. Con las ‘due dilligence’ ya terminadas (a falta de algún fleco), el equipo directivo de la antigua caja andaluza, en sintonía total con su principal accionista, insiste en sus fundamentales para controlar el 60% de la nueva entidad, mientras que desde Liberbank se maniobra hacer valer la evolución de la cotización y poder situar la ecuación de canje en el entorno del 55%-45%.
En este contexto, la próxima semana se antoja decisiva para ver si se llega a un acuerdo respecto al reparto accionarial que satisfaga a ambas partes, cuyos principales dirigentes cuentan en su historial con varias operaciones frustradas, como la creación de Banco Base en el caso de Manuel Menéndez o la fusión con Caja Castilla-La Mancha o Ibercaja en el de Braulio Medel, que a día de hoy es presidente de la Fundación Unicaja y cuya capacidad de influencia dentro del banco todavía es muy significativa a pesar de haber sido relevado al frente del mismo por Manuel Azuaga hace casi tres años.
Aunque ninguna de las partes piense que la operación pudiera estropearse, Unicaja, que no está dando su brazo a torcer, está convencida de que Liberbank es quien más tiene que perder si no acepta sus términos y ambas deben continuar con su camino en solitario en un entorno de bajos tipos e interés que nubla la rentabilidad futura de las entidades.
Además, Menéndez tiene el puesto de consejero delegado asegurado -ya se verá el reparto de funciones- en la entidad resultante de su fusión con Unicaja -la presidencia sería para Manuel Azuaga-, algo que no estaría tan claro si la operación no sale adelante y Abanca, que ya manifestó su interés en realizar una OPA sobre Liberbank, vuelve al ataque.
Sea como fuere, el tiempo apremia, pues los consejos de administración de ambas entidades deberían aprobar su proyecto de fusión antes de junio si quieren que la operación se ejecute sobre las cuentas anuales de 2018, sobre las que se ha realizado las ‘due dilligence’ y cuya ‘fecha de caducidad’ es a cierre del primer semestre del ejercicio.
Una vez se apruebe el proyecto de fusión, se necesita un mes para que un experto independiente nombrado por el registro mercantil emita un informe en el que evalúe los términos de la operación y su razonabilidad ('fairness opinion'). Las previsiones apuntan a que esto tendría lugar en el mes de mayo, momento en el que los consejos de administración de ambos bancos deben reunirse de nuevo para convocar sendas juntas de accionistas, cuyo anuncio debe producirse con un mes de antelación.
En estos encuentros, que serían de carácter extraordinario y se celebrarían a mediados o finales de junio, es donde los accionistas de ambos bancos deben dar su visto bueno a la fusión, que de fructificar podría estar cerrada de cara a finales de año. Queda por ver, no obstante, si finalmente se ejecuta una ampliación de capital para seguir las directrices del Banco Central Europeo (BCE) y reforzar el capital de las entidades.
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