Ron y uno de sus ejecutivos suman 17,73 millones en pensiones tras dejar Popular

  • El Santander reclama hasta 23 millones en otras compensaciones para ambos altos exdirectivos y el exconsejero delegado, Francisco Gómez.  
Ángel Ron sostiene que la compra del Banco Pastor es el inicio de otra ronda de consolidación financiera
Ángel Ron sostiene que la compra del Banco Pastor es el inicio de otra ronda de consolidación financiera

La caída del Popular ha colocado en el foco las múltiples huchas construidas por la entidad para asegurar un retiro cómodo a sus primeros espadas. El Santander ha dado pasos para reclamar todas las compensaciones establecidas bajo la fórmula de retribución variable -incluidas las diseñadas para servir de sistema de prejubilación-, sin cuestionar los complementos de pensiones tradicionales y por los que Ángel Ron y Francisco Aparicio Valls podrán percibir hasta 17,73 millones de euros cuando alcancen la edad de jubilación y cobren el correspondiente subsidio por retiro de la Seguridad Social.

Son las aportaciones contempladas por la entidad a través de una póliza con Allianz en favor del que fuera presidente entre 2004 y febrero de 2017, y del consejero ejecutivo, secretario del máximo órgano de administración y probablemente el último de los estrechos colaboradores del legendario Valls Taberner que aún permanecía en la entidad. La hucha del banco para Ron, que este año cumplirá 56 años y entró en el banco en 1984, se eleva a 12,39 millones; mientras, la de Aparicio es de 5,34 millones, desvela la entidad en su Informe Anual.

Mucho más lejos se sitúan los planes de previsión social fijados para el resto de consejeros ejecutivos. El contrato de Emilio Saracho, que asumió la presidencia el 20 de febrero de 2017, preveía que el banco apartase 500.000 euros para su jubilación al año y otros 700.000 para Pedro Larena, fichado en septiembre de 2016 como consejero delegado; salvo en caso de cese, en cuyo caso la cifra se recortaría a la mitad. Con los citados ajustes y por el escaso tiempo al frente de sus cargos, el plan de pensiones de Saracho cuenta finalmente con apenas 73.287,67 euros a su favor; el ahorro construído para Larena asciende a 172.602,74 euros, y el correspondiente a Ignacio Sánchez Asiaín, contratado para suceder a Larena cuando dejó sus cargos sorpresivamente en abril, de 41.091,78 euros.

Con la ley en la mano no hay razón para cuestionar su percepción aunque Allianz decidió bloquear su abono a Ángel Ron, previa consulta al juez de la Audiencia Nacional, y está en pleito con el expresidente, que ha decidido recurrir dicha iniciativa por considerarla una actuación ilegal.

El grupo presidido por Ana Botín ha decidido reclamar el resto de retribuciones variables, instrumentadas por el Popular para garantizar una prejubilación a su cúpula -y a falta de indemnizaciones-, por un importe conjunto que excede los 23 millones de euros, y que afecta principalmente a Ángel Ron.

Activación de las 'clawback' 

Su decisión es activar las cláusulas bonus-malos o 'clawback' incluidas en los contratos y que permiten exigir la devolución de las remuneraciones variables ya cobradas y paralizar las que deben devengarse cuando el banco entra en pérdidas o sufre una resolución, en aplicación de la doctrina del BCE y la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Tras consultar con dichas autoridades retrotrae el requerimiento a las retribuciones variables originadas desde 2013 -en 2015 y 2016 no se devengaron al sufrir el banco ‘números rojos’-. Afecta de lleno al seguro contratado por el Popular con Mapfre y que garantizaba una compensación por prejubilación a Ángel Ron de 12,8 millones -adicional a la de Allianz-, y el de 9 millones contratado en favor del que fuera su consejero delegado hasta junio de 2016, Francisco Gómez, y quien se embolsó 1,14 millones en el momento de su despido en concepto de indemnización no recuperables.

El Santander ha solicitado a Mapfre que congele los abonos y a ambos directivos la restitución de lo percibido, además de no aportar otros 1,05 millones comprometidos para un complemento similar en favor de Francisco Aparicio. Los tres directivos era beneficiarios de un plan de incentivos, pagadero en diferido al 50% en acciones y efectivo en un plazo de varios años y al que se extiende también la reclamación. No deben devolver las 32.011 acciones recibidas en 2016 porque se amortizaron con la resolución, pero ni recibieron las 32.011 que les correspondía el pasado año ni obtendrán las 22.107 previstas durante 2018. En lo que respecta al ‘premio’ en cash, percibieron 138.338 euros en efectivo en 2016 que el grupo les demanda reintegrar y se quedarán sin ingresar los 230.475 euros correspondientes al bienio 2017-18.

La activación de la cláusula clawback se extendería a Emilio Saracho y los dos últimos consejeros delegados, Pedro Larena e Ignacio Sánchez Asiaín; si bien ninguno debe, en la práctica, restituir cuantía alguna. Larena ha iniciado una reclamación judicial, al negársele el cobro, mientras que Saracho renunció a la indemnización (1,5 millones) y Sánchez Asiaín carecía de ella.

No obstante, los cinco exejecutivos cobraron 10,93 millones de euros entre 2016 y 2017 por sus responsabilidades al frente del Popular. En la cuantía se incluye el millón de euros que cobró Pedro Larena como prima de contratación y los 4 millones recibidos por Saracho en idéntico concepto. El primero apenas estuvo nueve meses en la entidad y el expresidente tan solo cuatro. Para Rami Aboukhair, que suma a sus funciones de consejero delegado del Santander España la responsabilidad en el Popular, el grupo cántabro ha determinado que no percibirá nada adicional al sueldo que ya recibía por el cargo.

Mostrar comentarios