Dos sentencias han concluido que Banco Santander deberá devolver los 40.000 euros que dos dos antiguos clientes de Banco Popular que invirtieron en acciones de esta entidad antes de que se cerrase la operación. El despacho de abogados Jaime Navarro, encargado de la defensa de los dos inversores, asegura que hubo una "falta de información veraz" sobre el estado real de las cuentas de Popular en el momento en que ambos demandantes efectuaron sus adquisiciones.
Los Juzgados de Primera Instancia número 4 y número 8 de Santander han emitido dos sentencias en las que se le da la razón a los demandantes. El primero adquirió 10.000 acciones de Banco Popular por un importe de 4.595 euros en varias transacciones en abril y junio de 2017 mediante "una información defectuosa" que le transmitieron los empleados.
Para el despacho de abogados, esta información "no fue correcta", ya que apuntaba a que las cuentas de la entidad estaban saneadas y que se preveía una evolución positiva de las acciones, cuando días después el inversor lo perdió todo al ser amortizadas tras su venta al Santander.
"No se informó debidamente al consumidor"
La sentencia explica que "la parte obligada legalmente a informar correctamente no puede objetar que la parte que tenía derecho a recibir dicha información correcta debió tomar la iniciativa y proporcionarse la información por sus propios medios". Así, la sentencia añade que "no se informó debidamente al consumidor de una posible falta de solvencia" no solo de liquidez del demandado, sino también de las cuentas presentadas por la entidad durante ese tiempo, que arrojaban una pérdidas en 2016 de 3.485 millones de euros.
Por ello, el juez condena al Popular, ahora Banco Santander, a la restitución de la entidad completa invertida en las acciones más intereses, al entender la nulidad al contratar estas acciones.
"Los datos que ofrecieron no eran reales"
Asimismo, el Juzgado de Primera Instancia número 8 ha condenado a Banco Santander a la indemnización de daños y perjuicios por la compra de 36.000 euros en estas acciones bancarias que adquirió el otro cliente en su oficina de Banco Popular en el mes de septiembre de 2016.
En este caso, la sentencia repasa la jurisprudencia favorable de diferentes juzgados y Audiencia Provinciales sobre esta materia concreta de acciones del Popular determinando que "a partir de la suscripción de las acciones, se empiezan a producir en el banco una serie de circunstancias que hacen presumir razonablemente que los datos ofrecidos en la citada nota no eran reales".
Entre ellas, cita las dimisiones de altos cargos de la entidad bancaria, unas pérdidas muy superiores a las previstas o reducciones de la plantilla. "Estos datos no habían sido recogidos en toda su crudeza en la nota de valores, siquiera como riesgos previsibles próximos", admite la sentencia.
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