Las dudas sobre la fiabilidad de las cuentas con las que el Popular acudió al mercado a ampliar capital en 2016 han abierto una veta para litigar a los inversores afectados con la que están consiguiendo triunfos en numeroso tribunales. El Santander, que heredó los activos y pasivos del banco con su compra -deberá correr, por tanto, con las compensaciones por juicios-, defiende la operación de Ángel Ron y sostiene que la reducción a cero de acciones y bonos durante su resolución nada tiene que ver con aquella transacción.
“La información económico-financiera de Banco Popular incorporada al folleto de la ampliación de capital de 2016 cumplía con el marco normativo de información financiera aplicable y representaba la imagen fiel de la entidad, como fue confirmado por la firma de auditoría externa, que emitió opinión favorable sin salvedad alguna sobre esos estados financieros”, refiere el grupo desde la dirección de Reclamaciones y Atención en contestación a los requerimientos de un afectado. “El folleto -agrega-, que fue supervisado, aprobado y registrado por la CNMV, advirtió de los concretos riesgos de diferente naturaleza de la inversión, tanto de los asociados al emisor, como a su sector de actividad y a las propias acciones”.
En la misiva se compadece del perjuicio creado al cliente -“lamentamos”, refiere, las pérdidas-, y lo explica en la excepcional y grave situación que sufrió la entidad: la resolución del Popular, “acordada por las autoridades europeas competentes, es ajena a la información facilitada a los inversores en el folleto informativo de la ampliación de capital de 2016 y, en particular, a la situación del Banco Popular que se contempló en aquel momento. Se debe a hechos posteriores”.
Como se ha afanado en explicar desde que asumió la propiedad de la entidad hace hoy justo un año el grupo insiste en que el ‘rescate’ lo decretó la Junta Europea de Resolución (JUR) -lo aplicó el Frob-, se adjudicó después y la compra por parte del Santander ha sido beneficiosa porque “garantizó los depósitos de clientes y la continuidad de la actividad del Popular con normalidad”.
Su línea argumental, coincidente con la estrategia defensiva desplegada por Ángel Ron, cobra sin embargo relieve ante la lluvia de sentencias judiciales que están obligando a resarcir a accionistas y bonistas, al considerar los magistrados probado que “la imagen de solvencia publicitada y divulgada no se correspondía con la situación económica real” o directamente que “las cuentas anuales de 2016 no eran correctas”.
El Popular acudió a los mercados en junio de aquel año para captar 2.505 millones de euros con el fin de sanear el balance. En el folleto de emisión advertía que precisaba dotar 4.700 millones y registraría pérdidas de 2.000 millones con el esfuerzo. Al final, provisionó casi 5.700 millones y los números rojos saltaron los 3.600 millones. La sombra sobre la veracidad de las cuentas crece además con los ajustes por 600 millones en capital y saneamientos aflorados bajo la presidencia de Emilio Saracho, y la acusación por parte de Hacienda de que usó firmas offshore para ocultar créditos por valor de 196 millones a empresas al borde de la insolvencia, evitando así el reconocimiento contable como fallidos.
Esfuerzos de Ron por probar la fiabilidad de las cuentas
Se alinea con los primeros pasos dados por la defensa de Ángel Ron, cuyo bufete trasladó ocho informes a la Audiencia Nacional para su incorporación a la prueba pericial encargada por el juez Fernando Andreu a los inspectores del Banco de España Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, a fin de que analicen la situación real de la entidad y la razón del colapso. Este tribunal ha acotado la investigación judicial a los ejercicios 2016 y 2017, frente a la demanda creciente de numerosos bufetes para que retrotraiga el estudio a 2012, cuando el banco efectuó otra macroampliación por valor de 2.500 millones.
El letrado de Ron busca defender que sus cuentas no estaban maquilladas ni escondían bajo las alfombras activos dañados para evitar reconocer quebrantos. Por eso ha entregado estudios encargados a EY y KPMG donde validaron al Popular que su procedimiento de reconocimiento de los riesgos y sistema de dotación era acorde a la normativa; y los últimos documentos de PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre el ajuste contable aflorado durante la etapa de Saracho y tras la resolución, donde da un espaldarazo a sus últimas cuentas desligándolo -como el Santander- del ‘salvamento’ de la JUR.
Es precisamente ahí donde se librará la batalla legal porque si se concluye que los estados financieros no eran fiables como ocurrió con la OPV de Bankia, la entidad deberá reparar el perjuicio -el Santander, como heredero de los costes de litigio-. Otra contienda es frente a la JUR y si los afectados pudieron recibir mejor trato de haber llevado el banco a un proceso de insolvencia. El estudio se lo encargó a Deloitte y si sale positivo, tocará a Europa compensar por el perjuicio de más.
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