Martes, 19.03.2019 - 07:53 h
Prevé desgravarse 1.000 millones por el banco

Santander desvela que el Popular colocó el 43% de la ampliación en las sucursales

El banco descarta un fuerte foco de litigios por dicha operación "si se aplica la doctrina Bankia"  gracias al bono que entregó a clientes

Fotografía Banco Popular, nuevo
Fotografía Banco Popular, nuevo / José González

El Santander confía en que la ampliación de capital del Popular de 2016 no se traduzca en un grave foco de problemas judiciales pese al inusual sistema con el que se cubrió. El banco utilizó la red de sucursales como una máquina de colocación y vendió a través de sus ventanillas el 42,7% de la emisión, lo que significa que “acudieron muchos clientes y empleados”, relató hoy Rodrigo Echenique, presidente del Santander España y Popular.

La irregular prescripción es evidente cuando en 2012, ejercicio en el que levantó una cifra idéntica de 2.500 millones de euros, había colocado el 24% del importe y aún así fue un peso excesivo, ya que son operaciones que “normalmente suelen suscribirse por institucionales”, refirió durante su intervención en la Comisión que investiga la crisis en el Congreso.

El dato da pistas sobre las dificultades que encaraba la entidad para prescribir las acciones con la cotización a la baja y después de haber diluido a sus titulares con dos megaoperaciones desde que salió señalado en la prueba de esfuerzo de Oliver Wyman en 2012, y lo mucho que se jugaba. Otro indicador del desafío aflorará cuando su auditoría interna bajo la presidencia ya de Emilio Saracho, descubre que había ‘inflado’ la solvencia en 204 millones porque los inversores compraron títulos con préstamos por dicha cuantía otorgados por la entidad.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) señalará en la investigación incorporada a la causa abierta en la Audiencia Nacional que la red recibió instrucciones para dicho proceder desde la ejecutiva. El cálculo de Echenique lo facilitó al explicar que la primera medida adoptada por el Santander se dirigió a recuperar la confianza de clientes maltratados precisamente por embarcarse en esas inversiones y plantillas, que además de invertir, han tenido que dar la cara a sus clientes por el fiasco de una inversión aconsejada.

El grupo cántabro articuló un bono de ‘fidelización’ que permitirá a los inversores particulares recuperarse de sus quebrantos siempre que mantengan siete años la inversión y a cambio de renunciar expresamente a iniciar acciones judiciales contra el grupo. A preguntas directas de los diputados, el banquero negó que se idease para desactivar los litigios y lo ligó al deseo de fidelizar clientes, ya que su oferta excluía a los que no lo son y a los inversores institucionales.

El mismo Santander llegó a cifrar en 1.100 millones el potencial coste judicial por la ampliación de 2016 cuando evaluó la entidad en el proceso abierto por el equipo de Saracho para su venta, si la justicia acababa determinando que salió a los mercados con cuentas irreales. Echenique defendió los últimos estados contables de Ángel Ron, asegurando que “no hay ocultación” ni ha detectado “inexactitudes” o “falsedades”.

En su intervención destiló tranquilidad porque, a pesar de la sucesión de sentencias condenatorias sobre la ampliación, explicó que todas están fundamentadas en la comercialización, es decir, que las acciones o bonos se vendieron mal. Un 77,87% de los clientes particulares aceptaron los bonos por los que renuncian a pleitear. Y en los institucionales entiende que no hay posibilidad de que prospere una reclamación si se aplica la doctrina Bankia ya que el juez determinó que los inversores profesionales saben bien el riesgo que asumen con su inversión. "Los bonistas tenían un interés del 8,5% en la emisión de 2015 y del 11% en las de 2016 cuando los tipos de interés estaban a cero. Que no me diga nadie que no sabía el riesgo que corría", refirió.

El grupo tuvo que estabilizar la entidad con una inyección de 13.000 millones de liquidez el mismo día que se la adjudicó y recomponer la solvencia con una ampliación de capital de 7.000 millones. Entre los activos que heredó figuran unos 4.000 millones en créditos fiscales. El pasado año activó 400 millones y en 2018 solicitará utilizar otros 1.000 millones. Corresponderá al Ministerio de Hacienda decidir si lo hace mediante pago o compensación, detalló Echenique.

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