Santander: "Aquí no ganamos dinero y somos los que más pagamos de la UE"

El consejero delegado de Banco Santander José Antonio Álvarez, aprovechó ayer su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera para arremeter contra el impuesto a la banca, como hizo un día antes el consejero delegado del Grupo CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

Álvarez advirtió de los efectos de impulsar "cambios relevantes en la fiscalidad o estigmatizar a la banca", ya que es algo que "no ayuda a generar un buen ambiente de inversión". "Se habla mucho estos días de impuestos a las empresas o al sector bancario", apuntó el responsable del Santander, quien reclamó que "estos debates fueran racionales".

Según Álvarez, "un aumento de los impuestos al sector financiero no ayuda a que la banca haga su labor de financiar a la economía española". El 'número dos' del Santander explicó que "competimos en la atracción de inversión con países con una fiscalidad más favorable", lo que puede hacer a España "perder competitividad y oportunidades de crecimiento".

Según informa Servimedia, Álvarez expuso que el sentimiento hacia España "sigue siendo positivo", pero alertó de que "hay riesgos cada vez mayores", que exigen "ser responsables y prudentes en la toma de decisiones". Por ello, subrayó, es "necesario no generar incertidumbre en los inversores internacionales y mantener la competitividad de las empresas".

El 'número dos' del Santander apuntó que la economía española tiene recorrido para continuar creciendo por encima de la media europea, aunque para ello "tiene que seguir atrayendo inversión y creando un marco estable de inversión a largo plazo".

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Además, subrayó que en estos momentos se observa una "mayor incertidumbre" sobre la evolución de la economía española. "En este contexto debemos seguir haciendo esfuerzos para continuar atrayendo inversión extranjera y favorecer que empresas y particulares continúen invirtiendo y generando empleo".

El consejero delegado del Santander quiso dejar claro que "la banca es clave para un país, y si no es rentable no puede hacer bien su labor", para añadir que "apoyar a los bancos españoles es apoyar a la economía española".

Sin beneficio en España

Respecto a la situación concreta del Santander, Álvarez indicó que el banco "no gana dinero en España" y que "todo el beneficio viene de otros países". Por ejemplo, el 60% del beneficio viene de América Latina y el 21% de Reino Unido.

Desde hace seis años, afirmó, el negocio total en España del grupo, que incluye el Banco Santander España, el centro corporativo y la división Inmobiliaria, "no genera beneficios".

Sin embargo, la contribución total del Banco Santander al "sostenimiento público" el año pasado fue de 1.130 millones, de los que, por ejemplo, 403 millones son de IVA que no pueden repercutir y 455 millones de pagos a la Seguridad Social por cuenta del empleador.

"Somos el banco con mayor carga fiscal en Europa", dijo, para añadir que la carga fiscal del Grupo Santander en el segundo trimestre del 2018 se situó en el 36%. "Esta carga fiscal es la mayor de entre los bancos comparables en Europa, cuya media es de alrededor de 25%", añadió.

Resolución sobre Popular

Durante su comparecencia, Álvarez atribuyó la resolución de Banco Popular y su posterior venta por euro a su baja rentabilidad, que le impidió llevar a cabo una ampliación de capital del volumen que necesitaba.

Según explicó Álvarez, Popular tenía necesidad de ampliar capital y, por su característica de entidad cotizada, tenía acceso al mercado (en teoría). "Pero la baja rentabilidad del banco y de perspectivas de mejora hicieron que no pudiera acudir al mercado en la cantidad que necesitaba para evitar su intervención y subasta con adjudicación a Santander", señaló el directivo.

De esta manera, fue la entidad presidida por Ana Botín la que "tuvo" que ampliar capital por 7.000 millones de euros, una capacidad de acudir al mercado que "solo se gana a base de tener una base inversora que crea en el futuro del banco", aseguró Álvarez, quien apuntó que la compra de Popular -cuyo proceso de resolución se hizo con capital privado- ahorró al Estado entre 28.000 y 36.000 millones de euros.