El expresidente del Popular, Emilio Saracho, reconoció hoy que contribuyó a precipitar la caída de la entidad “porque estaba obligado a saber lo que pasaba” levantando las alfombras. Su diagnóstico resultó ser nefasto porque se topó, sin siquiera sospecharlo, con una “bomba de relojería” en riesgo de estallar en cualquier momento que podría haberse desactivado de haber adelantado la salida de su antecesor, Ángel Ron, dos años atrás.
El exvicepresidente de JP Morgan, que asumió el timón entre el 20 de febrero y el 7 de junio de 2017 -día de la resolución-, aseguró que el desalojo de la presidencia de Ron habría evitado que se embarcase en la ampliación de capital tan dilutiva que efectuó en 2016, haciendo prácticamente inviable formular otra operación de capital. Según sus números, el banco tenía un agujero de 5.500 millones y habría tenido que captar 4.000 millones, después de vender Totalbank y WiZink.
En una intervención que se prolongó casi cinco horas y donde no eludió pregunta alguna asimiló la situación del banco al de una “bomba de relojería” que había que resolver o estallaría con consecuencias impredecibles para el conjunto del sistema financiero. La entidad estaba “condenada” en su opinión por los 37.000 millones en inmuebles que anegaban su balance, imposibles de dotar con recurso a beneficios y una solvencia que caería por debajo del mínimo regulatorio en junio.
En un discurso directo e incisivo aseguró que el banco era “una caca”, sin opciones de futuro independientes y que de haber logrado salir adelante otros meses y resistirse se hubiese impuesto una solución a la italiana, poniendo al Estado ante la tesitura de inyectar 20.000 millones de euros con cargo al bolsillo de los contribuyentes o pasar ese ajuste en forma de quitas a depositantes y bonistas.
Durante una intervención en la que llegó a dejarse vencer por la emoción relatando los últimas horas del banco y cómo se preparó para la liquidación si fracasaba la resolución, afirmó que “no sabía” que situación real del banco y que cuando averiguó su funesto futuro evitó presentar la dimisión para evitar un mayor pánico por responsabilidad. Reconoció errores de gestión, aunque subrayó que él, junto a su equipo, se “dejó la piel” para sacar adelante el proyecto. “A diferencia de Ron, no me siento satisfecho de cómo se ha resuelto la entidad”, indicó.
El mal del banco fue la desaforada entrada en el mundo inmobiliario, cuya losa dijo que no se redujo en ningún ejercicio, ante la permisividad y “pastoreo” de los supervisores, y por “trampas” para ocultar bajo apariencia de saludable activos dañados. Algo que, según explicó, saldrían cuando revisa las cuentas de 2016 por consejo de Uría Menendez y que puso a la entidad en riesgo de desaparecer mucho antes, en el mes de marzo, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quería que reformulase las cuentas y lograron evitar, formulando los ajustes bajo una reexpresión.
A Saracho se le ha reprochado alentar el pánico, en lo que Ron sostiene que fue una decisión querida para hundir la cotización y poder cerrar una operación corporativa, empezando por avisar en la junta de accionistas de abril sobre la necesidad de abordar una macroampliación de capital o fusión para salir adelante. El banquero aseguró que volvería a decir lo mismo. “¿Es mejor mentir para salvar el banco?”, formuló en una pregunta retórica, apostando por que en banca debe imperar la transparencia y la información.
El banquero reconoció que el problema de liquidez se produjo por la riada de malas noticias -dijo que tuvo que emitir hasta 70 hechos relevantes-, pero fijó el punto de inflexión donde esa sangría se tornó inmanejable a las declaraciones de Elke König desvelando que la Junta Europea de Resolución estaban monitorizando el banco por si tenían que actuar. Ese hito precipitó la hemorragia a su juicio y lanzó un mensaje a los bancos que estaban analizando al Popular de que igual podrían adquirirlo más barato si esperaban a la resolución.
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