De repente el desafío de las 'fintech' y las dificultades de los bancos a la hora de retomar el camino de la rentabilidad en el mundo post-crisis han abierto paso al cambio climático y la transición energética como elemento principal de debate en torno al futuro del sector financiero. A ello ha contribuido la nueva presidenta del BCE, Christine Lagarde, al plantear que la autoridad monetaria europea se implique de forma directa en la lucha contra el cambio climático -lo cual ha generado un animado y no pacífico debate en Frankfurt- y sobre ello ha querido opinar también el Banco de España en un artículo publicado por la subgobernadora de la institución, Margarita Delgado, en el último número de la Revista de Estabilidad Financiera, en el que alerta de los riesgos de utilizar a la banca para acelerar la transición hacia una economía más verde.
Delgado advierte de que cualquier medida que se adopte desde la instituciones en materia de transición energética que afecten a la normativa de solvencia de las entidades debe ser "escrutada en profundidad" para determinar su eficacia y evitar que deteriore la solvencia de las entidades. La subgobernadora se refiere en concreto en su artículo al debate en el seno de la Unión Europea en torno a la eventual introducción de medidas para incentivar o penalizar la financiación de las actividades productivas más vinculada a la transición energética, en el caso de los incentivos, o más contaminantes, en el caso contrario.
Lo que pretende la iniciativa europea es establecer requerimientos de capital más elevados a la financiación de las actividades más contaminantes, lo que se ha dado en llamar 'brown penalizing factor', y relajar los requerimientos para la financiación de actividades de la 'economía verde', lo que se consigna como 'green supporting factor' para intentar favorecer la reorientación de los flujos del crédito bancario hacia los sectores más vinculados a la transición ecológica.
La subgobernadora del Banco de España alerta sobre los riesgos de implementar esta estrategia sin las cautelas adecuadas y lo hace a partir de la información disponible por parte de la entidad, que apunta claramente a que los ratios de morosidad son menores en los sectores señalados como más contaminantes lo que atribuye por una parte a la elevada concentración empresarial en esos ámbitos y también a que la falta de internalización de los costes climáticos de su actividad les permiten un mayor margen de beneficios. "Estas ramas presentan una calidad crediticia mejor (ratio de morosidad menor) que el resto de las ramas, al menos tras la crisis financiera global", asegura.
La número dos del supervisor financiero español señala que a la luz de los datos disponibles para España la exposición a las ramas de actividad potencialmente más afectadas por la transición energética alcanza al 25% de la financiación concedida por el sector bancario español. "La combinación de una mayor calidad actual de las carteras de crédito de las ramas potencialmente más afectadas por los riesgos de transición y su potencial deterioro cuando se lleve a cabo el proceso de transición sugiere que se podría valorar la posibilidad de incorporar cambios regulatorios que acompañaran este proceso", explica Margarita Delgado, que en este marco demanda que cualquier medida en este sentido sea "analizada y escrutada en profundidad desde el punto de vista prudencial de la medición adecuada del riesgo que incorpora antes de su aplicación, ya que el capital es el último elemento con que cuentan las entidades para hacer frente a las pérdidas que puedan surgir".
En cualquier caso, Delgado entiende que las medidas regulatorias que se pudieran adoptar deberán ser temporales y restringidas al periodo necesario para alcanzar los objetivos marcados dentro del proceso de transición energética. "Cualquier medida permanente de este tipo debería ser mucho más específica para que no influya en la composición sectorial de la actividad", ha remachado.
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