El Banco de España estudia de forma detallada el posible impacto que podría tener en el conjunto de entidades financieras españolas la futura sentencia sobre el IRPH del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una vez que Maciej Szpunar, abogado general de la institución comunitaria ha dejado la puerta abierta a que los tribunales españoles anulen las hipotecas vinculadas a este índice por una posible falta de transparencia en su comercialización.
"El Banco de España no puede valorar jurídicamente la opinión de abogado general de la Unión Europea. Como es lógico, el organismo sigue el devenir de todo el procedimiento con atención, en el marco de sus competencias y en el contexto del Mecanismo Único de Supervisión (MUS)", aseguran fuentes del supervisor, lo que quiere decir que el Banco Central Europeo (BCE) también está pendiente de la evolución del caso.
Para el supervisor español, la sentencia final de Europa, que llegará para finales de año o principios de 2020, es uno de los mayores riesgos que afronta el conjunto de entidades, al nivel de la incertidumbre económica global y al anómalo escenario de bajos tipos de interés. Y es que la institución que preside Pablo Hernández de Cos calcula un impacto negativo de hasta 60.000 millones de euros en el peor de los casos, de acuerdo a un informe confidencial del supervisor remitido a La Moncloa.
Este martes se ha pronunciado al respecto del IRPH el abogado general del TJUE, que considera que este índice no es transparente por el mero hecho de ser oficial. Por lo tanto, los jueces podrán estudiar si es abusivo o no. El letrado polaco contradice así la doctrina del Tribunal Supremo, que lo avaló en 2017 y declaró que la referenciación de una hipoteca a un tipo oficial como el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad.
En la mayoría de ocasiones (dos de cada tres), las opiniones del abogado de la UE coinciden con la sentencia final de la Justicia Europea, aunque no son vinculantes. Está mucho en juego para el sector financiero, que en la actualidad mantiene hipotecas vinculadas a este índice por importe de algo más de 17.000 millones de euros, de acuerdo a la información publicada por los bancos.
Para Szpunar, la fórmula de cálculo del IRPH resulta "compleja y poco transparente para un consumidor medio", por lo que considera que las entidades deben otorgar a los consumidores información "suficiente" para que pueda tomar una decisión prudente y con "pleno conocimiento de causa", especificando no solo la definición completa del índice de referencia en cuestión, "sino también las disposiciones de la normativa nacional pertinentes que determinan dicho índice y, por otra parte, referirse a la evolución en el pasado del índice de referencia escogido".
En tanto es así, el abogado general de la UE emplaza a los juzgados españoles a determinar si las hipotecas referenciadas al IRPH fueron comercializadas por las entidades con la debida transparencia o no. "Su carácter potencialmente abusivo puede ser objeto de un control jurisdiccional", dicen las conclusiones de Spuznar, cuya publicación ha teñido de rojo la cotización de los bancos españoles, en especial de CaixaBank y Bankia, dos de las entidades más afectadas.
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