Un grupo de inversores mexicanos, con Antonio del Valle a la cabeza, han presentado dos recursos de arbitraje contra el Reino de España en compensación por la quiebra de Banco Popular. El conglomerado argumenta que en la resolución de la entidad se sucedieron errores y omisiones por parte de España antes, durante y después de la resolución.
El conglomerado de inversores aztecas presentó ambas demanda el pasado 23 de agosto contra España por su papel durante la quiebra de Banco Popular. Del Valle y sus socios prefirieron no presentar un recurso contencioso administrativo con el Frob ante la Audiencia Nacional, para poder plantear un arbitraje contra España. En dicho arbitraje pide al Gobierno español que restituya los 470 millones de euros, por la participación que mantenía en el banco, en virtud del Acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre España y México.
De hecho, en la denuncia presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), los inversores aztecas concretan que el Estado español incumplió múltiples obligaciones en virtud de dicho Tratado. El conglomerado enumera distintos puntos por los que considera que el anterior Gobierno actuó negligentemente frente a la situación de Popular. "Las acciones del Gobierno español antes, durante y después de la resolución de Banco Popular incumplieron las obligaciones de España con el Grupo de Inversores de México bajo el tratado de inversión bilateral entre México y España", explica Javier Rubinstein, socio de Kirkland & Ellis que asesora al grupo de inversores.
La firma de abogados internacional, afincada en Chicago, detalla diferentes acciones por parte del Gobierno que ayudaron a la caída del Popular. Por un lado, señala que la importante fuga de capitales públicos detonó una mayor inestabilidad en el balance de la entidad y le restó liquidez. Por otro, que no se tomaron las medidas adecuadas para ayudar a mantener la estabilidad del Popular, incluídas la de negarse a proporcionar liquidez o las declaraciones del exministro de Economía, Luis de Guindos, al señalar que “no inyectaremos recursos públicos”.
La petición de Del Valle y sus socios también enumera otros distintos puntos en los que cree que el Gobierno español no actuó con diligencia en la venta a Banco Santander. En la demanda emitida al CIADI señala que el Ejecutivo actuó activamente en el diseño y toma de decisiones que llevaron a la resolución de la entidad. Además, dirigió la venta por 1 euro "con el fin objetivo predeterminado de garantizar que el Banco Popular se vendiese a un importante banco español". Por último señala, que el Frob ideó una subasta acelerada en la que solo se ofertó a un puñado de bancos españoles, y tras la que se proporcionó información inadecuada.
Próximos pasos en el arbitraje
El siguiente paso en el culebrón del Popular lo debe dar la institución del Banco Mundial. Las solicitudes presentadas ante el CIADI serán revisadas antes de que quede registrado el arbitraje. También es el turno del Gobierno español, una vez se ha entregado la notificación de arbitraje a España y que tendrá hasta 30 días para responder al aviso, según las propias reglas del arbitraje.
Una vez se hayan dado los pasos anteriores se iniciará oficialmente el arbitraje con la formación del tribunal arbitral. Por último, con el tribunal ya formado y el arbitraje en marcha se establecerá el calendario procesal para los arbitrajes. La presentación de la denuncia en el CIADI no es nueva para el Gobierno español, puesto que también tiene en el mismo organismo abierto una contienda por las ayudas a la renovables.
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