El Banco Santander quiere empezar a cobrar a la CNMC por custodiar el dinero procedente del pago del recibo de la luz de millones de españoles que está en manos del organismo público, según sostienen en medios cercanos al organismo presidido por José María Marín Quemada. Desde la entidad financiera, no hacen comentarios al respecto al tratarse de un cliente particular, pero en fuentes del sector ven con normalidad que se traslade a los grandes clientes institucionales el actual escenario de tipos de interés en negativo.
Se trata de una cuenta de ingresos y gastos de la CNMC cuyo saldo en ocasiones ha alcanzado unos 1.500 millones de euros. El Santander la heredó del Banco Popular tras la desaparición de este último y las fuentes consultadas precisan que, en el actual escenario de tipos de interés, se ha dejado de remunerar el dinero. La intención del banco, no obstante, es empezar a cobrar hasta el 0,5% (mismo porcentaje que cobra el BCE al exceso de liquidez que 'aparcan' allí bancos) por la custodia de los fondos que atesora el regulador.
La CNMC, que gestiona en torno a 22.000 millones de euros anuales, no estaría dispuesta a aceptar este extremo, por lo que está previsto que próximamente saque a concurso público la contratación de una nueva cuenta corriente. El problema es que, en la actualidad, la práctica totalidad de las entidades financieras de referencia en España ha puesto en el foco a los grandes clientes institucionales para empezar a cobrarles por los depósitos, como demuestran las estadísticas oficiales del Banco de España y las últimas acciones de Bankia y CaixaBank.
Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Santander se ha hecho recientemente con algunas de las licitaciones de cuentas corrientes del regulador, en los que aplica un interés de Euribor menos 10 puntos básicos, pero con una 'cláusula cero', mientras que otras licitaciones de cuentas han ido a parar al Banco Sabadell, que se hizo con la gestión de siete cuentas corrientes a finales del 2018.
Por su parte, hasta su absorción por Banco Santander, el Popular era el banco que se encargaba de la gestión de la cuenta corriente exenta de gastos y comisiones que gestionaba los fondos del superávit del sistema eléctrico, cuyas condiciones contemplan una remuneración de Euríbor más 44 puntos básicos. El saldo en esta cuenta ascendía a 953 millones de euros al cierre de 2018. Anteriormente el Popular también firmó con la CNMC la gestión de ocho cuentas corrientes del organismo.
El regulador mueve 22.000 millones al año
Y es que el regulador mueve miles de millones de euros anuales. Según las fuentes consultadas, las liquidaciones suponen un trasvase de fondos por importe de unos 22.000 millones de euros al año mediante 15 movimientos -liquidaciones- a lo largo de un ejercicio. Estos ingresos proceden, de forma general, de las compañías distribuidoras. Son más de 200, aunque el peso lo llevan las cinco grandes del sector, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo.
Estas empresas actúan como recaudadoras de los peajes, los cargos y los impuestos que pagan los usuarios en el recibo para mantener el sistema. Peajes, cargos e impuestos suponen alrededor del 60% de la factura eléctrica. Las empresas deben presentar a la CNMC información de la facturación correspondiente al mes anterior, con desglose de períodos y facturas. Lo hacen antes del día 15 de cada mes si la compañía tiene menos de 100.000 clientes y antes del día 25 si tiene más de 100.000.
El Ministerio debería encargarse de las liquidaciones
Como hay desfases entre la facturación, los ingresos y el cálculo de costes, la CNMC realiza a lo largo del año 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta y una liquidación definitiva posterior al año siguiente. Es un proceso complejo. La propia CNMC destaca que sólo en lo que se refiere al régimen especial -las renovables- se emiten aproximadamente 20.000 facturas al mes. Los tiempos, señala la Comisión, son muy importantes porque cualquier retraso en la determinación y/o comunicación de los resultados de las liquidaciones y del envío de las órdenes de pago afecta a la tesorería de las empresas.
En realidad, el trabajo -y la correspondiente cuenta de liquidaciones- debería hacerlo el Ministerio encargado del área de energía -Transición Ecológica en este caso-. La Ley 3/2013 prevé que la función pase a manos del departamento correspondiente. Sin embargo, la sigue ejerciendo la CNMC, aunque eso sí, con carácter transitorio desde hace ya un total de siete años.
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