Faltan BBVA y Unicaja Banco

Banco Santander se suma a los bancos que recurren el impuesto extra sobre el sector

La entidad que preside Ana Botín ya ha presentado su alegación ante el primer pago del impuesto extraordinario a la banca. La ejecutiva se ha mostrado en numerosas ocasiones muy crítica con el gravamen al considerarlo injusto.

Ana Botín, Banco Santander
Ana Botín, presidenta de Banco Santander
CONTACTO vía Europa Press

Banco Santander, la primera entidad española por volumen de negocio, no ha esperado más y ya ha presentado el recurso este martes del primer pago fraccionado del impuesto extraordinario a la banca que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez. Su presidenta, Ana Botín, se había mostrado en repetidas ocasiones muy crítica por el gravamen al considerarlo que era totalmente injusto y argumentaba que la banca soporta más carga fiscal que otras compañías.

De esta manera, Banco Santander sigue los pasos de otras entidades financieras que se han visto afectadas por el 'impuestazo' como son Bankinter, Caixabank, Banco Sabadell, Abanca y Kutxabank que también lo han ido recurriendo. Sin embargo, el primer banco que lo hizo fue Bankinter. Su consejera delegada, María Dolores Dancausa, ya dejó clara sus intenciones al asegurar que lo harían "al día siguiente de pagarlo". 

También presentaron sendos recursos contenciosos-administrativos ante la Audiencia Nacional las patronales bancarias: la AEB (Asociación Española de Banca) y la CECA (Confederación Española de las Cajas de Ahorro). De la gran banca afectada, BBVA y Unicaja Banco son, de momento, los únicos bancos que no han apelado, aunque el presidente de la primera entidad, Carlos Torres, admitió que la decisión de hacerlo o no estaba en manos de los servicios jurídicos del banco.

Un impacto de 220-230 millones de euros

La intención de Banco Santander era presentar el recurso antes de la junta general de accionistas, que se celebró el pasado 31 de marzo. Sin embargo, y a pesar que desde el servicio jurídico señalaban que era cuestión de poco tiempo, el recurso se ha retrasado hasta una vez pasada la Semana Santa. Desde que se conoció que el Ejecutivo preparaba el tributo (que cargaría con un 4,8% a aquellas entidades que facturasen más de 800 millones de euros en 2019) el banco se ha mostrado siempre en contra.

Estas críticas han venido tanto de la presidenta, Ana Botín, como José Antonio Álvarez, consejero delegado de la entidad en 2022. Botín reiteró durante la presentación de resultados para 2022 como en el encuentro con los accionistas que las entidades financieras deberán asumir una carga fiscal muy por encima de las empresas de otros sectores. “Pagamos más impuestos, pero que paguen todos. Pagamos cinco puntos más que otros sectores. El sector bancario ha estado perdiendo dinero durante muchos años y en España no se cubre el coste del capital".

Por su parte, Álvarez insistió que los 3.000 millones de euros que el Gobierno esperaba recaudar en los próximos dos años era malo para la economía ya que equivaldrían 50.000 millones en volumen de crédito. Y es que el banco calculaba que pagaría entre 220 y 230 millones de euros el primer año, que se podría fraccionar al 50%, con un primer pago en febrero (desde el día 4) y otro en los primeros 20 días de septiembre. 

Pese a que el impuesto gravaba 2022, el hecho de que se abonara en los primeros 20 días de febrero obligó a la banca a cargarlo contra los resultados del primer trimestre de este año, hecho que pasará factura a su cuenta de resultados. Las estimaciones que recoge el consenso de analistas recopilado por Bloomberg es que el beneficio en los tres primeros meses del año por parte de los bancos cotizados se estanque o bien caiga, como es el caso de Banco Santander, con respecto a 2022. Y, por lo tanto, no recogerá la buena evolución del margen de intereses que viene impactado por la subida de los tipos de interés y su efecto en la apreciación del crédito. 

Un impuesto también a las energéticas

Además del nuevo impuesto a la banca, el Ejecutivo también aprobó otro también con carácter temporal para las empresas energéticas, que gravará el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas.

Ambos tributos, que ya han recaudado 1.500 millones de euros, se enmarcan dentro de las medidas aprobadas por el Gobierno para combatir el alza de precios. El Ejecutivo alegaba que se cargaban los beneficios caídos del cielo en las compañías de ambos sectores, es decir, por la subida de los tipos de interés y por el alza de los precios energéticos como consecuencia de la guerra en Ucrania 

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