Los bancos ajustan sus operaciones a la normativa 'Green MiFID' a contrarreloj

Las entidades financieras tienen un mes para ajustar sus operaciones a 'Green MiFID'. La mayoría ha iniciado los trabajos de adecuación hace meses, impartiendo formación sobre sostenibilidad a las plantillas y preparando los catálogos y la documentación, si bien todavía queda trabajo por delante. Los empleados de las sucursales no tienen mucha información al respecto ni se han modificado todavía los procesos internos, según han trasladado varios portavoces sindicales a La Información. En todo caso, el sector se compromete a tener todo listo el próximo 2 de agosto, cuando entra en vigor esta modificación de MiFID II. 

Los deberes en los que más se ha avanzado son los relativos a la formación. Las entidades tienen planificadas acciones formativas que actualmente están en curso. CaixaBank, por ejemplo, tiene en marcha un plan de 75.000 horas que afecta a un colectivo de más de 30.000 empleados de los segmentos de Banca Privada, Banca Premier, Banca de Particulares y Negocios y Emprendedores. En Banco Sabadell también han habilitado cursos en la plataforma interna sobre 'Green MiFID', dentro de los habituales que sirven para recertificar MiFID. Lo mismo ocurre en Banco Santander, así como en BBVA o Bankinter, que llevan desde principios de año instruyendo en materia de finanzas sostenibles.

Desde este mismo verano los bancos que presten servicios de asesoramiento de inversión y de gestión de carteras estarán obligados a considerar las preferencias ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) de los inversores cuando realicen la evaluación de la idoneidad. En consecuencia, la forma de preguntar a los inversores por sus preferencias ESG determinará la gama de productos recomendados o incluidos en sus carteras.

Si al cliente no le interesa nada la sostenibilidad no se le podrá ofrecer fondos, planes o seguros cuyos principios de inversión sean sostenibles o de impacto

En función de las respuestas dadas, la entidad deberá proporcionarle el tipo de producto que más encaje con las preferencias de sostenibilidad que haya manifestado. Esto supone que si al cliente no le interesa nada la sostenibilidad no se le podrá ofrecer fondos, planes o seguros cuyos principios de inversiones sean sostenibles o de impacto. No obstante, es previsible que conduzca hacia un mayor nivel de interés sobre estos productos por parte de la clientela. También permitirá al sector tener una fotografía completa de los avances en estos asuntos, así como de la demanda. La inclusión de la sostenibilidad en el proceso de idoneidad ampliará, en definitiva, la transparencia. 

Y para que un producto sea elegible tendrá que cumplir varias características. Deberán contar con un porcentaje mínimo de inversiones vinculadas a la taxonomía, un mínimo según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles que se engloba dentro del Plan de Acción de la UE sobre finanzas sostenibles o un mínimo de inversiones que tengan en cuenta las principales incidencias adversas (PIAS). Esto último hace referencia a las consecuencias derivadas de las decisiones de inversión, el asesoramiento o los propios productos que originen efectos negativos sobre los factores de sostenibilidad. 

¿Posibilidad de caer en el 'greenwashing'?

Algunas voces piden que se retrase la aplicación de la MiFID verde europea debido a que la taxonomía todavía no está claramente definida, de modo que es posible que se empiecen a comercializar desde este verano fondos de inversión u otro tipo de producto con etiqueta ambiental y finalmente resulte que no deberían haber sido considerados como tal. Se teme que se acabe denunciando a la banca de 'greenwashing' o 'ecoblanqueo'. 

La Unión Europea puso los cimientos en junio de 2020 sobre lo que ha de considerarse como sostenible en el Reglamento de Taxonomía de Finanzas Sostenibles relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones de este tipo. No obstante, este conjunto de órdenes todavía debe desarrollarse mediante la implementación por parte de la Comisión Europea de Reglamentos Delegados de criterios técnicos de análisis de los objetivos medioambientales establecidos.