Finales de 2018. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba en el Consejo de Ministros la ampliación del plazo para privatizar Bankia en dos años adicionales, hasta finales de 2021. El principal motivo esgrimido para dicha decisión era recuperar el máximo dinero posible del rescate y encontrar condiciones más idóneas en los mercados para el paquete de acciones que posee el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y que supera ligeramente el 61,8% del capital. Dos años antes fue Mariano Rajoy el que optaba por dicha vía y las consecuencias, con una Bankia en mínimos históricos, han sido un duro golpe que ninguno de los dos responsables esperaban al apostar por una recuperación bursátil.
A finales de 2016, fecha en la que Mariano Rajoy optaba por ampliar el plazo para la privatización de la entidad, su capitalización era de 11.183 millones de euros. Dos años más tarde, en la prórroga de Pedro Sánchez, dicho valor era de 5.840 millones y, actualmente, es de poco más de 2.380 millones. La acción acumula un desplome próximo al 55% durante este curso y más de un 80% desde finales de 2016, lo que le ha conducido a mínimos históricos y a un precio por acción de 0,771 euros.
En este castigo han influido las malas perspectivas para todo el sector bancario, que se han visto agudizadas por el impacto del coronavirus. El mercado ha pronosticado que la apertura del grifo del crédito provocará un aumento de la morosidad y un deterioro de los activos de las entidades, lo que les ha penalizado fuertemente en bolsa. Además, el sector se enfrenta en los últimos años a un escenario de escasa o nula rentabilidad como consecuencia de los bajos tipos de interés por lo que este 'cóctel' ha provocado que la participación del Estado en Bankia haya pasado de estar valorada en 6.900 millones tras la primera petición de prórroga para su privatización a los solo 1.472 millones que vale actualmente. Es decir, ha visto volar 5.428 millones en menos de tres años y medio, que serán mitigados por el cobro de dividendos.
Los aplazamientos tienen su origen en la Ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito en la que España se comprometía vender íntegramente las acciones que suscribía el FROB en las entidades rescatadas, entre ellas Bankia, en cinco años. Dicho plazo finalizaba en 2017, como así quedó estipulado con la Comisión Europea tras aceptar que las entidades recibiesen ayudas del Estado. De hecho, el rescate para el grupo BFA-Bankia fue de 22.425 millones de euros, de los que casi la mitad (10.620 millones ) fueron a parar a la entidad. Por su parte, el montante restante correspondió al 'banco malo' puesto que en BFA estaban los activos tóxicos del grupo, que eran en su mayor parte del sector inmobiliario.
Otro factor que pesa a la entidad es la presión de las agencias de calificación. Si bien S&P le otorga una nota de 'BBB' con perspectiva 'estable', podría sufrir el recorte de rating de Fitch puesto que su 'BBB' está en perspectiva 'negativa' y podría situarse a un solo peldaño de perder el grado de inversión en caso de bajar un escalón. La propia firma señalaba que el banco encara esta crisis económica desde una posición de "relativa debilidad, con un perfil de ingresos poco diversificado".
En los resultados del primer trimestre ya esbozaba cierto impacto del coronavirus y provisionaba 125 millones de euros, lo que provocaba que su beneficio cayera un 54%, hasta los 94 millones de euros en el primer trimestre de 2020. Su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, destacaba que "hemos realizado una provisión extraordinaria que hace que la cifra total se haya más que duplicado. Lo importante es que, a pesar de este esfuerzo, volvemos a ser capaces de generar capital en el trimestre, y Bankia hoy tiene los niveles de solvencia más altos dentro de los bancos españoles". De hecho, cerraba el primer trimestre con la ratio CET1 fully loaded, el de mayor calidad, del 12,92%, lo que suponía un aumento de 7 puntos básicos en el periodo.
A la mala marcha en bolsa de Bankia se une otro 'golpe' al Estado. La entidad cumplía con las exigencias del BCE acerca de cancelar el reparto de dividendos para fortalecer su capital y suspendía el pago de un megadividendo de 2.500 millones de euros. De este montante, la inyección para el FROB hubiera sido superior a los 1.545 millones. No obstante, la compañía sí abonó su retribución de 0,115 euros el 2 de abril y que permitía al Estado ingresar unos 218 millones de euros.
En la evolución bursátil de la entidad también ha pesado la posibilidad de que Bankia fuese el banco público que ansiaba Unidas Podemos, el socio de gobierno del PSOE. Finalmente esta opción parece descartada o, al menos, muy alejada ya que está el Instituto de Crédito Oficial para realizar la función de banco público de inversión, como destacaba Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. De hecho, la labor del ICO está siendo clave para reducir el impacto de la crisis de la Covid-19 y ya ha otorgado 60.000 millones de euros en avales para autónomos y pymes.
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