Es una batalla que está marcada a fuego en el calendario de los dos últimos años de la firma de crowdfunding inmobiliario Housers y ha acarreado algunos de los problemas más acuciantes que ha sufrido en este tiempo. La libran la compañía y uno de sus cofundadores, Tono Brusola. Ahora sube de temperatura: en total suman cuatro frentes abiertos, entre ellos un arbitraje que arrancará en los próximos días. Todos estos movimientos se producen bajo la atenta mirada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que dio luz verde a la compañía para operar a mediados de 2017 y que es el encargado de la supervisión. Mientras continúan las quejas de inversores particulares por retrasos en varios de los proyectos gestionados por la plataforma.
Todo surge a mediados del año 2018. Después de tres años de intensa actividad, en los que hubo un contacto directo con la CNMV para su autorización dentro del régimen de plataformas de financiación participativa, estalla una pelea entre los socios principales de Housers. Brusola sale de la compañía, después de que se detectara una serie de facturas impagadas, vinculadas principalmente a marketing. Su abrupta decisión fue el inicio del desencuentro. La compañía decide, después de descubrir lo que entienden como incumplimientos del pacto de socios, suspender todos sus derechos políticos y económicos. Hasta ese momento era el máximo accionista con casi el 20% de los títulos (el resto se lo repartían Bankinter, el otro cofundador Álvaro Luna, y otros inversores particulares).
La primera consecuencia de este 'tira y afloja' llegará en los próximos días. Según confirma el actual consejero delegado de Housers, Juan Antonio Balcázar, tendrá lugar la vista de un arbitraje reclamado por el propio Brusola después de la decisión del consejo de administración de retirarle todos sus derechos. En un par de meses, un árbitro decidirá si él ha incumplido ese pacto de socios. En caso de que así sea, deberá pagar varias compensaciones (600.000 euros entre multa y compensaciones por no haber vendido sus participaciones cuando se les requirieron), además de entregar todos sus títulos. Hay que tener en cuenta que de este primer frente depende una ampliación de más de 5 millones de euros para reforzar el capital cuya negociación se inició hace ahora más de un año pero que se frenó en parte por estos problemas accionariales.
A este primer frente hay que sumar otros tres que están abiertos en los tribunales. Hay una demanda presentada contra Brusola por apropiación indebida, que fue rechazada en primera instancia en una decisión que la Audiencia Provincial ha pedido que se revise, según apunta Balcázar. Además se le exige daños y perjuicios por la sanción interpuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al entender que ésta se debe a su gestión. Y, por último, también se le ha denunciado por descubrimiento y revelación de secretos pues, de acuerdo con el CEO, ha tenido acceso durante más de un año -hasta que fue 'expulsado' como administrador- a la información de las cuentas bancarias de la matriz y de varias filiales.
Mientras todos estos frentes se van dilucidando, se repiten las quejas de algunos de los inversores por los retrasos en los diferentes proyectos inmobiliarios. Hay un intento de organizarse a través de una plataforma de afectados ante las dilaciones en las promociones y una supuesta falta de información por parte de Housers. Fuentes cercanas a la compañía señalan que algunas de las promociones afectadas por esos problemas son las gestionadas por las siete filiales en las que el propio Brusola era administrador y en las que no se convocaron juntas generales, ni se aprobaron cuentas ni se llevaron a cabo las firmas ante notario de la venta de promociones. A finales del año pasado, el Registro Mercantil obligó a convocar esas reuniones anuales.
Hay que recordar que en una primera fase de la plataforma se creaban sociedades limitadas, en las que Housers era accionista junto con el resto de inversores particulares y para poder repartir las potenciales plusvalías de la inversión había que esperar a la venta del activo (el edificio o las viviendas), la liquidación y la disolución de la sociedad, con las correspondientes juntas generales de accionistas necesarias. Todo este proceso se podía alargar de manera significativa. Después, esta modalidad se sustituyó por préstamos participativos en los que cada usuario participaba con su parte.
Las cifras que hace públicas la empresa señalan que se han financiado hasta la fecha un total de 283 proyectos entre préstamos para obra nueva y rehabilitación o alquiler, de los que 93 han sido devueltos en su totalidad con una tasa interna de retorno (TIR) de más del 8% anual. Quedan por devolver 75 de los 115 millones de euros captados. Entre los más complejos están precisamente los de 'equity' -participación en sociedades limitadas-. Son 23 millones de euros captados en los primeros años, de los que quedan por devolver 13 millones, según las cifras aportadas por la compañía.
La lupa de la CNMV
Esta particular batalla accionarial y las quejas por los diferentes retrasos están siendo vigilados muy de cerca por parte de la CNMV. Después de dos años de actividad sin regulación específica, finalmente fue autorizada por el organismo ya presidido por Sebastián Albella en el año 2017 tras un intenso debate interno sobre cómo hacerlo. Se exigieron una serie de cambios para dar esa 'luz verde' en aquellos primeros años y se han ido exigiendo más en esta última etapa.
Entre los últimos cambios reclamados por el supervisor se encuentra uno que está en plena ejecución: el cambio de administrador. Desde el organismo supervisor no veían con buenos ojos que el administrador único de las filiales creadas para los primeros proyectos de 'equity' fuera nombrado por Housers, pues debe haber una independencia de la plataforma. De esta forma, se han ido convocando juntas generales para aprobar -con los votos mayoritarios de los inversores particulares- la incorporación de un nuevo administrador único: Alberto Castañeda. Se trata de un abogado que hoy ejerce como secretario del consejo Másmóvil. Según confirma Balcázar, de los 34 proyectos abiertos, 20 ya tienen aprobado ese nombramiento y en casi una decena no ha habido quórum suficiente por el rechazo de una mayoría de inversores..
Fundada en el año 2025, las cifras de negocio de Housers del ejercicio 2019 aún no han sido presentadas en el Registro Mercantil a través de las cuentas anuales. Las de 2018 reflejaban unos ingresos de algo más de 4 millones de euros, procedentes de las comisiones cobradas a los promotores inmobiliarios y a los inversores particulares, con unas pérdidas de algo más de medio millón (frente a los 2,8 millones del año anterior).
