El BBVA acaba de poner al corriente a los inversores en Estados Unidos de su imputación por el espionaje masivo que realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo a políticos, empresarios y periodistas, presuntamente a instancias del banco, y reconoce por primera vez que el caso puede saldarse con "multas" para la entidad u otro tipo de daños que, por ende, también podrían ocasionar una merma en su reputación.
Así lo ha admitido el grupo que preside Carlos Torres en un documento remitido al supervisor de los mercados norteamericano, la SEC (Securities and Exchange Commission), con motivo de su ultima emisión de bonos contingentes convertibles, conocidos como CoCos en la jerga financiera, por importe de 1.000 millones de dólares, una operación que se cerró cerca de la medianoche del miércoles.
Entre los factores de riesgo que se incluyen en el folleto preliminar de dicha colocación de deuda, la entidad financiera dedica un apartado específico a su imputación como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en la causa judicial que investiga su relación con Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, con el que el banco habría suscrito contratos por importe de unos diez millones de euros.
Dado que el proceso se encuentra bajo secreto de sumario y en una etapa inicial, el BBVA asegura en esta sección del documento, redactado en inglés, que actualmente "no es posible predecir el alcance o la duración del dicho procedimiento (...) o sus posibles consecuencias o implicaciones" para el banco, "entre las que se incluyen multas, daños o, por ende, una merma reputacional".
En ocasiones anteriores, la entidad ya había informado al mercado acerca de su imputación y sobre la posibilidad de que el caso Villarejo tuviera un impacto negativo sobre su negocio. Sin embargo, en los diferentes documentos que el BBVA remite periódicamente a los supervisores, nunca se había introducido hasta ahora la posibilidad de recibir sanciones económicas, que, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, podrían resultar multimillonarias.
BBVA tiene el "requisito legal" de no interferir con la justicia
El banco también explica al supervisor estadounidense, que tiene fama de ser uno de los más exigentes, que el motivo por el que no ofrece ningún tipo de detalle sobre los hallazgos de la investigación 'forensic' encargada a PwC a través de sus abogados Garrigues y Uría Menéndez es el "requisito legal" de "no interferir" con el procedimiento judicial que lidera el magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
A finales de julio, el consejero delegado de BBVA, el turco Onur Genç, ya reconoció públicamente que el escándalo de las escuchas estaba impactando sobre la reputación del banco y que el caso podía acabar impactando sobre empleados y clientes. "No nos gusta estar en los periódicos en un asunto como este, que obviamente tiene (en el largo plazo) una repercusión en el pensamiento de nuestros empleados y clientes", afirmó el número dos de Carlos Torres.
Por el momento, no hay evidencias de que el escándalo de las escuchas telefónicas esté afectando a la actividad del banco, como se pudo comprobar en la presentación de sus últimos resultados trimestrales. No obstante, la imputación como persona jurídica de BBVA y de algunos de sus directivos y exdirectivos (entre los que, por el momento, no hay ningún primer espada que siga en el banco) se produjo en el mes de julio, fuera del primer semestre, por lo que habrá que esperar hasta el 31 de octubre -fecha de presentación de los resultados del tercer trimestre- para comprobar si los últimos acontecimientos judiciales han tenido un efecto sobre el negocio.
En cualquier caso, desde el departamento de análisis de uno de los principales bancos de España aseguran que el impacto de una crisis reputacional es muy difícil de medir en términos financieros, aunque sí que reconocen que el asunto despierta preocupación en el mercado, por los potenciales efectos que pudiera tener sobre la cotización de la entidad.
De hecho, instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) y La Moncloa, así como el Banco de España, siguen con mucha atención el caso a fin de poder atajar cualquier tipo de consecuencia indeseada tanto para la economía española como para la del conjunto de países de la zona euro. Por ahora, la próxima fecha marcada en rojo en el calendario es el 24 de septiembre, cuando los representantes legales de BBVA -que hasta el momento se ha apoyado en los despachos Garrigues y Uría- acudirán a declarar ante el juez García-Castellón.
El magistrado ya interrogó en julio a los ocho directivos y exdirectivos del banco imputados en la pieza novena del 'caso Tandem'. Todos ellos menos uno se acogieron a su derecho a no declarar, aconsejados por sus defensas, dado que aún no se ha levantado el secreto del sumario. El que sí contesto a las preguntas fue Antonio Béjar, cesado por BBVA de la presidencia de Distrito Castellana Norte -empresa encargada de la Operación Chamartín-, que está colaborando activamente con la justicia.
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