La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco sobre BBVA, no solo sobre Francisco González. Tras armarse de pruebas en las últimas semanas, el Ministerio Fiscal ha solicitado también la imputación de Juan Asúa y de Eduardo Arbizu, quien fue destituido a finales del pasado mes de julio como responsable de regulación y control interno, pero que durante la mayor parte de la etapa de FG al frente de la entidad había ejercido como responsable del área de servicios jurídicos. Durante este periodo (2002-2018) el directivo estaba a cargo de la redacción de los contratos que firmaba el banco con Grupo Cenyt, el entramado empresarial del excomisario José Manuel Villarejo.
La destitución de Eduardo Arbizu el pasado 30 de julio, poco después de que BBVA fuese imputado en el la pieza novena del caso Tándem, pilló por sorpresa en el sector financiero. Hasta ese momento, su nombre no había aparecido en la investigación interna ('forensic') y, en medios cercanos al banco, no se entendía cómo la entidad había decidido quedarse tan "desprotegida" en un momento de suma delicadeza, pues se tomó la decisión de prescindir de alguien con un conocimiento legal que se califica de "sobresaliente".
Su salida, por tanto, se interpretó como una represalia por haber liderado el departamento legal del banco durante la etapa en la que se cometieron los presuntos hechos delictivos: cohecho, corrupción y revelación de secretos. Fuentes jurídicas consultadas por La Información, no obstante, apuntan que Arbizu era el encargado de supervisar la redacción de los contratos que firmaba BBVA con el entramado empresarial de Villarejo, a quien se abonaron unos diez millones de euros por unos trabajos en los que habría espiado a miles de periodistas, empresarios y políticos.
Juan Asúa, el otro directivo de BBVA al que ahora señala la Fiscalía, es el asesor actual asesor de cabecera de Carlos Torres en la presidencia del banco. Entre 2012 y 2018 fue el responsable de banca corporativa y de inversión del grupo vaso. Antes (2007-2012) había sido el responsable del negocio del banco en España. De hecho, era el jefe directo de Antonio Béjar, que en aquella etapa era el responsable del área de riesgos y recuperaciones inmobiliarias.
Las pruebas aportadas por Béjar ha sido clave
Las nuevas imputaciones que solicita la Fiscalía Anticorrupción han llegado, precisamente, tras la cuarta y última comparecencia judicial de Bejar, que ha resultado determinante a la hora de avanzar en la investigación acerca de quien ordenó contratar con Villarejo. En esa citación aportó abundante documentación y señaló a sus superiores en el banco a preguntas del magistrado instructor y de los fiscales del caso, tal y como adelantó este diario, que también avanzó su despido. A diferencia de Béjar, Arbizu acordó su salida con el banco, lo que le habría permitido cobrar los bonus acumulados.
Sea como fuere, las últimas pruebas aportadas a la causa obligaron al juez instructor del caso, Manuel García Castellón, a posponer la citación como investigado de BBVA y de su representante legal, Adolfo Fraguas. Hasta la fecha, nueve directivos y exdirectivos del banco han sido imputados, entre los que destaca el exCEO Ángel Cano y el anterior jefe de seguridad, Julio Corrochano. La lista, no obstante, podría ascender a doce integrantes en los próximos días si el magistrado atiende la petición de la Fiscalía e imputa a Francisco González, Juan Asúa y Enrique Arbizu.
Poco después de conocerse las intenciones del Ministerio Fiscal, que han sido adelantadas por 'El Mundo', González, que dimitió como presidente de honor y de la Fundación de BBVA el pasado mes de marzo, ha reiterado su "plena disposición a colaborar con la Justicia" y se ha remitido al comunicado que ya emitió el pasado 30 de julio, tras la imputación formal de la entidad como persona jurídica.
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