El BBVA analizó en tres ocasiones la compra del Popular. En el otoño de 2016 barajaba ofrecer 5.500 millones de euros para quedárselo, pero cuando el banco colocó el cartel de venta en marzo de 2017 se tentó la ropa y en la subasta abierta por la Junta Europea de Resolución (JUR) deslizó interés en pujar si se habilitaban garantías públicas. Su pretensión era ‘blindarse’, sobre todo, frente a un riesgo de potenciales litigios que estimó en 2.400 millones: 2.000 millones para encarar sentencias desfavorables por los inversores del Popular que acudieron a su ampliación de capital en 2016 y vieron reducida a la nada la inversión por la resolución; y 400 millones adicionales para pleitos vinculados con cláusulas hipotecarias como los ‘suelos’ o gastos de formalización.
Es uno de los principales focos de incertidumbre para un Santander que se ha afanado en explicar que firmó la compra cuando los ajustes estaban hechos y fue el organismo dirigido por Elke König quien decidió sacrificar la inversión de bonistas y accionistas para que contribuyesen en el ‘autorrescate’. Sin lavarse las manos del diseño de la operación, la JUR ha dejado a su vez claro que el comprador heredó patrimonio, negocio y litigios. Los que cuestionan la resolución se dirimen en España y Europa en representación de miles de afectados.
En ámbitos jurídicos se dan altas opciones a que prosperen, al menos, los pleitos de aquellos inversores que acudieron a la ampliación de capital del Popular de 2016 porque en el folleto se planteaba un plan de negocio ligado a aplicar una estrategia que nunca se ejecutó del todo y acabó por cercenar el colapso del banco. En un intento de desactivar el frente judicial el Santander ofreció, bajo este escenario, a los pequeños inversores del Popular que acudieron a la ampliación o adquirieron bonos los bautizados bonos de fidelización a cambio de renunciar a pleitear. Su coste, por valor de 680 millones, se cargó entre los ajustes previos a firmar la compra.
La estimación de BBVA triplica dicha cuantía. Bankia, en cambio, la cifró en 995 millones tomando como supuesto que el 75% de los minoristas reclamen y salgan en su mayoría victoriosos. Los cálculos se incluyen en informes de valoración que ambos bancos efectuaron sobre el Popular cuando escrutaron sus balances al recibir la invitación de la entidad y del Fondo de Reestructuración (FROB) para participar en la venta.
Ninguno presentó oferta, dejando al Santander como último y único postor aunque BBVA sí trasladó al Frob interés si concedía más tiempo para analizar las cuentas y activos, y alteraba las condiciones para pujar. Sobre el papel, BBVA y Bankia establecieron, sin embargo, que el ajuste patrimonial en el Popular debía ser muy superior a los 12.000 millones aplicados finalmente en la entidad, y dejaron pequeña la ampliación de capital por valor de 7.000 millones ejecutada por el Santander.
El grupo presidido por Francisco González, y sus asesores, asumían que precisaba ampliar capital en 13.900 para absorber el Popular, tal y como adelanta El País; mientras que Bankia elevó el consumo de recursos propios a una horquilla entre 11.244 y 17.764 millones. ¿Cómo se explica tamaño desfase? Hay un común denominador: en los tres casos -incluído el ajuste en la operación del Santander- las provisiones que se plantean va mucho más allá de lo que se necesita para colocarlo en los umbrales promedios del sector. Se efectúa un ambicioso saneamiento con intención de poder vender de inmediato el ladrillo, de forma que pueda colocarse con agresivas rebajas en el precio sin incurrir en pérdidas.
La hucha de provisiones del Popular era insuficiente a todas luces. El mismo Banco Central Europeo (BCE) había detectado un déficit de 3.700 millones en sus inspecciones para colocarla en el umbral medio del resto del sector financiero, una cuantía similar a la barajada por la misma entidad financiera y que buscaba una fusión o lanzar una macroampliación de capital para, precisamente, cubrir dicho desfase.
Red para vender al instante el ladrillo
Pero los grandes bancos quieren ir más allá para deshacerse cuanto antes de problema. En la operación del Santander se dotaron 7.900 millones de forma que contaba con una hucha que cubría al 67% el valor de los inmuebles o, lo que es lo mismo, así podía venderlos al 33% del precio de adjudicación original sin incurrir en pérdidas. La tasa media del sector ronda el 52%. La pretensión de BBVA era subir la red al 75,5% y para eso calculó que necesita provisionar 10.800 millones. Bankia dibuja varios escenarios: con 6.730 millones pondría los activos del Popular en sus propios umbrales, pero si engorda la red en 13.251 millones se sacaría rápidamente de encima el problema dándole el paso en el mercado.
En el informe que el BBVA presentó en su Comisión Delegada refiere que da, por otro lado, valor cero a los conocidos como activos fiscales diferidos del Popular (DTA), mientras que el Santander solo da por irrecuperable algunas categorías de los mismos y confía en poder desgravarse hasta 4.000 millones con cargo a sus beneficios. Otra diferencia que el mismo BBVA cuestiona en la operación ganadora es la provisión de otros 400 millones para potenciales compensaciones por rupturas de alianzas. El Santander no hizo hucha para esta contingencia al entender que los socios del Popular no pueden accionar las cláusulas de ruptura al haber sido resuelta la entidad. Ha procedido a renegociar (con Värder Partner en WiZink o Crédit Mutuel en los cajeros automáticos ya ha cerrado un acuerdo, y le queda pendiente resolver la asociación del Popular con Allianz en seguros).
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