Los abogados del BBVA en el caso Villarejo han enviado al juez Manuel García Castellón un escrito con las contradicciones que se han detectado entre lo que el exdirectivo del banco e imputado, Antonio Béjar, mantuvo en la demanda laboral por su despido hace una semana, y los datos que han salido a la luz al levantar el secreto del sumario y que el banco pudo corroborar en la parte del forensic de PwC que analiza su implicación en el caso. El documento, firmado por la socia de Garrigues Helena Prieto, pretende acreditar que, aunque se haya llegado a un acuerdo sobre la salida de Béjar con una indemnización que puede llegar a 1,7 millones de euros, el despido “no fue una medida arbitraria, ni mucho menos una decisión espuria para buscar un chivo expiatorio, y que lo que afirma el Sr. Béjar en su demanda no es cierto”. Al contrario, aseguran que de la comparación se puede deducir que Béjar conocía a la perfección Cenyt y llegó a reunirse y a negociar precios y contratos con sus responsables.
El primero de los reproches que el banco ha enviado al juez se centra en la afirmación de Béjar en su demanda de que ignoraba la existencia de la empresa de Villarejo, Cenyt, y la identidad de sus accionistas antes del año 2009. Frente a ello, se esgrime un correo electrónico que la secretaria de Béjar le envía en octubre de 2008 con “el Scan que me has pedido”, en el que se adjunta un documento sobre V&V Development, la división de inteligencia empresarial de Cenyt, en el que explica que cuenta con un equipo de trabajo de más de treinta años de experiencia “dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado en situación de disponibilidad”. Es decir, las defensas del banco sostienen, como pone en la carta de despido del exdirectivo, que éste no solo conocía el Grupo Cenyt ya en 2008, sino que sabía que para esa empresa trabajaban funcionarios de policía.
El documento carga también contra los fiscales del caso, que recriminaron al representante legal del BBVA en el interrogatorio, Adolfo Fraguas, por no conocer el ‘brochure’ donde se explican los servicios de V&V, porque nadie se lo había enviado. “No puede dejar de llamarnos la atención que el Ministerio Público no hubiera reparado en que el Sr. Béjar no había entregado dicho documento a los servicios jurídicos (del banco)”, algo que advierten que ha quedado comprobado una vez levantado el secreto de sumario del caso.
En esa misma línea, la simple comprobación hecha por los letrados sobre las declaraciones del exdirectivo y los datos del forensic les lleva a concluir que llegó a negociar con Rafael Redondo, socio de Villarejo, y con el entonces responsable de seguridad del banco, Julio Corrochano, los cambios en la parte variable del pago que había que hacer a Cenyt por investigar el patrimonio de los empresarios inmobiliarios Luis Portillo (Colonial) y Fernando Martín (Martinsa), que debían dinero al banco.
Pese a que Béjar negó en su pliego de descargo y en su demanda laboral que hubiera negociado o firmado los contratos con la empresa del excomisario, porque su posición jerárquica en el banco le inhabilitaba para ello, el documento saca a la luz el cruce de correos electrónicos que demuestran que negoció y dio su visto bueno a una adenda por la que Cenyt debía cobrar al menos un 1,5% del valor de los bienes ocultos encontrados de ambos propietarios como variable. “Es más, acordó la modificación de los contratos en perjuicio del banco, sin que hubiera una justificación, lo que supuso reconocer a Cenyt un pago inmediato de 1,2 millones de euros”, señala.
Declaró por los documentos, no por Cenyt
Para rematar su escrito, los abogados del banco le recuerdan al juez que hasta en dos transcripciones que aparecen en el sumario del caso se reconoce la participación de Béjar en la negociación de los contratos y en la definición de los trabajos a realizar por parte de las empresas de Villarejo. En primer lugar se alude a una reunión celebrada en enero de 2011 entre el propio excomisario, su socio Rafael Redondo, Béjar y Corrochano. Y después, recuerda la conversación entre el exdirectivo y Redondo en la que le encarga una “mierdecilla”, que era la investigación de una empresa con una finca en El Escorial y otros encargos sobre la Operación Chamartín.
Finalmente, los letrados aclaran al juez que la notificación del pliego de cargos contra Béjar que el banco le envió el 26 de julio del año pasado para justificar su despido, el mismo día en que estaba citado a declarar en la Audiencia, no responde a una fecha premeditada “con la finalidad de presionarle para que no prestara declaración”. El escrito advierte que el departamento de Recursos Humanos del banco empezó a preparar la documentación sobre Béjar diez días antes de esa fecha, tras la celebración de un consejo de administración en el que se decidió evaluar la actuación de todos los directivos de la entidad que estaban implicados en el caso, para tomar las medidas disciplinarias y de idoneidad correspondientes.
Aunque coincidan las fechas de la declaración y el despido, el banco asegura ahora que se enteró de la fecha en la que Béjar iba a la Audiencia por la prensa. Es más, como colofón a su escrito al juez, los abogados señalan que, una vez levantado el secreto de sumario, queda claro que “el Sr. Béjar decidió prestar declaración ante la petición de una fianza por el Ministerio Fiscal, petición que no se debía a su posible intervención en la relación con Cenyt, sino a la denuncia anónima sobre la destrucción de documentos”, algo en lo que BBVA no tiene nada que ver.
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