Miércoles, 23.10.2019 - 07:56 h
En el marco del 'caso Tándem'

BBVA informó a EEUU de que podía ser multado para blindarse ante demandas

BBVA incide en el riesgo de recibir sanciones económicas por Villarejo por exigencia de la SEC y no aclara si incluirá esta eventualidad ante la CNMV.

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BBVA informó a EEUU de la posibilidad de "multas" para blindarse ante demandas. / BBVA

El BBVA informó en Estados Unidos sobre la posibilidad de que su imputación en el 'Caso Villarejo' se saldase con "multas" para la entidad con el objetivo de blindarse ante eventuales demandas de los inversores que acudieron a la emisión de 1.000 millones de dólares en bonos que el banco completó en la noche del pasado miércoles, según explican a La Información fuentes cercanas al grupo vasco. 

Según estas fuentes, el folleto de dicha colocación de deuda incluye un capítulo denominado 'factores de riesgo' bajo requerimiento del supervisor de los mercados en EEUU, la SEC (Securities and Exchange Commission) -que tiene fama de ser uno de los más exigentes del mundo- a fin de advertir a los mercados sobre los escenarios negativos que podrían tener un impacto en la entidad. "El objeto es proteger al banco frente a posibles demandas, es una cobertura legal", agregan.

Desde BBVA no aclaran si en las próximas comunicaciones al mercado que se remitan al supervisor español, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), se advertirá o no sobre la posibilidad de recibir sanciones económicas por la relación comercial que mantuvo el banco con el comisario José Manuel Villarejo, quien espió de forma masiva a políticos, empresarios y periodistas, presuntamente a instancias de la entidad financiera, que le habría abonado unos 10 millones de euros por sus servicios.

Lo cierto es que, a mediados de agosto, el grupo actualizó su folleto continuado -un documento base sobre el que se articulan sus emisiones de renta fija en España- para informar acerca de su imputación como persona jurídica en la pieza novena del 'caso Tándem', pero no señaló que teme multas al respecto, que podrían ser multimillonarias, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal.

En ocasiones anteriores, la entidad ya había informado al mercado sobre su imputación y la posibilidad de que el 'caso Villarejo' tuviera un impacto negativo sobre su negocio y su reputación. Sin embargo, en los diferentes documentos que el BBVA remite periódicamente a los supervisores no se introdujo la posibilidad de recibir sanciones económicas hasta la noche del miércoles, con motivo de la emisión de 1.000 millones de dólares en bonos contingentes convertibles, conocidos como CoCos en la jerga financiera.

El banco también matizó entonces al supervisor estadounidense que el motivo por el que no ofrece ningún tipo de detalle sobre los hallazgos de la investigación 'forensic', encargada a PwC a través de sus abogados Garrigues y Uría Menéndez, es el "requisito legal" de "no interferir" con el procedimiento judicial que lidera el magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

A finales de julio, el consejero delegado de BBVA, el turco Onur Genç, ya reconoció públicamente que el escándalo de las escuchas estaba afectando a la reputación del banco y que el caso podía acabar impactando sobre empleados y clientes. "No nos gusta estar en los periódicos en un asunto como este, que obviamente tiene (en el largo plazo) una repercusión en el pensamiento de nuestros empleados y clientes", afirmó el número dos de Carlos Torres, presidente del grupo.

Por el momento, no hay evidencias de que el escándalo de las escuchas telefónicas esté afectando a la actividad del banco, como se pudo comprobar en la presentación de sus últimos resultados trimestrales. No obstante, la imputación como persona jurídica de BBVA y de algunos de sus directivos y exdirectivos (entre los que, por el momento, no hay ningún primer espada que siga en el banco) se produjo en el mes de julio, fuera del primer semestre, por lo que habrá que esperar hasta el 31 de octubre -fecha de presentación de los resultados del tercer trimestre- para comprobar si los últimos acontecimientos judiciales han tenido un efecto sobre el negocio.

El Banco Central Europeo (BCE) y La Moncloa, así como el Banco de España, siguen de cerca el asunto a fin de poder atajar cualquier tipo de consecuencia negativa tanto para la economía española como para el conjunto de países de la zona euro. Por el momento, la próxima cita clave tendrá lugar el 24 de septiembre, cuando los representantes legales de BBVA -que hasta el momento se ha apoyado en los despachos Garrigues y Uría- acudirán a declarar ante el juez García-Castellón.

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